Erbetta: “En Santa Fe es una obligación moral abordar una reforma de la policía”

(Por Gabriel Rossini) – El presidente de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe, Daniel Erbetta, señaló la necesidad de que en la provincia de Santa Fe se lleve adelante una reforma policial que reemplace la estructura “arcaica y fuera de tiempo” que tiene, dijo que el problema de la violencia en Rosario tiene por lo menos 10 años y consideró necesario encarar la inseguridad de manera más integral, ya que antes de la intervención de las fuerzas de seguridad y de la Justicia están las políticas que los estados tienen que impulsar en los barrios para no perder el control territorial.

– ¿La seguridad es el principal problema que tiene hoy la provincia?

– Tenemos una provincia con muchas potencialidades, con los números estabilizados, obviamente con los problemas que afectan a los sectores más desprotegidos de la sociedad. Pero si tuviera que definir un denominador común, la seguridad es un problema que por lo menos en la agenda de la gente aparece de manera prioritaria, sobre todo en el lugar de mayor concentración, que es la ciudad de Rosario.

– Es claro que este no es un problema nuevo. En primer lugar, al tema de la seguridad hay que distribuirlo territorialmente porque la provincia es muy extensa y no es igual en Reconquista, Venado Tuerto, Rafaela, Santa Fe o Rosario. Si tomamos el caso de Rosario, que concentra el 62 % de la conflictividad penal de toda la provincia, hay un diagnóstico. Hace más de diez años que arrastra este problema. En 2013 tuvimos una tasa de homicidios dolosos que fue la más alta del país por mucho, muy parecida a la de 2022, donde batimos nuestro propio récord. Tiene que ver con distintas situaciones, con una policía que comenzó a autonomizarse y que hoy está atomizada, por eso es importante que la nueva conducción del Ministerio de Seguridad pueda alinear esta situación; con la aparición de un mercado minorista vinculado al comercio de drogas que fue creciendo exponencialmente, vinculado a una demanda muy rígida. Lo cual genera un volumen de dinero que empezó a ser disputado por distintas organizaciones; un fenómeno de migración muy grande, con barrios en la periferia poco protegidos que se desmadraron. En alguna medida, algunos sectores de la policía terminaron gerenciando una parte de este negocio con un sector de la delincuencia. Esto no es una especulación, son los sectores de la policía que están procesados o condenados en causas judiciales por trabajar para distintas organizaciones. Esto hizo que, en alguna medida, estos mercados ilegales se desregularan y que la policía haya perdido el control de la calle.

-Muchas veces a Rosario se la compara con otras ciudades donde el narcotráfico tiene una decisiva participación, como varias de México o Colombia. ¿Estamos cerca o lejos de ellas? ¿Es comparable la situación?

-Bajo ningún punto de vista es comparable. El fenómeno de México o Colombia es distinto. Nosotros no tenemos carteles. Rosario tiene un problema de narcomenudeo y de tránsito de la droga, pero no se vaya a creer que es un problema distinto al que ocurre en otras partes del país. ¿Alguien piensa que en Córdoba no hay drogas? ¿Qué la sociedad cordobesa no consume y no hay un mercado ilegal en torno a la droga? Sin embargo en Córdoba tienen 2,4 homicidios por cada 100 mil habitantes y Rosario 22. Evidentemente lo que ocurre es que en Córdoba hay una regulación de este mercado ilegal y en Rosario no. El puerto de Hamburgo en Alemania es la principal puerta de acceso de la droga a Europa. ¿Piensa que la policía alemana no lo sabe? Lo sabe y lo regula. Cuando tiene una demanda rígida y en alguna medida detrás del delito hay una ley del mercado, no lo va a controlar con una ley penal, porque siempre va a aparecer alguien que la provea. Acá hay un gran desafío y tenemos un problema que resolver en el nivel de la agencia policial y de la carcelaria.

-Señaló al narcomenudeo como la principal causa de la violencia en Rosario. Como ya existe en otras provincias, en algún momento se propuso trasladar las causas de narcomenudeo a la Justicia provincial. ¿Esta de acuerdo con esa idea?

-No estoy de acuerdo y de hecho en las provincias que se implementó no hubo ningún resultado positivo. Lo que ocurre es que, en alguna medida, Rosario y Santa Fe tienen un problema muy grave, que es que casi no tienen Justicia federal. Fíjese que la mayoría de las organizaciones que manejan este negocio ilegal fueron perseguidas por la Justicia provincial con el pretexto de delitos que son graves y corresponde castigarlos, como extorsiones, amenazas, tenencia de armas, homicidios, etc. Pero la capacidad de rendimiento de la Justicia federal es muy pobre. Por ejemplo, Rosario tiene una estructura de la Justicia federal que es absurda. Es una pirámide invertida. Usted tiene en la cúspide tres tribunales de juicio oral, esto es nueve jueces para llevar adelante un juicio, y en la base solo tres fiscales para investigar. De los cuales dos son a medio tiempo, porque además están subrogando en las ciudades de Venado Tuerto, Victoria y San Nicolás; más dos jueces federales que delegan la investigación en los fiscales. Me parece que este es un tema pendiente sobre todo de la política nacional, del Congreso Nacional, del Consejo de la Magistratura, de la Procuración de la Corte que tiene a su cargo el concurso de los fiscales. Rosario tiene el cargo de fiscal general vacante desde hace cuatro años.

-Hubo expresiones de compromiso para solucionar esta situación, la Corte nacional y los jueces federales fueron el año pasado a Rosario. Pero no no se avanzó.

-Fue un hecho simbólico y del que tuve una posición crítica, porque trasladar tantos jueces federales uno o dos días hábiles a la ciudad de Rosario…. Imagínese si nosotros decidimos ir a darle el apoyo al Poder Judicial de otra provincia y nos vamos con todos los jueces de Santa Fe dos días. ¿En que se tradujo esta inversión de tiempo? Hubo una convocatoria con motivo de esta reunión, las fuerzas políticas se pusieron de acuerdo y elevaron un proyecto de ley para fortalecer a la Justicia federal, pero que no se trata porque el Congreso nacional no funciona. De modo que me parece que hace falta un poco más de compromiso, se debe tener en cuenta que Rosario pertenece a Argentina y es una ciudad muy importante como para dejarla sola.

Reformas necesarias

-Se refirió a dos problemas que tiene la provincia para enfrentar los problemas de inseguridad, que son la Policía y el Servicio Penitenciario. ¿Son necesarias reformas profundas o con lo que hay se puede? ¿Con las leyes que hay se puede enfrentar?

– La cuestión de la seguridad es un tema bastante complejo, que no solo se agota en la etapa más inmediata. Que es la que tiene que ver con los tres actores de política criminal: la policía, los fiscales que son los encargados de la persecución e investigación y el Servicio Penitenciario carcelario. Obviamente que antes de esto hay la necesidad de un conjunto de políticas públicas que comprometen al Estado nacional, provincial y municipal, desde primarias como la generación de empleos, la presencia en los barrios, urbanización, iluminación, generación de actividades recreativas, en fin, de tratar de que el Estado no pierda el control territorial. Respecto a los tres actores de política criminal, tenemos problemas serios en la Policía y el Servicio Penitenciario porque en el sector judicial, y no va en esto una defensa corporativa, los datos duros muestran que la tasa de encierro en la provincia de Santa Fe y en particular en Rosario, más que se duplicó en menos de diez años. Es decir que la actividad de los fiscales y los jueces ha sido superlativa. Esto ha generado un problema adicional de sobrepoblación carcelaria, porque este aumento no vino de la mano de un aumento del personal penitenciario, y esto plantea un problema de gobierno de las cárceles. Que hay que tomar medidas en el sector penitenciario carcelario no hay ninguna duda. Nosotros tenemos probado en distintos procesos judiciales que muchas de las balaceras, extorsiones y homicidios de Rosario fueron dispuestos de las penitenciarias de la provincia y en las federales, donde parece ser que el sistema penitenciario federal no quiere hacerse cargo o no entiende. Los privados de la libertad tienen derechos, pero todo derecho está sujeto a una regulación. No se puede dejar de hacer inteligencia para prevenir hechos delictivos en la penitenciaría, no se pueden dejar de tomar medidas que apunten a limitar que desde la penitenciaría se puedan generar hechos delictivos de manera reiterada, como se ha probado ocurren en la ciudad de Rosario.

– ¿Y la policía?

– No hay ninguna duda. Pero las leyes de reforma policial no fueron tratadas por la Legislatura, las de seguridad tampoco. Hace un tiempo el ingeniero Giustiniani presentó nuevos proyectos para la discusión, porque no hay ninguna duda de que Santa Fe no necesita con urgencia una reforma policial ahora: la necesitaba hace diez años. Hoy es una obligación moral asumir y abordar cómo reformar la policía, porque tenemos una estructura arcaica y fuera de tiempo, pero también hay que pensar en la formación, la capacitación, en las condiciones dignas de trabajo. Policías que no solo estén bien equipados y con tecnología, sino que también tengan buenos salarios. Y fundamentalmente en un cambio radical de la estructura.

-¿La Justicia tiene los instrumentos, los hombres, las capacidades técnicas y los recursos para hacer frente al delito?

-No tiene lo suficiente, pero se avanzó mucho. En paralelo de la reforma del sistema de investigación y enjuiciamiento se tomó conciencia, y hubo un avance en este sentido, de la necesidad de empezar a contar con equipamiento tecnológico. Pero a veces no es el suficiente para enfrentar el volumen de delitos que suceden, como por ejemplo pasa con la Unidad de Delitos Complejos y la de Homicidios Dolosos de Rosario. Hay problemas que tienen que ver con la investigación criminal y que se vinculan con la capacitación del personal y a veces con la falta de insumos y tecnologías. Otras veces pasa a la inversa, tenemos tecnología pero no el personal. Se han adquirido equipos para destripar celulares con una tecnología que no tiene nadie en el país y no tenemos quien los pueda operar. A tratar de resolver muchos de estos problemas tiene que apuntar tanto la convocatoria que hicimos la semana pasada en Rosario con las distintas agencias que intervienen en la investigación criminal, como la que en el seno de la Junta de Seguridad Provincial el gobernador convocó esta semana.

-Hay otra parte de esta situación compleja que es el económico, el vinculado con el lavado de dinero proveniente de los delitos y la economía informal que se genera a su alrededor. ¿Considera que la instalación de una sede de la UIF en Rosario va a ayudar a combatir estos delitos?

-Rosario tienen una economía informal de arriba del 65 por ciento y esto favorece la canalización y el lavado del dinero que proviene del delito. Este es uno de los grandes temas. El problema de Rosario no se reduce a Los Monos o a Lindor Alvarado y los homicidios. Hay una arista, que incluso sube en los escalones sociales, porque el dinero que provienen de estos delitos no se lava en los barrios periféricos ni en la cárcel. Acá me parece que hay una deuda pendiente de la política y del Ministerio Público Fiscal. Por eso la importancia de los concursos de fiscales, ya que a quien le toque ejercer el cargo de fiscal general, y fundamentalmente el de fiscal general de Rosario, tiene que tener muy en claro esta problemática para poder diseñar una política estratégica que apunte a golpear donde más duele. Que es el eslabón de arriba, porque si corta ese eslabón de la cadena, el problema tiende a reducirse. Este es un tema significativo, es un problema que tiene Rosario y que termina favoreciendo y siendo funcional a la consolidación de estos mercados ilegales.