La Cámara de Diputados de Santa Fe votará por tercera vez, este jueves, un proyecto de Ley disponiendo la creación de un régimen de acceso a los recursos biológicos y genéticos, con fines científicos, de investigación o utilización con fines comerciales. La iniciativa se encuadra en la Constitución Nacional, el Convenio sobre la Diversidad Biológica, aprobado por Argentina por medio de la Ley Nacional 24375, y el Protocolo de Nagoya sobre acceso a los recursos genéticos y participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de su utilización al Convenio sobre la Diversidad Biológica, también aprobado por el Congreso por medio de la Ley Nacional 27246.

“Pretendemos con esta iniciativa que Santa Fe tenga una política de Estado en la materia, que se garantice el mandato constitucional y los compromisos que asumió Argentina al ratificar dos convenios internacionales que firmara oportunamente”, explicó la socialista Erica Hynes, una de las impulsoras del tema.

Hynes era ministra de Ciencia cuando el ex gobernador Miguel Lifschitz envió el mensaje a Legislatura en 2018 y ya como diputada impulsó la sanción en 2020. El tema no fue tratado en Senado; la legisladora lo volvió a ingresar y ya tiene todos los dictámenes de comisiones para llegar al recinto en lo que será la segunda sesión Ordinaria de este jueves.

“Es una propuesta de preservación de los recursos genéticos y biológicos y una oportunidad para el desarrollo científico y tecnológico en el territorio provincial”, agregó la socialista. Acotó que “en las últimas décadas se ha reconocido el valor intrínseco y relevancia de la diversidad biológica cuya pérdida o deterioro se viene manifestando sostenidamente, lo que ha evidenciado la necesidad de generar compromisos globales sobre el tema”. Es en ese marco que Argentina aprobó dos convenios internacionales que validó el Congreso mientras que el artículo 41 de la Constitución consagró el deber de la preservación de la biodiversidad. En tanto, el artículo 124 establece el dominio originario de los recursos naturales por parte de los Estados provinciales. En tanto, la Constitución santafesina, en su artículo 28, ordena proteger la flora y la fauna autóctonas.

Para Hynes, “la determinación de condiciones de acceso y de esquemas de distribución de beneficios la Provincia cuenta con ciertas ventajas comparativas, en particular, la existencia de capacidades científicas y técnicas en nuestro territorio así como el funcionamiento del Laboratorio Industrial Farmacéutico S.E. que permiten configurar un valioso e innovador sistema en el que la cooperación público-privada puede contribuir a robustecer el conocimiento sobre la biodiversidad de la provincia y a potenciar su desarrollo científico tecnológico”.

El texto dispone que el Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología sea la autoridad de aplicación; crea un banco público – privado de información sobre recursos genéticos y biológicos bajo la órbita de la autoridad de aplicación, cuya información es de libre acceso y uso público.

El proyecto está en el Orden del Día junto a otras doce iniciativas con los respectivos dictámenes de comisiones.