Este miércoles se conocerá el fallo por la Megaestafa inmobiliaria
El próximo miércoles 12 se conocerá la sentencia en el marco del juicio oral y público denominado Megaestafa inmobiliaria. El fiscal Matías Merlo solicitó 16 años de prisión para Antonio Di Benedetto, al considerarlo Jefe de una Asociación Ilícita. En tanto, para el gestor Raúl Jaime pidió una pena de 12 años, mientras que 6 años para Marcelo J. Sava. Todos acusados de apropiarse ilegalmente de decenas de terrenos en Venado Tuerto y un gran campo en la localidad de San Eduardo.
El juicio comenzó el martes 10 de mayo y el tribunal pluripersonal está integrado por los jueces Leandro Martín, Eduardo Bianchini y Aldo Baravalle.
Luego de que pasen decenas de testigos por los tribunales, a comienzos de septiembre se llevó adelante el alegato final del fiscal Matías Merlo, quien aportó “un sinnúmero de pruebas para demostrar cómo funcionaba el mecanismo” dedicado a apropiarse ilegalmente de bienes inmuebles.
En tanto, luego fueron los alegatos de los abogados defensores. Y posteriormente el tribunal contó con un plazo de tres semanas para generar un fallo al respecto.
Merlo detalló que Antonio Di Benedetto es acusado “como Jefe y Organizador de una Asociación Ilícita. Tiene además 21 hechos de estafa y falsificación de documentos públicos. Después vendrá otra etapa con 30 carpetas judiciales de investigaciones en su contra. Y pedimos una pena de 16 años de prisión”.
Evidencias para acusar
El fiscal considera que las principales pruebas son “testimoniales, escrituras que se contraponen con partidas de fallecimiento, informes de personal policial que hizo las investigaciones, donde denunciaban el boleto de compraventa para hacer el juicio de escrituración. A la lista se suman funcionarios públicos que hicieron las denuncias pertinentes, sentencias judiciales ya en juicios civiles y escuchas telefónicas. Es un abanico grande de pruebas que tendrá que analizar el tribunal. En la pluralidad de los hechos se ve cómo era el funcionamiento y el rol que tenía Di Benedetto, acusado en este juicio”.
Otro de los imputados es “quien hacía de gestor (Raúl Jaime) y fue beneficiado con 11 operaciones de inmuebles que pasaron a su nombre, para quien estamos solicitando una pena de 12 años. Y la otra persona (Marcelo J. Sava) que está involucrada en tres hechos ilícitos, estamos pidiendo seis años. Igual tenía pleno conocimiento de todo lo que iba pasando en esta organización delictiva”, agregó el fiscal regional.
Los imputados son acusados de ser integrantes de la banda delictiva que se quedaba con campos y terrenos a través de distintas maniobras fraudulentas. Y en lo previo no aceptaron condenas o apelaron la sentencia que ya habían aceptado en el juicio abreviado, como el caso de Antonio Di Benedetto.
Inicio de la investigación
Las supuestas maniobras defraudatorias comenzaron a ser investigadas por la Agencia Fiscal de Delitos Complejos en 2017.
Avanzado el juicio se pudo comprobar que los integrantes de la asociación ilícita se hicieron de más de 500 hectáreas de campos y decenas de terrenos en Venado Tuerto, Maggiolo y San Eduardo, por un monto estimado en 20 millones de dólares, con un sistema coordinado y repitiendo metodologías.
Durante el proceso existieron “arrepentidos” y otros integrantes del engranaje que aceptaron la culpabilidad y accedieron a juicios abreviados con condenas de prisión condicional.
Aceptaron la culpabilidad y fueron condenados: María de los Ángeles Sarría (cuatro años de prisión efectiva); Luis Restovich (cuatro años de prisión efectiva) y Danisa Elisabet Pintos (cuatro años de prisión efectiva).
A la lista se suma el escribano de Armstrong, Ángel Emilio Moreale, a tres años de prisión condicional, seis años de inhabilitación profesional y una cifra de reparación de daño.
En tanto, Eugenio Luis Casadei, Fernando Astigarraga, Walter Diaz Franco, Roberto Miguel Sainz, Alberto Enrique Long, Alejandro Dalla’rmellina, Milena Fischer, Juan Carlos Rullo, Luis Alejandro Bentati, y Marcelo Alejandro Rodríguez fueron sentenciadas a penas de ejecución condicional y en algunos casos inhabilitación para ejercer profesiones.