(Por Luis Rodrigo) – La ministra de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat de Santa Fe, Silvina Frana, confirmó a la Empresa Provincial de la Energía su propuesta de actualización tarifaria a partir del 1 de marzo de 2023. Lo hizo tras la celebración de una audiencia pública donde fue debatido el tema y aunque le dio luz verde de manera integral al pedido -tal como hizo en 2022- le puso condiciones a cumplir durante el año. Las más destacadas refieren a la baja de las llamadas “pérdidas no técnicas”, es decir, al hurto de la energía entre clientes regulares y al uso de ese servicio en los barrios más pobres. Básicamente, exige como mínimo 10% más de inspecciones donde se puede pagar el servicio y más acciones para extender la regularización del servicio con tarifas sociales.
Es oficial: la EPE aumenta sus tarifas desde este miércoles
Sin embargo, la propia empresa estatal en la presentación pública de su pedido estimó que, para los hogares con ingresos medios, según la segmentación para los subsidios nacionales a la energía mayorista, registrados como Nivel 3, tendrá aumentos del 47 al 57%. De todos modos, en aquellos hogares que no superen los 400 kW-h bimestrales sus tarifas serán un 20% más bajas que para el Nivel 1, de mayor poder adquisitivo que no recibe subsidios nacionales.
En tanto, para la aplicación de la suba de la EPE en el nivel 2, el de los ingresos más bajos según la segmentación hecha a nivel nacional, que en parte coincide con las tarifas sociales y los descuentos a jubilados en el servicio eléctrico de la provincia, se imponen desde la Casa Gris más medidas que tiendan suavizar el tarifazo. Deja la aplicación de las subas para luego de 60 días de concluidas las “etapas” de aumentos previstos a nivel nacional en el valor del kW-h en generación y transporte. La suba de la EPE impacta solo sobre el Valor Agregado de Distribución, el VAD que históricamente es un tercio de la tarifa y debe poder cubrir los costos de la distribución y las inversiones para su ampliación.
Incremento o déficit
De acuerdo con lo informado por la EPE, de no actualizar sus tarifas, necesitaría un aporte de $37.279 millones del Estado provincial “sin considerar la paritaria 2023 que se encuentra en su fase inicial de discusión”, para cubrir los incrementos de los insumos eléctricos que en muchos casos están atados al valor del dólar y de la mano de obra.
Para evitar ese desequilibrio (o que lo deba cubrir el sector público o un nuevo endeudamiento con Cammesa) se lleva a cabo el aumento.
Hasta aquí, 300%
La resolución del ministerio reproduce parte de la información de base con la que la distribuidora sostuvo su pedido de aumento. Allí se muestra en un cuadro que, para marzo de 2023, respecto de diciembre de 2019 (cuando comenzó la gestión), la tarifa residencial promedio habrá aumentado un 300% frente al 378% que registra el IPEC en la paritaria proyectada para los empleados públicos provinciales. Cabe acotar que además de tratarse de una comparación parcial (la evolución de los salarios en general no ha sido la del sector público), el cálculo no incluye el eventual 20% extra de aumento en las tarifas que podrá aprobarse si la inflación se dispara en 2023. El mismo gráfico indica que el aumento de la tarifa industrial y comercial en promedio, durante el gobierno de Omar Perotti, es de 358%.
Medidas para bajar las “pérdidas no técnicas”
El Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat impuso entre las condiciones a la EPE para aplicar sus aumentos mejorar los índices de las llamadas “pérdidas no técnicas”, un eufemismo que habla del robo de energía en barrios que no pueden o tienen enormes dificultades para pagar las tarifas regulares y en otros que sí podrían hacerlo.
La Casa Gris reconoce lo hecho por la EPE en 2022, donde se avanzó en la baja de un punto en ese campo sensible tanto para los que no cumplen con el pago del servicio, como para los que abonan sus boletas sin cometer fraudes eléctricos.
La ministra Silvina Frana le ordena al directorio de la distribuidora encabezado por Mauricio Caussi “continuar con las acciones del Plan de Gestión Comercial tendientes a sostener la reducción de las pérdidas no técnicas para el año 2023 previendo incrementar las inspecciones de fraude en un 10% y la energía de pérdidas en un 15% respecto de lo realizado en 2022, y en los índices de cobranza en valores superiores al 91%, incorporando para ello mecanismos para la gestión y reclamación en todos los distritos judiciales de la provincia”.
El párrafo incluye varias metas. Mantener el ritmo de baja en el total de kilovatios que la EPE compra y no factura, que en 2022 fue de 1%. Incrementar fuertemente el control y la persecución judicial de los morosos.
Convocatoria al sector industrial
La resolución que autoriza a aumentar las tarifas dispone “convocar a la Secretaría de Empresas y Servicios Públicos a participar de la mesa de Energía conformada por la EPE, y FISFE a fin de estudiar y proponer nuevos esquemas para contratación de potencia, a partir de los avances obtenidos en el Proyecto de Telemedición de Grandes Usuarios”.
El párrafo es una respuesta concreta a las duras críticas que desde ese sector se formularon a la gestión de la EPE en materia tarifaria, con comparaciones entre las tarifas santafesinas y de otras distribuidoras.
