La Corte santafesina debe decidir si se “avoca” al concurso de Vicentin
Por Ignacio Hintermeister
La Corte Suprema de Justicia de la Provincia -que habitualmente se reúne los martes- iniciará su semana de trabajo tras una significativa declaración presidencial sobre el concurso de Vicentin. Alberto Fernández habló de la “interferencia del juez” Fabián Lorenzini para explicar por qué no se avanzó en su momento con la fallida estatización de la empresa.
El máximo tribunal santafesino debe definir si le saca el expediente del concurso al magistrado de Reconquista. Eso es algo que aún no sucedió. El oficio 550 que firman Rafael Gutiérrez, presidente de la Corte y Fernanda Drago, prosecretaria, deja en claro que necesita el escrito para resolver en la cuestión de fondo. El titular del tribunal sólo ha ejercido hasta aquí facultades administrativas.
La corte en pleno -no sólo Gutiérrez- debe evaluar si hubo vicios de procedimiento y puede aceptar o rechazar el “avocamiento” que le fue solicitado. Es algo que difícilmente suceda en cuestión de horas, aún cuando ya quedaron suspendidos los términos procesales del concurso.
La corredora Grassi SA, acreedora de Vicentin, elevó el pedido al máximo tribunal. La firma entiende que en la oferta de la empresa a los acreedores se incluye ilegalmente la venta del 33% de acciones que la firma de Avellaneda tiene aún en Renova, un poderoso complejo agroindustrial con plantas en San Lorenzo y Timbúes. Su principal accionista es la multinacional Viterra.
Los fiscales rosarinos Sebastián Narvaja y Miguel Moreno, de la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos, ordenaron a principios de junio la detención de Omar Scarel, presidente de Vicentin, por desobedecer inhibiciones para enajenar bienes de la concursada. La empresa alegó que la venta es parte de la propuesta a los acreedores para pagar la deuda de la empresa, formulada en el marco del concurso, es decir ante la justicia comercial.
De hecho, la enajenación sólo ocurriría si la justicia lo autoriza, revisando la inhibición vigente. Pero los fiscales lograron, en vista a hechos no consumados, abrir una ventana para que una causa penal se meta por la ventana del expediente concursal.
El juez penal de primera instancia de Rosario, Nicolás Foppiani, ordenó el miércoles 15 de este mes, liberar a Scarel contra una caución de US$500 mil luego de imputarlo por desobediencia. No es cosa juzgada que Scarel haya violado la inhibición, pero Grassi se presentó ante la Corte pidiendo el avocamiento.
Junto a Gutiérrez, los ministros de la Corte Roberto Falistocco, Eduardo Spuller, Mario Netri, María Angélica Gastaldi y Daniel Erberta comenzarán a definir si hay causal para el avocamiento, si éste deriva en un “per saltum” o si el expediente del concurso cambia de juzgado. No hay plazos procesales prestablecidos, pero en medio del laberinto jurídico se juegan tanto las acreencias como la continuidad de la actividad económica y de puestos de trabajo que dependen de inversores que, sin horizontes claros, podrían redefinir sus caminos.
¿Qué pasaría después del 30 de junio?
Vicentin Saic y los inversores estratégicos en su salvataje, Viterra Argentina, Bunge y ACA CL, tenían hasta el 30 de junio para convencer al menos a la mitad más uno de la cápita de sus acreedores, y a dos tercios del capital adeudado, para que acepten la oferta de pagos que ha formulado en el marco del concurso de acreedores.
Hasta ahora, 957 de unos 1500 acreedores quirografarios habían aceptado la oferta de pago. Los bancos internacionales IFC y FMO -según Vicentin- estaban a punto de aceptar esa misma oferta. Con esos supuesto se precipitaba un acuerdo según los requerimientos de la ley de Concursos y Quiebras.
Pero el plazo del 30 de junio quedó suspendido por el oficio de Rafael Gutiérrez. Y allí se abrió nuevamente la especulación de Alberto Fernández sobre el “cramdown”.
La ley le da un período de exclusividad a la empresa para acordar con sus acreedores. Si no lo hace, se abre una instancia abierta en la que el Banco Nación a través de algunos de sus directivos, el presidente e incluso Sergio Massa han reabierto la especulación de una empresa que sea testigo en el mercado de granos y alimentos en el país.
El Banco Nación es acreedor de unos US$ 300 de los US$1573 millones “defaulteados”, según se acreditó en el concurso. Pero es “privilegiado” porque tiene garantías sobre su acreencia, a diferencia de los acreedores quirografarios.
La gestión política abre el interrogante sobre la rapidez de la eventual solución. Sin crédito ni presupuesto, el Estado no ha despejado dudas sobre cómo garantizaría la continuidad operativa de la empresa Vicentin. Es en ese escenario donde la decisión de la Corte tendrá impactos no sólo jurídicos o exclusivamente penales.
El salvataje o cramdown argentino, se abre automáticamente si en el período de exclusividad no hay acuerdos. Los eventuales interesados deben entonces formular una propuesta de compra de las acciones de Vicentin SAIC y lograr un acuerdo con los acreedores de la empresa en crisis.
