La asamblea provincial de Amsafe, el gremio de los docentes públicos provinciales, decidió este viernes rechazar la propuesta de incremento salarial formulada por el gobierno santafesino, y disponer medidas de fuerza que se iniciarán con un paro de 72 horas la próxima semana (20, 21 y 22), y otras tres jornadas los días 27, 28 y 29 de septiembre.
Los docentes públicos de Santa Fe rechazaron la propuesta salarial y van al paro
La definición se tomó al cabo de una ajustada votación, en la que hubo 15.477 votos por el rechazo y 14.854 por la aceptación “en disconformidad”. De hecho, esta fue la postura predominante en el departamento La Capital y otros distritos del centro norte, en un total de 12, aunque la balanza se inclinó por la negativa en atención a la cantidad de votos recogidos en Rosario y otros departamentos del sur (en General López el 78% de la docencia había votado en contra de la propuesta), en un total de 7.
El secretario general de Amsafe, Rodrigo Alonso, consideró que “el gobierno de la provincia estaba en condiciones de formular una propuesta mejor” y que, por otro lado, “la resolución de los conflictos nunca se hace con amenazas y descuentos”, como expresó el gobierno provincial que hará con los días de paro realizados durante agosto.
La propuesta salarial que hizo el gobierno santafesino es la misma que esta semana aprobaron los gremios de la administración central, UPCN y ATE, y al que luego se sumaron los profesionales de la salud, y también los docentes privados de Sadop. Consiste en un 20% de aumento en septiembre, (sumando al 8% que restaba liquidarse otro 12 por ciento) y luego otro 7% para el mes de octubre, un 7% para noviembre y un 5% para diciembre, siempre tomando como base de cálculo los haberes de febrero, que es con respecto a los cuales se estableció la política salarial para este año.
El sindicalista insistió en que la decisión de los docentes públicos “es un llamado de atención para el gobierno: los conflictos no se resuelven con amenazas y descuentos, sino con una propuesta que implique mejorar los derechos salariales y laborales de la docencia, y que también implique discutir las políticas educativas para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje”.