Insistencia en Diputados con reglar la transición gubernamental en Santa Fe
Mario Cáffaro
La Cámara de Diputados votó un proyecto de ley que apunta “a institucionalizar el proceso que regule la transferencia de la administración entre el gobierno en funciones y el gobierno electo en el ámbito del Poder Ejecutivo” proceso que denomina ‘Transición Responsable’ período temporal que se inicia al día siguiente de emitida el acta de proclamación de autoridades electas por el Tribunal Electoral Provincial y finaliza con la jura de asunción de las autoridades entrantes.
La iniciativa aprobada fue impulsada por Juan Cruz Cándido (UCR – Evolución) siguiendo un texto que votara la misma Cámara en 2020 sin que tuviera apoyo en el Senado. En esta ocasión se sumó al debate en comisiones otra iniciativa, en este caso de Cesira Arcando (Fe) que también apunta a buscar establecer un proceso de reglas en esa etapa cada cuatro años.
Las transiciones -especialmente cuando hay cambio de signo político- producen cortocircuitos en la política santafesina y en dos ocasiones se recurrió a contratar los servicios de la Auditoría General de la Nación para tener números de corte de final de gestión. Lo hizo el socialista Hermes Binner en 2007 y el justicialista Omar Perotti en 2019. “El objeto del proyecto es evitar situaciones administrativas traumáticas que perjudiquen el normal desenvolvimiento del accionar estatal, afectando tanto a los ciudadanos, como a los agentes estatales. De lo que se trata es de asegurar a todos los ciudadanos santafesinos la transición ordenada y moderna que el Estado Provincial urgentemente necesita, teniendo en cuenta la falta de reglamentación del proceso de transición producto de la decisión democrática popular, que da lugar a la alternancia en el poder que consolida y fortalece las instituciones junto a sus principios fundamentales”, explicó Cándido. “El proceso regulado tiene por finalidad asegurar tanto la asistencia técnica como material y la transparencia que permiten el funcionamiento del Estado y la continuidad jurídica”, acotó. Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Neuquén tienen normas sobre la materia y en la ciudad de Córdoba existe una ordenanza en la materia.
Para el legislador “regular este proceso resulta de suma relevancia para el gobierno entrante en el comienzo de su gestión, sabiendo que es en gran medida responsable a la hora de llevar adelante las medidas conducentes para recolectar dicha información. Es importante destacar la responsabilidad del gobierno entrante ya que su participación e interés en este proceso son parte esencial para lograr el efectivo traspaso de mando, la apropiación de la información de la estructura estatal al momento de la transición y el compromiso con la ciudadanía a la hora de la planificación del programa de gobierno evitando la suspensión de actividades o la paralización del Estado. A su vez, se establecen limitaciones y responsabilidades del gobierno saliente”.
El proyecto aprobado establece la creación de comisiones de representantes del gobierno saliente y del entrante y de la Oficina Administrativa de Transición Responsable, ente de coordinación que facilita el traspaso del poder sin dejarlo ligado a la voluntad de las autoridades que deban llevarlo a cabo, garantizando así el acceso a la información pública. La Oficina no supone la creación de nuevos cargos dentro del Estado ya que se integra de modo temporal y por funcionarios de carrera en la administración pública, que concursarán para ocupar los cargos. En los artículos se establecen los distintos aspectos que deben contener los informes, se regula la publicidad de ellos y se prevén sanciones ante posibles incumplimientos. “La regulación del proceso de transición gubernamental, delimitando responsabilidades, tareas y órgano de aplicación de la norma va en el camino de afianzar y consolidar la institucionalidad santafesina”, destacó Cándido.
Respaldo judicial a una decisión de Diputados
La Justicia santafesina, a través de una decisión del juez Diego Aldao, validó la decisión de la Cámara de Diputados de asegurar a Cesira Arcando (Fe) su banca en ese órgano. Arcando había asumido en diciembre de 2019 y el lugar fue reclamado por la Coalición Cívica que recurrió la justicia. Arcando era sexta en la lista de diputados de Juntos por el Cambio y Sebastián Julierac (CC) era quinto. La mujer reclamó la banca para que se cumpla la representación igualitaria y la mayoría del cuerpo le dio la razón por la que juró en diciembre de 2019. Al momento del hecho estaba vigente la ley de cupo femenino.
La decisión judicial dejó expresamente establecida la validez de todas las decisiones en las que Arcando tomó y/o participó en es la actual composición de la Legislatura.
Arcando destacó que la resolución judicial “ratifica la decisión adoptada por la Cámara de Diputados, siempre a la vanguardia en la defensa de los derechos de las mujeres, confirmando que era correcto lo que sosteníamos. A pesar de las barbaridades que me dijeron ésto es un precedente sano para todas las mujeres que se involucren en política en la democracia santafesina. Eso es lo que más me alegra. Pudimos abrir caminos para que las futuras generaciones tengan una provincia menos misógina. Cuando respetamos el cupo, la paridad, las condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, construimos una ciudadanía plena en el ejercicio de nuestros derechos. Siempre estaremos de lado de la democracia equitativa y del de una sociedad más justa e igualitaria” acotó.
Julierac asumió en la banca del 16 de diciembre del año pasado en reemplazo de Gabriel Chumpitaz (Pro) quien juró en la Cámara de Diputados de la Nación por lo que la justicia declaró abstracto el amparo que había presentado reclamando la banca.
Yolanda
La Cámara de Diputados votó la adhesión de la provincia a la Ley Nacional 27592, ‘Ley Yolanda’ que establece la capacitación obligatoria en formación integral en ambiente, desarrollo sostenible y cambio climático, para todas las personas que se desempeñan en la función pública en todos sus niveles y jerarquías de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
El proyecto votado fue iniciado por Gabriel Real (PDP) y se sumaron iniciativas de Cesira Arcando (Fe), Gisel Mahmud (PS) y Leandro Busatto (PJ) todos con el mismo objetivo y dejando la aplicación de la norma en manos del ministerio de Ambiente y Cambio Climático de la provincia. Esa cartera “garantiza la conformación de una mesa de trabajo con la participación de profesionales, instituciones científicas y académicas, y organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la temática ambiental, con el objetivo de coordinar la confección de los lineamientos generales y el desarrollo de la capacitación obligatoria dispuesta”, ordena.
