La provincia de Santa Fe explora la posibilidad de realizar escuchas directas en el marco de investigaciones judiciales de relevancia, y con la correspondiente autorización judicial. Este tipo de intervenciones “en tiempo real” se emplearían para casos “urgentes” y permitirían escuchar las conversaciones de las personas investigadas en el mismo momento en el que se producen. Para ello, se cuenta con el asesoramiento de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado, dependiente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El Ministerio de Seguridad de Santa Fe gestiona que autoricen escuchas directas
Días atrás, funcionarios de dicha repartición judicial se reunieron con funcionarios provinciales para avanzar en la firma de un convenio que permitiría en Santa Fe comenzar a utilizar las escuchas directas como herramienta. Asistieron el Jefe de la Policía provincial, Martín García; el fiscal regional de Santa Fe, Carlos Arietti; el secretario de Justicia, Gabriel Somaglia; el director del Servicio Penitenciario, Gabriel Leegstra; y el vice ministro de Seguridad, Marcos Romero, entre otros.
Cuándo y cómo
Según explicó Romero a El Litoral, una vez que se hayan suscripto los convenios respectivos, la intención de la provincia es instalar un box tanto en la ciudad de Santa Fe como en la de Rosario para poder proceder, con la correspondiente autorización, a las escuchas directas.
“Esto permitiría ganar muchísimo tiempo – manifestó-; le da mucha más efectividad tanto a la policía como a la Justicia y estaríamos sabiendo en tiempo real lo que puede llegar a suceder o el delito que se pueda estar planificando”.
Actualmente, el fiscal solicita una escucha, el juez autoriza la intervención del teléfono, se envía el soporte (CD) a Buenos Aires, se desgraba, se transcribe y recién allí llega el material a las manos del fiscal. “Se pierde mucho tiempo y esto trae complicaciones a la investigación”, dijo Romero. Según preció, el instrumento sería válido tanto para casos que se tramitan en la Justicia provincial como federal. En la actualidad, ya es una herramienta que se emplea a nivel nacional y que aplicaron algunas provincias, como Mendoza.
Emergencia
En otro orden, Romero respondió a una serie de planteos formulados por la oposición después de la última reunión de la Junta Provincial de Seguridad. Tras esa deliberación, el diputado Juan Cruz Cándido (UCR) había advertido que “estaba fuera de servicio el 911”. Se trata del servicio de emergencia a cuyo número se llama tanto para denunciar un delito como una situación sospechosa.
Consultado sobre el particular, Romero admitió que se registraron inconvenientes aunque aseguró que “ya fueron subsanados”. Explicó que la empresa Telefónica con la que el sistema venía operando se está retirando del país, por lo que fue necesario “migrar” todo el sistema a la empresa Motorola. “Firmamos un nuevo contrato con una inversión del orden de los 50 millones de dólares. Y entre la migración de datos de una empresa a la obra surgieron inconvenientes pero que eran previsibles y esperables”, sentenció. En la práctica, hubo demoras en la atención del teléfono o no quedó registrado el historial del movimiento del personal policial, que se genera a través del patrullero. “Se cumplieron todos los estándares de seguridad; tuvimos esos inconvenientes pero ningún problema grave y hoy la situación es de normalidad”, insistió.
Respecto del personal que se desempeña en el área, advirtió sobre la “estresante” tarea que realizan por la carga horaria que cumplen y de monitoreo permanente. En tal sentido, adelantó que aguardan con expectativa el egreso de 619 nuevos técnicos y especialistas para reforzar el sistema.
