(Por Cesar Rodríguez) – La Mesa Nacional de Juntos por el Cambio repudió el informe que presentarán los representantes del Gobierno nacional en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU), con referencias a la oposición y al Poder Judicial.
Insólito: el gobierno acusa ante las Naciones Unidas a su propio país
“Insólitamente, en un informe oficial sobre la situación de los derechos humanos en la Argentina acusan a su propio país de violar los derechos humanos, para buscar de esa manera, la impunidad de los delitos de corrupción multimillonaria de su anterior gobierno kirchnerista”, enfatizaron los dirigentes opositores.
En un apartado titulado Cuestiones emergentes: principales desafíos, el documento elaborado por la Secretaría de Derechos Humanos, a cargo de Horacio Pietragalla Corti, hace un “llamado de atención” a la ONU por los “discursos del odio” y sus implicancias para la convivencia democrática. “Han tomado mayor visibilidad en los últimos tiempos debido a los graves sucesos acaecidos recientemente, que culminaron con el intento de magnicidio de la actual vicepresidenta de la Nación y dos veces presidenta, Cristina Fernández de Kirchner”, introduce el texto, que indica que este tipo de mensajes se advierten “de modo creciente” en “diversos espacios políticos, medios masivos de comunicación y redes sociales”.
“Otro de los desafíos que enfrenta nuestro país es el fenómeno del lawfare o ‘guerra jurídica’. Desde el actual gobierno nacional y el movimiento de derechos humanos se advierte que la práctica del lawfare -impulsada por sectores del Poder Judicial, la oposición política y sectores concentrados del poder económico y mediático- constituye una práctica violatoria de los derechos humanos y opera como condicionante de los procesos electorales, de la agenda política y de la opinión pública”, señala el documento, cuyos términos reproduce La Nación.
Después, expresa que en las causas judiciales que enfrenta Cristina Kirchner se violan garantías fundamentales del Estado de derecho “bajo la excusa” de la investigación y sanción de hechos de corrupción. “Se desconocen garantías básicas del debido proceso como la presunción de inocencia, el derecho de defensa y el principio de objetividad que debe guiar la actuación del Ministerio Público Fiscal”, enumera.
Dice también que las causas penales se impulsan “únicamente en contra de referentes políticos que representan a sectores populares”, y que se “mantiene en la impunidad a sectores poderosos, que han permitido o avalado el endeudamiento criminal que ha generado pobreza e indigencia en la población”, en un claro pasaje dirigido a la administración de Mauricio Macri.
“Oprobio”
El principal frente opositor del país expresó a las Naciones Unidas que “es absolutamente falso que los acusados y condenados por corrupción no hayan tenido derecho de defensa, ya que intervinieron en los procesos todas las instancias judiciales correspondientes, dos de juzgamiento, dos de apelación y en varios casos, la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.
“Repudiamos el accionar de los representantes del gobierno y pedimos disculpas a la comunidad internacional por el oprobio que implica mentirle a las Naciones Unidas, acusando a la oposición democrática de la Argentina de participar de complots para vulnerar el Estado de derecho, cuando hace exactamente lo contrario mientras el gobierno insulta a los jueces y pretende expulsar a los miembros de la Corte Suprema de Justicia con un ridículo pedido de juicio político”, indicó Juntos por el Cambio.
Además, rechazaron que “el Gobierno nacional mienta a las Naciones Unidas respecto de lo que denomina un ‘criminal endeudamiento del gobierno anterior’ en referencia a la actual oposición, cuando dicho endeudamiento fue aprobado por amplia mayoría de las dos Cámaras del Congreso argentino, fue tomado con un organismo multilateral de crédito como el FMI y fue utilizado en sus dos terceras partes para pagar deuda del gobierno kirchnerista anterior y para cubrir sus propios déficits fiscales”.
Juntos por el Cambio anticipó su rechazo a un informe que todavía no fue presentado oficialmente. De hecho, este sábado el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, viajó rumbo a Ginebra, Suiza, donde representará al Gobierno argentino y dará detalles del informe, según supo NA de fuentes oficiales.
“Es inédito y penoso que en un evento donde los países bajo examen mundial se esfuerzan por demostrar el cumplimento de los derechos humanos frente a la comunidad internacional, los representantes de nuestro gobierno se encarguen de apuntar a la oposición política, a la justicia, a los sectores económicos y a la prensa, acusándolos colectivamente, de violar los derechos humanos sobre la base de una supuesta lawfare utilizada como excusa para evitar someterse al dictado de la Justicia argentina frente a los flagrantes hechos de corrupción que cometieron en su anterior Administración de gobierno”, agregó.
Y enfatizó: “El fin que persiguen mediante esta maniobra, es justificar ante la comunidad internacional, la embestida que el Gobierno nacional está realizando en contra de la justicia independiente para cubrirse bajo un manto de impunidad frente a las fundadas y probadas acciones de corrupción”.
