Con firmeza
Ley de Aguas: la Provincia avanza ante los infractores de obras hídricas
El Ministerio de Obras Públicas intimó a un productor de Rufino que volvió a conducir aguas hacia la laguna La Picasa desde un canal clandestino de grandes dimensiones.
En el marco de la Ley de Aguas Nº 13.740, el gobierno de la provincia intimó a un productor de la localidad de Rufino -estancia perteneciente a la familia Piccini-, quien, a través de una obra no autorizada, vuelca aguas hacia la laguna La Picasa desde un canal de grandes dimensiones, lo que en épocas de registros altos de lluvias genera daños graves a otros productores de la zona.
Cabe recordar que, en el año 2018, la Provincia cerró ese canal con orden judicial, sin embargo, fue abierto nuevamente por los propietarios, volviéndose a intimar a que lo cierren bajo advertencia de ingresar con la fuerza pública.
Al respecto, el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, afirmó: “Vamos a actuar con toda la firmeza que nos permite la Ley ante los infractores de obras hídricas, para hacer respetar el estado de derecho, los recursos naturales y el trabajo de los productores de la zona”.
Por su parte, el secretario de Recursos Hídricos, Nicolás Mijich, explicó que “las intimaciones de este tipo tienen como objetivo preservar el normal escurrimiento de las aguas y también de las obras públicas en las que el Estado ha invertido. Pero, fundamentalmente, proteger el trabajo de los productores que se ven afectados por la intervención de estos canales clandestinos que no garantizan el normal funcionamiento de los sistemas”.
Asimismo, el funcionario explicó: “Estas intimaciones se realizan para que quienes hayan realizado una obra no autorizada, la desactiven inmediatamente. Ya sea un bordo, un canal, un tapón o la rotura de alguna alcantarilla, por mencionar algunos ejemplos comunes”.
Y continuó: “Luego de transcurrido el tiempo que esta intimación le da al infractor para que restablezca las condiciones, de no hacerlo, la Provincia ingresará con equipos propios a restablecer las condiciones de normal funcionamiento de los sistemas de canales. Y seguidamente, prosigue un proceso administrativo -en algunos casos de índole penal- para que quien realizó la obra de manera ilegal, o pague una multa o cumpla algún otro tipo de sanción”, finalizó Mijich.
