Lo ajustado del calendario será un factor a tener presente para que en Santa Fe se renueve la conducción de los órganos de la Acusación y de la Defensa de su fuero penal. Los nombres de los funcionarios judiciales que van a encabezar a los fiscales y a los defensores van a resultar de un proceso que tiene dos momentos marcados por lo técnico, lo jurídico y lo doctrinario en el primer caso, y por lo político y también lo partidario en el segundo. Se trata de que lo último no invada lo primero.
Fiscales, el plato fuerte antes del año electoral
Un antecedente: el año pasado hubo concursos en los que 65 fiscales adjuntos se pusieron a prueba para poder aspirar a ser fiscales titulares, pero 32 reprobaron. Sin embargo, parte de los bochados luego ganó para ser candidatos a jueces… ¿Cuestión de jurados? Puede ser. Si los aplazos se explican por criterios técnicos sería terrible; en cambio, si se trató de diferencias doctrinarias sería entendible. Pero sería grave si fuese por color partidario. La discusión política está reservada al Ejecutivo y los legisladores.
Esta semana quedaron definidas las listas de los interesados en llegar a ser fiscal general y fiscales regionales del MPA y defensor general y defensores regionales del SPPDP. Los mandatos de los titulares del Ministerio Público de la Acusación y del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal y de sus fiscalías y defensorías regionales concluirán “fatalmente” en abril de 2023.
Esa expresión usó en una conferencia de prensa esta semana el secretario de Justicia de Santa Fe, Gabriel Somaglia, que también buscó responder a los cuestionamientos sugeridos por una asociación de fiscales en un comunicado que reclama transparencia en los concursos. Unos días después, la oposición en pleno en la Legislatura hizo saber que le resultan creíbles esas preocupaciones. Y que de percibirse alguna arbitrariedad se sentirán libres de rechazar los pliegos que se les envíen. La foto fue contundente, con los bloques Socialista, de la UCR, de JxC, Creo y Vida y Familia. 35 en total, lo necesario para imponerse en una Asamblea Legislativa.
Somaglia había dicho cuando se le consultó sobre la falta de acuerdo político, de diálogo para que se cubran las vacantes pendientes en todo el Poder Judicial -además del debate que se viene por las jefaturas de fiscales y defensores-, que para el oficialismo no es fácil. Que solo cuenta con un 20% de las bancas. Y sin que se lo pidieran comparó las escasas designaciones durante su actual gestión con las que lograra, con idéntico cargo, en la segunda gobernación de Jorge Obeid cuando hubo consenso (y votos por la afirmativa o sanciones fictas) para nombrar más de cien magistrados.
Más allá de los números adversos en las Cámaras, Omar Perotti sabe que tiene por delante la tarea de dejar en condiciones plausibles al fuero penal, con sus autoridades designadas antes de que esa discusión se embarre con el proceso electoral de 2023. Ha hecho algo bien: “ningún funcionario político del Poder Ejecutivo se ha postulado”, destacó Somaglia. Al gobierno le falta aceptar que deberá dialogar y que tal vez sea necesario hacerlo ya mismo sobre los concursos.
Si para febrero o marzo del año próximo no se ha votado al fiscal general y a los fiscales regionales; al defensor general y a los defensores regionales, abril se verá ciertamente como una fatalidad. La desprolijidad de una ley de prórroga para subsanar algo así sería gravosa para las instituciones. Es el poder punitivo del Estado el que está en juego.
