Escauriza: “Es la primera vez que en Santa Fe se puede terminar una causa tan compleja”

Días atrás se conoció la decisión del juez Benjamín Révori, quien confirmó la sentencia convenida en procedimiento abreviado para el abogado Antonio Di Benedetto y otras 13 personas sindicadas como integrantes de una asociación ilícita que realizaba operaciones defraudatorias con propiedades rurales y urbanas. En el caso del citado profesional, sindicado como jefe, la pena asciende a seis años y seis meses de prisión, además de la inhabilitación por cinco años para ejercer su profesión y el pago de unos cinco millones de pesos, mientras que el resto de las condenas van entre los tres y cinco años de prisión efectiva.

Uno de los encargados de llevar adelante las primeras investigaciones y presentaciones judiciales en 2017 fue el entonces secretario de Gestión Pública del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Matías Figueroa Escauriza, quien mostró conformidad por los resultados, asegurando que “es la primera vez que en Santa Fe se puede terminar una causa tan compleja, sobre un delito tan específico, que no podría resolverse sin el apoyo de las oficinas públicas de los gobiernos provinciales y municipales”, expresó.

Para el ex funcionario provincial, “lo principal es que se logró completar este complejo proceso con condenas para 14 de los 15 imputados que han participado del proceso penal; y además se pudo desbaratar esta banda en la que había desde líderes de la organización hasta prestanombres”.

“La verdad es que los vecinos del departamento General López estaban indefensos ante esta situación que empezó a salir a la luz por sucesiones en marcha, donde de pronto se enteraban de que los bienes que eran de sus padres habían sido transferidos. Con esta investigación logramos que se dejen de hacer estas cosas, dándole así seguridad a las familias Venado Tuerto y toda la región del sur de la provincia”, enfatizó el secretario de Gestión Pública durante el gobierno de Miguel Lifschitz.

Los inicios

El área que comandaba Matías Figueroa Escauriza presentó la primera denuncia en agosto de 2017 y la última en enero de 2019. “En total eran ocho denuncias que representaban casi 40 inmuebles entre campos, lotes y propiedades. Esto fue lo que pudimos constatar con la unidad especial que creamos dentro del Registro de la Propiedad. Sin embargo, como esta era una banda que venía operando desde hacía muchos años, pueden aparecer situaciones que se hayan cometido 10 años atrás”, afirmó.

Asimismo advirtió que pueden aparecer más casos porque “han sido muchísimas las estafas inmobiliarias que han cometido, es impresionante la cantidad de lotes en los que se han visto involucrados tratando de estafar a sus propietarios. Por eso, no nos sorprendería que aparezcan nuevas situaciones”, indicó el ex funcionario provincial, añadiendo que en caso de presentarse nuevas denuncias se deberá abrir otra causa, porque las mismas no estarán incluidas dentro del juicio abreviado que ya se firmó.

Las propiedades

Según explicó el ex funcionario, los inmuebles involucrados en esta causa volverían a sus propietarios registrales, dejando atrás todas las escrituras que fueron alteradas. “Estamos hablando, según el cálculo de 2018, de más de mil millones de pesos”, exclamó. Y disparó: “Estamos hablando, sólo de las denuncias nuestras, de más

de mil hectáreas de campo de la zona sur de la provincia de Santa Fe y 32 lotes en diferentes localidades”.

Rosario también

Otra causa, también denominada “megaestafa inmobiliaria”, se registró en Rosario, que si bien en comparación con la de Venado Tuerto acumulaba muchas menos propiedades, el modus operandi era muy similar. “Hace un par de semanas se comunicó que se iniciaba el juicio porque no se llegó a un acuerdo”, señaló Figueroa Escauriza, precisando que también aquí aparecen operaciones con la misma modalidad de “transferir campos con firmas falsificadas de propietarios que habían muerto, aunque con el agravante de haber sacado a la fuerza a las personas que lo estaban ocupando”, cerró.