Mientras el gobierno nacional toma la decisión de aplicar o morigerar lo que tenía previsto para el mes de mayo en materia de quita de subsidios nacionales a la energía eléctrica, las empresas distribuidoras de las provincias esperan conocer por fin la resolución respectiva y, sobre todo, su “letra fina”.
EPE: unos 700 mil usuarios esperan que la Nación le ponga números al aumento
En este último grupo está la Empresa Provincial de la Energía, la mayor por su número de clientes y el volumen de megavatios operados del interior del país. Para Edenor y Edesur, las dos compañías privadas que operan en el Gran Buenos Aires y en la capital federal el panorama es claro: habrá aumentos que rondarán el 60% para quienes no hayan pedido subsidios, según lo ha dicho la propia secretaria de Energía de la Nación, Claudia Royón.
En la EPE está claro que cualquier próxima suba impactará entre sus clientes comerciales e industriales y que habrá que ver qué sucede finalmente con el llamado segmento N1, de mayores ingresos entre los usuarios residenciales.
Cada vez que los periodistas consultaron en la última semana a autoridades o voceros de la empresa santafesina cuál será el impacto de la decisión nacional a partir del primero de mayo, la respuesta tuvo dos verdades contundentes: que sin cuadros tarifarios nacionales del valor del kW/h para cada categoría de usuario es imposible saberlo y que los clientes que, porque no se anotaron o porque no cumplen los requisitos económicos para recibir un subsidio nacional representan el 33% de la demanda residencial, es decir, de los usuarios que pagan por el uso doméstico de la energía, no para ejercer el comercio o la industria. Pero estos últimos ya están alcanzados por la quita de subsidios y también serán parte de las próximas actualizaciones tarifarias que desde hace años pospone el país. Que ahora parecen impostergables, aunque coincidan con el año electoral. Sino totalmente, se aplicarán parcialmente.
Así, sumado el tercio de usuarios residenciales que porque eligió no pedir ayuda al Estado o no contó con las condiciones para hacerlo y figura como N1 en el Registro de Acceso a los Subsidios de la Energía (Rase) a los clientes industriales y comerciales que sienten ya con más rigor los aumentos nacionales, hay unos 700 mil clientes de la EPE pendientes de las decisiones que tome la Casa Rosada, que la EPE deberá trasladar a tarifas. Ya se sabrá con qué impactos finales, pero un dato es clave: según la última audiencia pública en la que se discutió un aumento de las tarifas del sector eléctrico en la provincia es cada vez mayor el peso del costo de la energía mayorista en las boletas que llegan a cada domicilio, tal como ya sucedía con los negocios, los comercios y las fábricas a las que primero se les fueron retirando las ayudas estatales nacionales.
Este primero de mayo sucederá lo que el ex ministro de Economía Martín Guzmán intentó durante su gestión llevar a cabo, y no logró por la oposición interna en el oficialismo. Dejar solo con subsidios a las familias que los necesitan y excluir de esas políticas a los demás sectores económicos. Finalmente será el ministro de Economía Sergio Massa -que contó con el respaldo de la vicepresidenta Cristina Kirchner en su último discurso- quien lleve a cabo ese programa, que paradójicamente se puso en marcha con Guzmán cuando ya había salido del gabinete del presidente Alberto Fernández.
Una de las claves para reducir el déficit fiscal es desde hace años reducir el volumen de subsidios a quienes pueden pagar los verdaderos costos de la energía eléctrica y el gas natural por redes. Pero hoy ese sinceramiento sucede justo cuando a nivel internacional los precios de los combustibles y la energía alcanza enromes alzas producto de la invasión rusa a Ucrania.
Para entender mejor
1) El programa nacional de segmentación tarifaria, que dividió en tres categorías a los hogares (los usuarios residenciales), tendrá en mayo una nueva quita de subsidios que impactará en sus tarifas finales.
2) Así lo dice el decreto nacional vigente que se dicto en junio de 2003, con Martín Guzmán aún en el Ministerio de Economía pero que se aplicó recién en octubre.
3) En Santa Fe hay 1.300 mil usuarios de todas las categorías. Y de ellos son hogares (usuarios residenciales) aproximadamente un millón de clientes. Un 33% de ese millón no se anotó en el Rase (Registro de Acceso a los Subsidios de Energía Eléctrica) o por su bienestar económico corresponde a la categoría N1 (altos ingresos).
4) Los hogares más pobres que son clientes regulares de la EPE están en la categoría N2 y el sector medio en la categoría N3. Ambos debieron inscribirse en el Rase o perderán sus ayudas nacionales (en el nivel de la generación de la energía).
5) Quien se inscribe en el Rase pierde la posibilidad de comprar por mes con sus ingresos declarados hasta 200 dólares por las normas bancarias excepcionales propias del Cepo (ya vigentes desde la segunda mitad del gobierno nacional anterior). Esa prohibición se informó luego de la primera tanda de inscripciones. No hubo luego deserciones pero sí pocas nuevas inscripciones.
6) Desde antes de la Segmentación, la Secretaría de Energía de la Nación deja progresivamente fuera de esas ayudas estatales al consumo de energía a otros dos sectores no residenciales: comercios e industrias. En Santa Fe sufrirán (como los N1) cualquier actualización tarifaria para el resto del año en el valor del megavatio en el mercado eléctrico mayorista en generación.
7) En la Provincia de Santa Fe, la EPE sirve aproximadamente al 90% del total de los usuarios de la energía eléctrica, El restante 10 corresponde a cooperativas de servicios que tienen realidades muy distintas pero un factor en común: jamás podrán absorber ni siquiera parte de las subas en la generación, porque su situación financiera es bastante más endeble que la de la compañía estatal de la provincia que puede sustentar parte de sus gastos -de ser necesario- con ayuda del tesoro provincial. Así, en rigor, al número provisorio, que hasta aquí no ha dado oficialmente la compañía eléctrica, de unos 700 mil usuarios pendientes de lo que decida la Nación habrá que sumar la proporción de las cooperativas.
8) El aumento de la EPE con que cubre los costos de mantener en funcionamiento la empresa se definieron, tras una audiencia pública, en febrero de este año. Allí se informó que figuraban en el RASE 419.268 usuarios residenciales en el Rase como N1 (altos ingresos); 638.354 , en el N2 (ingresos bajos y muy bajos); y 200.309 como N3 (ingresos medios). Hasta el 1ro de mayo los usuarios residenciales N1 contaron con un subsidio que cubre el 29% del costo real del kW/h.
9) La Casa Gris dispuso una suba promedio del 34% sobre todos los clientes. Pero el impacto en los consumos residenciales de los sectores medios (con subsidios nacionales del Nivel 3) será de entre el 47 y el 57% según los cálculos de la empresa. Además, se renueva la “cláusula gatillo” para las tarifas, ya usada en 2022. Si la inflación se dispara (y todo indica que así será) se agregará hasta otro 20%.