El Senado de la Nación aprobó este jueves y convirtió en ley el proyecto que decreta la expropiación del predio donde funcionaba el local de espectáculos República Cromañón, ubicado en el barrio porteño de Once, donde a fines de 2004 se produjo un incendio que mató a casi doscientas personas.
La iniciativa recibió el respaldo de todas las bancadas ante la presencia de familiares de víctimas de la tragedia.
Apoyo de los familiares
Sobrevivientes y familiares de víctimas de la tragedia de Cromañón celebraron la sanción en el Senado. El objeto de la expropiación es destinarlo a un espacio para la memoria de las 194 personas que murieron en el incendio de ese local del barrio porteño de Balvanera la noche del 30 de diciembre de 2004, durante un recital de la banda Callejeros.
Organizaciones como la “Coordinadora Cromañón”, “El Camino es Cultural”, “Familiares de la Matanza”, “Movimiento Cromañón”, “Ni Olvido Ni Perdón”, “No Nos Cuenten Cromañón”, “Organización 30 de Diciembre”, “Que No Se Repita”, y “Sin Derechos No Hay Justicia”, entre otras colgaron banderas y pancartas con nombres y fotografías de los fallecidos en el incendio sobre las rejas del Congreso en la esquina de Hipólito Yirigoyen y Entre Ríos, en donde leyeron un documento conjunto.
El texto afirma: “el inmueble donde funcionó Cromañón está a nombre de una empresa off shore radicada en Uruguay llamada Nueva Zarelux, sin embargo, en los juicios penales la justicia determinó que su verdadero dueño es Rafael Levy; fue responsable, y por ello condenado a 4 años y medio de prisión, de varias de las decisiones que llevaron a Cromañón a sus condiciones de funcionamiento, por ejemplo, tapar los extractores de aire que originalmente se encontraban en el techo del lugar para la instalación de canchas de fútbol que puso en alquiler”.
En ese sentido las organizaciones recordaron que “hasta el año 2018 el inmueble se encontraba judicializado pero en octubre de ese año el Tribunal Oral en lo Criminal 24 devolvió la posesión del mismo a la empresa Nueva Zarelux a través de su representante legal. Dicha devolución no fue correctamente notificada a familiares y sobrevivientes impidiendo la posibilidad de retirar del lugar numerosas pertenencias, tanto de víctimas sobrevivientes como de las víctimas fatales”.
“Dentro de Cromañón quedaron diversos objetos como zapatillas, documentos, billeteras, banderas -hasta una bicicleta- de altísimo valor simbólico y afectivo que no sólo no fueron devueltos, sino que fueron desechados por empleados de Rafael Levy. En el interior de Cromañón había huellas de memoria, como las emblemáticas manos en las paredes que, entre otras reformas a su estructura, también fueron borradas en un acto de querer eliminar todo lo allí ocurrido”, añadieron.
“Este largo trayecto comenzó en la Legislatura Porteña, con la presentación durante dos períodos consecutivos, en 2019 y en 2021, de proyectos de expropiación y patrimonialización que lamentablemente en esa cámara no prosperaron”, subraya el documento.
Las organizaciones remarcaron que “la masacre de Cromañón puso de manifiesto que el incumplimiento de los deberes de la dirigencia política, la ineficiencia de los funcionarios públicos y la connivencia corrupta entre el empresariado y sectores del Estado, tanto del ámbito local como nacional, tiene consecuencias irreversibles. No podemos dejar de mencionar, en este sentido, a Aníbal Ibarra como máximo responsable político de la Masacre, quien fuera destituido como Jefe de Gobierno”.
El documento también recuerda que “el 31 de diciembre de 2004, el diario de mayor tirada del país, por primera vez en su historia, largaba tres ediciones impresas en un mismo día. La magnitud y el impacto de la masacre obligaba a la prensa a ir corrigiendo y actualizando la información; lo que eligieron no corregir fue la instalación de mitos como, por ejemplo, la existencia de una guardería en el baño de mujeres y la construcción de relatos violentos como “los padres y las madres no los cuidaron”, entre otras mentiras que sólo buscaron socavar la lucha de familiares y sobrevivientes”.
“Muchos y muchas sobrevivientes lograron salir de Cromañón, pero al no soportar las secuelas de la masacre llegaron a quitarse la vida; otros familiares fallecieron por enfermedades relacionadas con los efectos de la misma causa; mientras que muchos otros y otras conviven hoy con afecciones físicas y psíquicas severas, reclamando la atención que el Estado tiene la obligación de brindar”, enfatiza el texto.
Las organizaciones consideraron que “a partir de la aprobación de esta Ley confiamos en que el Poder Ejecutivo, en nombre del Estado Nacional, tendrá la celeridad y la responsabilidad necesaria para promulgarla y para reglamentarla con la participación de todas las organizaciones de familiares y sobrevivientes que formamos parte de este proceso y así continuar con la materialización del Espacio para la Memoria por la Masacre de Cromañón”.
“Esta es una oportunidad histórica para construir una política pública para la memoria y los derechos humanos de ayer y de hoy. Este logro se cristalizará como un hito de reparación simbólica que permita proyectar un futuro donde el presente continúe construyendo sentidos que, compartidos, dialoguen con quienes fuimos, quienes somos y quiénes queremos ser. Los pueblos que no conocen su historia están condenados a repetirla”, finalizaron las organizaciones.
