Está en el Senado santafesino el Código Procesal Penal Juvenil
Luis Rodrigo
El Litoral
El Poder Ejecutivo remitió a la Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe el mensaje que contiene el proyecto de ley de Código Procesal Penal Juvenil, tal como había anunciado en su discurso del 1ro de mayo el gobernador Omar Perotti, al dejar inaugurado el actual período ordinario de sesiones.
La iniciativa tiene desde este 19 de mayo estado parlamentario y forma parte de los expedientes que fueron remitidos a la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General de la Cámara alta.
Santa Fe no tiene ese código porque diputados y senadores no han logrado acordar un texto que contemple sus puntos de vista, en algunos casos, diametralmente opuestos. Así, hubo siempre avances parciales de alguna de las dos cámaras que indefectiblemente tropezaron con la negativa del otro cuerpo. En unos casos con una visión más volcada a la protección de las garantías de los menores; en otros, con una preocupación mayor por la persecución penal de los menores que delinquen para combatir la inseguridad.
Las diferencias de visión que hasta aquí mostraron sendas mayoría de ambos cuerpos se resume hasta en el desacuerdo para con el título de la norma: el Senado coincide con el Ejecutivo en que se debe sancionar un Código Procesal Penal Juvenil, mientras que en Diputados se ha procurado hasta aquí que sea un Código Procesal Penal de Niños, Niñas y Adolescentes. La realidad, es que mientras tanto no existe en Santa Fe el proceso penal oral para los menores de 18 años, se llamen como se llamen.
La precariedad normativa es admitida por todos: el Ejecutivo que mostró su preocupación para que se salde esta deuda desde la Legislatura, los diputados y senadores que se han ocupado de llevar adelante los debates y también los colegios profesionales y de magistrados que tantas veces lo han señalado. Lo que se necesita es que el sistema penal juvenil se ponga en línea con el sistema acusatorio vigente para los mayores de edad, que establezca la separación de las actividades de investigación y de juzgamiento. Según el proyecto, las primeras las llevarán adelante fiscales y eventualmente la querella, con otras atribuciones que las del proceso penal adulto. El juicio estará a cargo de una jurisdicción especializada, un tribunal de juicio de responsabilidad penal juvenil, otro para determinar si se aplica pena o no, y el tercero de ejecución.
Ocho años atrás
La modernización del proceso penal en Santa Fe tuvo dos momentos más que relevantes: en 2009 se aprobó el nuevo Código y su vigencia plena comenzó el 10 de febrero de 2014. Menos de tres meses después, el 1ro de mayo de aquel año, todavía bajo el marcado optimismo que generaba el cambio en el fuero penal santafesino, el entonces gobernador Antonio Bonfatti exponía a los legisladores los primeros resultados y ya advertía: “nuestro próximo objetivo debe ser el establecimiento de un Código Procesal Penal Juvenil” y explicaba que “el nuevo Código de mayores no sólo regula las garantías del imputado de una manera más eficaz que el anterior, sino también que el sistema de menores existente”, que desde entonces en nada ha cambiado.
Aquel gobernador del Frente Progresista, como el siguiente, y como las dos Legislaturas que desarrollaron su labor durante sendos mandatos, intentaron sin éxito llegar a un acuerdo. Ahora lo vuelve a probar suerte Omar Perotti con otra composición en las Cámaras.
La espera de las víctimas
Además, entre los asuntos entrados, está ahora en las comisiones del Senado la iniciativa que fija al 3 de mayo de cada año como el “Día Provincial del Familiar y la Víctima de Inseguridad”, en conmemoración del homicidio en ocasión de robo de Marianela Brondino, que logró la media sanción de la otra Cámara y fue presentado por el diputado justicialista Oscar Martínez.
A propósito del dolor que deja cada hecho delictivo contra la vida, los senadores tienen en sus manos una nota de la Asociación Civil de Familiares de Víctimas de la Inseguridad en Búsqueda de Justicia que solicitan conocer los avances sobre la Ley de Víctimas.
El texto dice que el 12 de mayo “nos reunimos familiares inocentes de la inseguridad de Santa Fe de Rosario con el diputado Oscar Martínez para conocer los avances sobre la Ley de Victimas, y allí supimos fehacientemente que aún el proyecto se encuentra en el Senado, para seguir haciéndole modificaciones”.
“Teniendo en cuenta la imperiosa necesidad que tenemos algunos familiares de contar con tan importante herramienta, que nos facilite el difícil camino que nos toca transitar, por la ineficiencia del Estado para cuidar las vidas de nuestros familiares, me dirijo a usted, en representación de todos los familiares para rogarle tenga a bien informarme cuándo-aproximadamente saldría de Senadores el citado anteproyecto”, dice la nota que llegó este jueves 19 a cada integrante de la Cámara al ponerla a consideración el presidente del bloque UCR, Lisandro Enrico.
Crisis del transporte en San Lorenzo
Sobre tablas y por unanimidad, el Senado aprobó un proyecto de comunicación del senador por San Lorenzo, Armando Traferri (PJ-Nes), que reclama la intervención “urgente” del Poder Ejecutivo Provincial ante la crisis del transporte en ese departamento provocada por “la decisión unilateral” de la empresa Serodino SRL de suspender servicios a las localidades de Ricardone, del barrio San Sebastián en Puerto San Martín y de Aldao. El jefe del bloque Juan Domingo Perón subrayó que prestar el servicio no es opcional sino “de cumplimiento obligatorio” y subrayó “es inadmisible que se deje de un día para el otro sin el servicio de transporte a la ciudadanía”.
Una ley simplifica trámites del Iapos
Por unanimidad y sobre tablas, el Senado aprobó un proyecto de Ley de Miguel Rabbia (PJ-Lealtad-Rosario) cuyo propósito es resolverles problemas a los afiliados del Iapos que se atienden en los hospitales u otros efectores del sistema público de salud.
En pocas palabras, la norma que recibió media sanción y pasó a Diputados, crea un número de prestador para el Iapos para cada institución hospitalaria o Samco provincial. La intención es que los pacientes afiliados al Instituto Autárquico Provincial de Obra Social dejen de perder los descuentos en medicamentos o en otras prestaciones o que deban iniciar extensos trámites para su recupero.
Según la iniciativa que contó con el apoyo de todos los senadores, en cada prestador público (Samco u Hospital) sus médicos utilizarán un único número de prestador institucional para ordenar la prescripción de tratamientos médicos complementarios y de medicación a sus pacientes. Y a partir de ese acto ya no será un problema para los afiliados acceder a prestaciones del Iapos en materia de descuentos en farmacias, o tratamientos complementarios.
El legislador explicó desde su banca que “en los SAMCO y los centro de salud comunales existen numerosos profesionales que no se encuentran inscriptos como prestadores del IAPOS no pudiendo prescribir tratamientos médicos complementarios y medicación a sus pacientes afiliados a esta obra social”. “Esta situación se ve agravada debido a que en muchos de los territorios del interior son los efectores públicos la única opción para la atención de los ciudadanos de las localidades, siendo incluso muy frecuente la rotación del recurso humano médico que presta servicios”, agregó.
Rabbia indicó que “sería un cambio notable para la comunidad”. “Se presentan casos en el que el paciente sale con la orden, no la puede autorizar y luego tiene que ir a un médico que sí sea prestador de IAPOS. Así perdemos la atención oportuna y generamos un daño para el paciente, con un costo extra”, sostuvo.
“Que los médicos tratantes no estén inscriptos como prestadores de IAPOS ocasiona que, al prescribir tratamientos médicos complementarios y/o medicación a sus pacientes, la obra social de los trabajadores del Estado no los autorice, quedando trunca la integralidad de la atención médica y haciendo caer los preceptos de accesibilidad y oportunidad en la prestación del servicio de salud”. “Esto suele acarrear un retraso en los diagnósticos y en las prácticas terapéuticas, lo que en más de una ocasión genera un sufrimiento a nuestros ciudadanos y un mayor costo económico al ser necesaria una segunda consulta con un profesional inscripto dentro de IAPOS el cual, generalmente, se encuentra fuera del lugar de residencia del paciente y de su familia”, dijo.
