La “Megaestafa Inmobiliaria” llega a juicio oral y público
La causa conocida como “Megaestafa Inmobiliaria” llega a juicio oral y público. Así fue confirmado por la Oficina de Gestión Judicial. La primera de las audiencias será el 3 de mayo.
Desde el organismo además confirmaron que el tribunal pluripersonal estará integrado por los jueces Leandro Martín, Eduardo Bianchini y Aldo Baraballe, mientras que el fiscal será Matías Merlo.
En el banquillo de los acusados estarán aquellos imputados por ser integrantes de la banda delictiva que se quedaba con campos, casas y terrenos a través de distintas maniobras fraudulentas y que no aceptaron aún condenas o apelaron la sentencia que ya habían aceptado en el juicio abreviado, entre ellos el abogado venadense Antonio Di Benedetto, indicado como el cabecilla de la asociación ilícita, quien cambió de abogado defensor y será defendido por Ángelo Rossini (defensor de Leonardo Peiti en la causa por juego clandestino), quien ocupa el lugar de Joaquín Fraga. El comerciante venadense Marcelo Sava, quien sería el que figuraba como titular en las transacciones inmobiliarias, también estará en el banquillo de los acusados.
Fiscal Matias Merlo.
Cabe destacar que el abogado penalista Antonio Di Benedetto había recibido una condena a través de un juicio abreviado donde acetó su culpabilidad, pero luego presentó una apelación rechazando la condena a seis años y seis meses de prisión.
Además de Di Benedetto, en el mismo juicio abreviado aceptaron la culpabilidad y fueron condenados: Raúl Jaime (cinco años de prisión efectiva y pago de reparación de daño); María de los Ángeles Sarría (cuatro años de prisión efectiva); Luis Restovich (cuatro años de prisión efectiva) y Danisa Elisabet Pintos (cuatro años de prisión efectiva).
A la lista se suma el escribano de Armstrong, Ángel Emilio Moreale, a tres años de prisión condicional, seis años de inhabilitación profesional y una cifra de reparación de daño.
Las maniobras defraudatorias comenzaron a ser investigadas por la Agencia Fiscal de Delitos complejos en 2017.
Avanzado el juicio se pudo comprobar que los integrantes de la asociación ilícita se hicieron de más de 500 hectáreas de campos y decenas de viviendas y terrenos en Venado Tuerto, Maggiolo y San Eduardo, por un monto superior a los 2 mil millones de pesos, con un sistema coordinado y repitiendo metodologías.
Durante el proceso existieron “arrepentidos” y otros integrantes del engranaje que aceptaron la culpabilidad y accedieron a juicios abreviados con condenas de prisión condicional.
