En Diputados
La oposición logró dictamen para modificar la ley de DNU
Si prospera en el recinto el proyecto de Unión por la Patria, Coalición Federal y Democracia para Siempre, alcanzará con el rechazo de una cámara para dejar sin efecto esa medida de excepción.
Tres bloques de la oposición dieron un primer paso para establecer un límite a una modalidad de excepción que en numerosas ocasiones se convirtió en regla: el dictado de decretos de necesidad y urgencia, una herramienta para acelerar tiempos en situaciones excepcionales que se terminó utilizando en numerosas ocasiones para obviar el trámite legislativo.
Este miércoles, luego de tres horas de debate, las comisiones de Asuntos Constitucionales, y de Peticiones, Poderes y Reglamento de la Cámara de Diputados de la Nación concluyeron el análisis de la ley 26.122 que regula el trámite y la intervención del Congreso sobre los DNU, modalidad que está contemplada en la reforma constitucional de 1994 y regulada por la ley 26.122 de 2006, que fue impulsada por la entonces senadora Cristina Fernández y utilizada a destajo por varias administraciones.
A grandes rasgos, la ley vigente establece que se necesita el rechazo de las dos cámaras para que un decreto de necesidad y urgencia quede derogado. Así ocurrió en septiembre con el DNU que fijó montos extraordinarios en concepto de gastos reservados para la SIDE y que constituyó un primer revés para el actual gobierno nacional.
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El principal cambio que se impulsa ahora es que será suficiente el rechazo de una de las cámaras para que un decreto de estas características se considere derogado.
El objetivo, según expresaron legisladores presentes en la reunión de este miércoles, es poner un freno al "exceso de presidencialismo".
Hubo cuatro dictámenes para modificar aspectos de la norma que fue dictada en el año 2006. El de mayoría reunió 36 firmas de Encuentro Federal, Unión por la Patria y Democracia para Siempre (el bloque escindido de la UCR que conduce Rodrigo de Loredo).
A este siguieron otros tres de minoría: de Juan Manuel López, de Karina Banfi, con dos firmas cada uno, y de La Libertad Avanza que refrendan 9 legisladores y rechaza la modificación.
El PRO, que en su momento impulsó cambios en al ley, no acompañó ninguno de los proyectos.
El debate
Fueron tres reuniones conjuntas de las dos comisiones que se concretaron durante miércoles consecutivos (16, 23 y 30 de octubre) en las que se escuchó a especialistas que argumentaron sobre el alcance de la ley en cuestión y la conveniencia o no de la reforma.
Luego vinieron las exposiciones de las y los diputados que impulsan las reformas, como el caso de Mónica Litza (UxP) quien recordó que al inicio de la gestión, el Presidente envió al Congreso el decreto 70/23 con 366 artículos "donde había muchísimas materias que no tenían que ver con la necesidad y la urgencia, y empezamos a poner el foco en cuáles eran los puntos que deberíamos rever y trabajar para que el espíritu de los constituyentes de 1994 pudieran ser reflejados en una herramienta que tiene que tener una utilización mínima, limitada".
En esa línea, Diego Giuliano (UxP) también apuntó al mega DNU 70/23 y a los decretos que siguieron, como el que se dictó para cambiar el nombre del Centro Cultural Néstor Kirchner por Centro Cultural Palacio Libertad: "El DNU va en una sola rueda cuando en realidad nuestro sistema va con la bicameralidad", definió.
Desde Encuentro Federal, Margarita Stolbizer, acompaño con su firma el dictamen de mayoría pero aclaró que lo hacía "con disidencias". "La ley no es una buena ley y es inconstitucional, no desde que gobierna Milei sino desde hace mucho tiempo", sostuvo la diputada para quien la estrategia debería ser una reforma total o sustitución por otra norma.
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Por el mismo bloque, el socialista Esteban Paulón defendió la división de poderes y de tareas en una República. Y confió en que, si el dictamen llega al recinto, se convierte en ley y el Ejecutivo decide vetarla (como ya anticipó el propio Presidente), "los mismos bloques que gritaban desde sus bancas por la República, la democracia y las instituciones sumarán sus votos para respaldarla".
La posición del oficialismo quedó a cargo de Lisandro Almirón, quien retomó el discurso oficial de la "inseguridad jurídica que están propugnando desde adentro para que al país le vaya mal". Y advirtió: "Si llega el veto, bien merecido veto por hipócritas y por fomentar la inseguridad jurídica".
Desagravio
La última reunión conjunta de las dos comisiones se produjo en una fecha particular: los 41 años de la recuperación de la democracia en la Argentina. Justo en el día en que el presidente Javier Milei señaló a Raúl Alfonsín como "golpista" en medio de una disertación en la ciudad de Córdoba.
El hecho, insólito y grave, no pasó inadvertido en la sala. Fue Karina Banfi (UCR) quien repudió los dichos del mandatario de LLA y dijo no tener dudas de que son propios de "la ignorancia y los prejuicios". "En estos tiempos de la levedad del ser, las trayectorias son banalizadas", sostuvo la legisladora al reinvindicar la figura de Alfonsín como "nuestro héroe de la democracia".
En la misma línea se pronunciaron Silvana Ginocchio (UxP), Fernando Carbajal (Democracia para Siempre) y Cecilia Moreau (UxP).
