Ex directivos de Vicentin van a audiencia imputativa

Ignacio Hintermeister
El Litoral
Los ex directivos de Vicentin denunciados penalmente por supuesta estafa, se presentarán este martes a primera hora en Rosario a la audiencia imputativa convocada por el fiscal de la Unidad de Delitos Económicos, Miguel Moreno.
Son 10 ex integrantes del directorio de la firma hoy concursada; en la lista estaba además el fallecido Sergio Nardelli. A ellos se suman dos miembros de la comisión investigadora y tres accionistas de Vicentin.
Alberto Macua, ex vicepresidente; Máximo Padoan, ex director y Omar Scarell, actual presidente del directorio -al momento del concurso, síndico titular, miembro de la comisión fiscalizadora- mantuvieron contacto con medios santafesinos a los que ratificaron que “estamos a derecho” y que todos serán representados por los abogados Jorge Ilharrescondo y Daniel Cuenca.
“De las medidas cautelares que involucraban a más de 30 personas y 15 compañías, (embargos en cuentas bancarias, no innovar sobre tenencias accionarias) la mayoría fueron levantadas”, recordaron. También señalaron que “en el sistema penal santafesino la investigación está a cargo del fiscal y sin los presuntos responsables de los delitos investigados”, por lo que se excusaron en adelantar respuestas hasta no verificar cuáles son las acusaciones y las pruebas.
Gustavo Feldman, abogado de una de las querellas (productores y Commodities SA del grupo Grassi) fue quien presentó la denuncia original, a la que se sumaron otros acreedores granarios y los bancos internacionales, que poseen acreencias por U$ S 573 millones. Vicentin defaulteó una deuda que fue verificada y contabilizada en unos U$ S 1573 millones en el marco concursal.
Los directivos se expresaron con respeto a la independencia judicial cuando se les preguntó si insistían con la existencia de una causa persecutoria. Pero señalaron la “coincidencia” con un informe que también este martes producirá la comisión investigadora de Diputados sobre el caso de la emblemática empresa con sede en el norte santafesino.
“Estábamos intentando una salida mediante la venta a Renova que nos daba una caja de U$ S 320 millones de dólares y ofrecíamos una quita de 50% y alternativa, cuando el 8 de junio de 2020 sale el DNU intentando la intervención y expropiación, proceso que se agudizó con la intervenci´n de la provincia”, recordó Scarell.
“Eso nos frenó y demoró alternativas. Recién pudimos hablar con Viterra, Aca y Molinos Agro en mayo de 2021”, para elaborar la propuesta a los acreedores que aún se está negociando y que todavía no fue presentada al juez del concurso, Fabián Lorenzini.
Sobre los efectos potenciales de la imputación penal sobre la causa del concurso, señalaron que “pueden tener ningún o mucho efecto. La comisión de Diputados presenta mañana un nuevo informe sobre el concurso.
“No decimos que haya persecución. La imputativa es un trámite más dentro del proceso penal, pero que puede ser utilizado para agrandarlo y magnificarlo, para complicar la salida privada. Puede ser. Saquen sus conclusiones”.
Si bien reconocieron que los bancos internacionales son querellantes en la denuncia penal, advirtieron que al mismo tiempo podrían acordar en el marco del concurso sin perjuicio de lo que suceda en el juzgado rosarino.
Evaluaron que “de una quiebra saldrían perdidosos los trabajadores y los acreedores Los accionistas de Vicentin han resignado 90% de la tenencia accionaria y han dado el control de esa tenencia”.

La oferta a acreedores

“Estamos en una etapa decisiva. A partir del 25 de septiembre estamos discutiendo con los acreedores granarios y comerciales, los bancos internacionales y los locales, las propuestas hilvanadas por los interesados estratégicos que son Viterra, Molinos y ACA”, explicó Macua.
La propuesta todavía no fue formalmente presentada al expediente que lleva adelante el juez Fabián Lorenzini. “Estamos informando la propuesta y discutiendo los términos económicos; los bancos internacionales pidieron los términos legales y se les ha presentado un resumen ejecutivo”.
Scarell ratificó que “la compañía trabaja a full” y sin deudas concursales, que llegará a la propuesta en sede judicial con una caja de 70 millones de dólares y que servirían para los pagos iniciales a más de 1100 acreedores pequeños, según el objetivo planteado.
Reconoció que mientras intentan convencer a los bancos, la imputativa llega “en un momento inoportuno, pero estamos dispuestos a presentarnos sin riesgos de fuga ni entorpecimiento de la causa.
“La auditoría forense que ordenó el juez del concurso insumió más de 11 mil horas de trabajo que pagó la empresa. Mal podría decirse que podríamos entorpecer la investigación”.
Consultados si la auditoría forense detectó balances que ocultaron pasivos previo al “estrés financiero” de la empresa, Macua señaló que “el querellante puede decir cualquier cosa basándose incluso en artículos periodísticos.
“Tenemos denuncias en Paraguay sobre contrabando, que se replicaron en un juzgado federal de Comodoro Py y las pasaron al juzgado federal de Reconquista. El querellante no tiene ninguna obligación de probar nada; simplemente hace la acusación”.
En cuanto a la auditoría forense, expuso que “no hay acusaciones, simplemente presunciones, cálculos. Lo del Banco Nación lo mismo”.