Nación prioriza el índice inflacionario y posterga pagos a generadoras de energía

Contra el rumbo que el propio gobierno nacional se había trazado en enero, mayo muestra que no se han cambiado los objetivos planteados en su política energética, pero sí que se han postergado. Y que el recurso de patear la pelota para adelante, tan común en las últimas décadas, pese a tantos discursos y debates respecto del cambio aún domina la agenda. Queda para más adelante el aumento de las tarifas a los usuarios residenciales de los de ingresos más bajos y de la sobreviviente clase media (que hoy tienen subsidios estatales de alcance similar a los pobres), otro tanto sucede con los pagos a las empresas generadoras con las que el Estado nacional tiene deudas crecientes que pretende cubrir con papeles en lugar de dólares y, sobre todo, para dar alguna señal clara a los inversores respecto de un asunto al que casi nadie presta atención y es clave: la explotación de las centrales hidroeléctricas del sur patagónico. Conviene repasar cada decisión asumida por el gobierno nacional, desde una óptica santafesina.

Las autoridades de la Secretaría de Energía de la Nación aceptaron en mayo lo que se decía desde abril, que se impondría el criterio del ministro de Economía, Luis Caputo, que posterga subas de tarifas para que le de mejor el índice inflacionario. Sólo porque los santafesinos (y el resto de los argentinos del interior del país) dependen de la misma generación de energía eléctrica que el AMBA llegan a estas latitudes los beneficios para los usuarios de los niveles residenciales N3 y N2. El objetivo es privar de esas ayudas estatales a la clase media, para mejorar disminuir el gasto que implica sostener los subsidios por megavatio/hora. Así, al menos por ahora, los kilovatios/hora que consumen santafesinos de clase media y baja que se hayan logrado inscribir en el RASE (Registro de Acceso a los Subsidios de la Energía) siguen pagando una muy pequeña porción del costo de la generación: entre el 4 y el 5%.

En más, hace cinco meses, durante los últimos días del gobierno de Alberto Fernández esos usuarios (que suman el 70% del consumo residencial) pagaban aproximadamente el 15 y el 18% del valor de la generación.

Es curioso: aunque los subsidios del Estado Nacional se redujeron ya en un 40%, la dolarización de las tarifas y la devaluación del peso han hecho al sistema eléctrico aún más dependiente de las ayudas del sector público.

En materia de gas sucede algo parecido. También el mapa de la bota está atado a la suerte del conjunto porque las concesiones nacionales cubren todo el territorio nacional: los gobiernos nacionales no tienen la chance de aumentarles tarifas solo al interior. Aun así, por reducción de subsidios hoy los usuarios del sistema de gas natural por redes pagan entre el 14 y el 20% de su valor mayorista.

En cuanto a las tarifas del transporte público de pasajeros, la ayuda de la Casa Rosada sí puede ser limitada al objetivo de calmar el índice inflacionario. Y es por esa razón que solo se subsidia a porteños y bonaerenses, cuyo peso relativo en la estadística se cuida con fondos públicos que no llegan a "las provincias".

Más, el presidente Milei aumentó un 39% esas partidas para colectivos y trenes en el Amba. Ya son más de $80 mil millones mensuales, es decir, el equivalente a la totalidad de los subsidios otorgados al transporte del interior del país durante todo el ejercicio 2023.

Nueva deuda

Mientras las tarifas siguen congeladas, el gobierno nacional le ha propuesto a las empresas generadoras de energía eléctrica pagarles los subsidios con papeles, títulos de deuda, que el sector aún no ha aceptado. Unas prórrogas unilaterales y las condiciones de una prestación cuasi monopólica que solo tiene como cliente a Cammesa le permiten a la cartera de Economía, otra vez, postergar.

El rojo es de 2.200 millones de dólares tan solo por el primer trimestre del año. La prensa especializada, en la que muchas veces se cuelan las posiciones de las compañías interesadas, hablan de un "default energético". Más allá de lo discutible del término, es indiscutible que el objetivo de tener un Estado al margen de los vaivenes del mercado energético, como pregona el secretario del área, Eduardo Rodríguez Chirillo. El funcionario dice que la Nación solo debería ocuparse de las regulaciones mínimas, sin aportar subsidios ni obligaciones a los subsectores, pero hoy sucede lo mismo que con el kirchnerismo y buena parte del macrismo. La deuda actual con generadoras es incluso mayor que la de Macri en 2018, cuando en vísperas electorales se aquietaron las tarifas y acumularon 1.500 millones de dólares de deuda.

Dos semestres de sendos gobiernos

¿En qué han cambiado las condiciones con que se gestionan las represas hidroeléctricas en el sur argentino con respecto al gobierno anterior? ¿Qué diferencias hay entre las decisiones que tomó el ex ministro de Economía y derrotado candidato presidencial Sergio Massa y las que hasta ahora ha tomado en esa materia el presidente Javier Milei? Las respuestas son: nada, ninguna, respectivamente.

En julio de 2023 se agotó el plazo de las concesiones de las hidroeléctricas del complejo El Chocón que, junto a Yaciretá y las centrales nucleares brindan la energía más económica. En aquel mes del año pasado el gobierno nacional saliente no tomó ninguna decisión que pudiera comprometer a la siguiente gestión, antes del proceso electoral.

Con las compañías privadas ya sin plazos de concesión, el Poder Ejecutivo Nacional apostó por prorrogar por decreto esa situación, bajo el control de la empresa estatal Enarsa. Esa compañía, antes con Alberto Fernández y ahora con el gobierno libertario, están bajo Energía Argentina Sociedad Anónima como "veedor" de las represas.

Hoy los contratos de Alicurá (AES), El Chocón (ENEL Generación) y Cerros Colorados (Orazul Energy) se han vuelto a prorrogar según lo que cotidianamente informa la prensa de la provincia de Río Negro, interesada en su propia gestión de esos recursos. O en al menos obtener alguna regalía por la presencia de esas obras en sus sistemas hídricos.

Con la decisión adoptada, entre julio y agosto de 2024 se cumplirá un año de indefiniciones o, de decisiones postergadas. Las represas del sur seguirán sin un norte claro. Serán en total 6 meses del gobierno de los Fernández terminado en diciembre y otros tantos de las actuales autoridades del libertario.

Otro dato es significativo: terminada la concesión de esos embalses y sus turbinas, la Nación tiene facultades legales para licitar nuevas operaciones. No necesita para ello otros instrumentos jurídicos que sus decretos, porque rigen leyes de los '90. Por eso, es interesante comprobar que la Nación no haya hecho nada con las represas del sur, solo postergar decisiones y prorrogar medidas adoptadas durante el gobierno anterior.