Con el respaldo de la Casa Gris
Impulsan un proyecto de Ley de Emergencia Vial en la provincia
El bloque del oficialismo ingresó su propuesta y aprobó, sin los votos del PJ, su tratamiento preferencial para la próxima sesión. La iniciativa plantea excepciones y modificaciones de normas vigentes.
Con la firma de los integrantes del interbloque del oficialismo, en la Cámara de Senadores de Santa Fe ingresó un proyecto de ley que declara una nueva emergencia en la provincia del mapa de la bota. Ahora se trata de otorgar facilidades a la gestión de obras y reparaciones en materia vial. El expediente pasó a comisiones y para su tratamiento se votó por amplia mayoría una preferencia para la próxima sesión, que el bloque del PJ optó por no acompañar al tomar contacto con ese texto solo unas horas antes de la sesión.
El proyecto cuenta con el respaldo del gobierno provincial y el ministro de Obras Públicas Lisandro Enrico es uno de los funcionarios del gobierno de Maximiliano Pullaro surgido de esa Cámara y su segura aprobación plantea excepciones y modificaciones sobre normas vigentes para utilizar los recursos disponibles y crear otros ante “la grave preocupación” por el deterioro de la infraestructura vial, su falta de conservación y mantenimiento.
Entre los cambios más importantes figura la adaptación del régimen de obras por mejoras a la reparación de la red caminera, contenido en la Ley 8.896 que data del año 1981. Curiosamente su única reforma tuvo lugar en 1983, mediante la ley Nº 9101. Desde entonces “jamás fue modificada o actualizada”, subraya la fundamentación. Para facilitar las obras de mejoras ahora se planea modificar en 11 artículos de esa norma.
“Es de público conocimiento -dice en sus considerandos- que la red vial provincial, como la nacional que atraviesa nuestra provincia, se encuentran profundamente deterioradas por falta de obras de repavimentación, mantenimiento, reparación y conservación” y agrega: “si bien este gobierno desde su inicio ha gestionado intensamente ante las autoridades nacionales por el cumplimiento de sus compromisos y responsabilidades en materia vial, lo cierto y concreto es que el Estado Nacional se ha desentendido y solo se ha mostrado flexible a la hora de trasladar las responsabilidades a las provincias, formalizando convenios marco y específicos firmados o a firmarse a tal efecto. Ello compromete aún más el esfuerzo que debemos hacer los santafesinos y la necesidad de la emergencia”.
Período
La emergencia propuesta tendrá 4 años desde la promulgación de la ley que inicia su debate en la Legislatura, donde el oficialismo tiene cómodos números en ambas cámaras. Además, “prorrogable por única vez y por idéntico período por decisión del Poder Ejecutivo, en caso de verificarse que las causales que justifican la emergencia no han cesado”, una decisión que quedaría fuera del actual mandato.
Para la aplicación de las obras por mejoras se apoya en “el incremento de valor objetivo que adquieren los inmuebles beneficiados con una obra pública, conocido como plusvalía, lo que les otorga una situación de privilegio respecto de aquellos que se encuentran fuera de la zona de afectación, haciendo constar que la contribución de mejoras es un gravamen que se paga por obra determinada y en consideración al valor de esa obra, y que la obligación se constituye como principio- una vez ejecutada la misma y por única vez”, definen los senadores radicales en sus fundamentos.
Y abundan: “No constituye un impuesto, sino una contribución a la realización de la obra que beneficiará directamente al inmueble del contribuyente, por el mayor valor que adquiere: se constituye así en un gravamen justo, equitativo, que no hace más que ajustar el valor de la propiedad a medida que éste crece”.
“Ese mismo espíritu y naturaleza se mantiene totalmente. No obstante, en esta oportunidad, se proponen cambios que realzan la figura, algunos más sustentables y otros menores, o de adaptación terminológica, con la noble intención no sólo de reflotar su efectiva aplicación (desde el año 1993 la Provincia se ha hecho cargo de la obra pública, sin afectarla bajo el régimen de contribución de mejoras), sino también porque constituye una forma de afianzar el principio de igualdad en la distribución de los beneficios y de las cargas y de participación de los habitantes”, subraya.
