Ingresó al Senado provincial un proyecto de ley que pretende asegurar ese carácter permanente, el de una norma del Estado, a la decisión política de los últimos y del actual gobierno de otorgar una de cada cinco viviendas construidas por Santa Fe a sus agentes de la Policía y del Servicio Penitenciario.
Impulsan ley para otorgar a policías un quinto de las viviendas de la provincia
Por Luis Rodrigo
El dos veces gobernador Jorge Obeid (1947-2014) estaba al frente de la Casa Gris, en 2005, cuando se dictó un decreto que fija en “una cada cinco” unidades habitacionales de los planes provinciales la exclusividad para los uniformados. El propósito de aquella medida fue doble: por una parte no repetir la experiencia de los barrios policiales, donde la enorme mayoría pertenece o perteneció a la fuerza, copiado de la segregación de los cuarteles con casas en su interior, propio de las fuerzas armadas a nivel nacional; el segundo objetivo fue que cada nuevo desarrollo urbano tenga a un agente del orden, como una forma de mejorar la seguridad.
Provincia invirtió más de $ 12 mil millones en equipamiento para las Fuerzas de Seguridad
El criterio se sostiene desde entonces, alternancia partidaria de por medio, al frente del Poder Ejecutivo y el último de los decretos que fija ese cupo se dictó durante la actual gestión de Omar Perotti, quien actuó como sus antecesores de otro signo político. Y como el también justicialista Obeid, claro.
La diferencia entre asegurar esa proporción de viviendas a policías y agentes penitenciarios por una ley, por sobre los decretos, le daría -si el tema prosperase en ambas cámaras- un carácter casi permanente: sólo una norma de esa jerarquía puede cambiarla.
Hoy, los bomberos voluntarios, los ex combatientes de Malvinas y los trasplantados o en lista de espera tienen establecida prioridad por ley, pero sin cupo determinado que pueda marginarlos del acceso. Por su parte los discapacitados tienen un cupo del 5 % que establece la ley nacional, a la que la provincia ha adherido. Prever una parte de las viviendas para policías y penitenciarios no resulta entonces extraño.
Pese al nuevo “fortalecimiento”, la brecha salarial entre militares y Fuerzas de Seguridad no varía
El justicialista Alcides Calvo llevó el tema a la Cámara alta y en los fundamentos de su iniciativa hay más información interesante. Se persigue “mejorar las posibilidades de acceso a la vivienda para el personal de seguridad, sobre todo de los agentes de los grados más bajos, que habitualmente por razones económicas, no pueden acceder a las líneas crediticias bancarias destinadas a la compra de propiedades. La limitación económica hace que los agentes muchas veces moren en zonas donde ellos, y sus familias, se encuentran en contacto cotidiano con los mismos elementos sociales que son objeto de sus funciones, con el consiguiente riesgo para su seguridad, que conlleva además la implícita posibilidad de ver disminuida su capacidad para la función específica, dado el conocimiento que elementos del mal vivir puedan adquirir de la vida y los hábitos de los agentes y su vida familiar”.
Por otro lado, procura flexibilizar el acceso, “apuntando a que solo se cumpla con el requisito de acreditar residencia de manera fehaciente o trabajar en la localidad o ciudad, de emplazamiento del plan a adjudicar, por un período mínimo de dos años antes de la realización del sorteo de preselección, o en su defecto por un período menor cuando cuente con terreno de su propiedad o en acuerdo con las autoridades locales de la ciudad o pueblo donde se ejecuta dicho plan de viviendas”.
Asimismo, se persigue establecer por ley que, sin perjuicio de lo que establezca la reglamentación, el personal podrá resultar adjudicatario siempre que: a) No sean titulares de otra vivienda; b) No se encuentren habitando otro bien inmueble de titularidad de su grupo familiar primario y c) No hayan sido adjudicatarios de una vivienda de similares características en fecha anterior a la sanción de la presente Ley”.
La Policía de la provincia sumó vehículos cero kilómetro para patrullaje
Un marco político
El proyecto que es parte de la agenda legislativa, como se ha dicho, pertenece al senador Calvo (PJ-Castellanos) que es visto como el más cercano al gobernador Omar Perotti. Pero también lleva la firma de su par Miguel Rabbia (PJ-Rosario). En ese par se reconoce al jefe del bloque Lealtad en el primer caso y del unipersonal de Proyectando Futuro, en el segundo: el médico del sur ha dejado en noviembre del año pasado aquella bancada para tener la suya, como referente en la Cámara de Marcelo Lewandowski. Así, el entendimiento entre el ex periodista deportivo y el jefe de la Casa Gris, nada casualmente, se observa también en como al menos parte de los legisladores que les responden comparten proyectos (y réditos políticos).
Más allá de lo que indica el año electoral, debe decirse que la invitación de Calvo a Rabbia también responde al deseo, expresado por ambos y por otros senadores, de dotar a la tarea policial de mejores condiciones laborales, sociales y económicas con el propósito de mejorar la fuerza. El proyecto de ley que plantea Calvo y respalda con su firma Rabbia se complementa con otros que en Diputados no han tenido suerte: desde la reforma para la formación de los policías (impulsado por el representante de 9 de Julio Joaquín Gramajo) hasta la idea de hacer unidades médicas especiales para la policía, como plantea el legislador rosarino.