Los funcionarios de gobierno no podrán ser fiscales o defensores
Por Luis Rodrigo
El Litoral
La Cámara de Diputados primero y el Senado después insistieron, con sendas mayorías especiales de dos tercios, para sostener la ley 14.016 que perfecciona las leyes que crearon –tras la reforma del Código Procesal Penal- el Ministerio Público de la Acusación y el Servicio Público Provincial de la Defensa Penal.
Ahora, entre otras incompatibilidades, los funcionarios que dejen sus escritorios bajo la órbita del Poder Ejecutivo no podrán intentar ser integrantes de ambos institutos. Y la prohibición vale tanto para los pliegos de fiscales y defensores, como así también para otros cargos creados dentro de esos nuevos actores nacidos con el sistema oral.
Como la restricción comprende también al Organismo de Investigaciones del MPA, que tiene como titular al ex ministro de Seguridad, se ha hablado de la norma que finalmente superó el veto como de una de las llamadas leyes “anti Sain”.
Más allá de las posibles derivaciones políticas o legales del pronunciamiento de las Cámaras de este jueves 27 de mayo, vale la pena recordar cuáles son las principales características de la ley sancionada en 2020 y vetada a fin de año.
Se trata de la reforma de dos artículos de la ley orgánica del Ministerio Público de la Acusación (13.013), uno del Servicio Público provincial de la Defensa Pública (13.014) y cinco del Organismo de Investigaciones (13.459), todos precisando el régimen de incompatibilidades y tratar de evitar el paso de personal desde el Poder Ejecutivo a esos cuerpos.
En Diputados
El expediente tuvo como Cámara de origen a Diputados y allí la oposición cosechó –tal como había adelantado El Litoral- números muy parecidos a los que había logrado el año pasado. Se impuso el rechazo al veto por 37 a 8.
Votaron por mantener la ley los socialistas, radicales y macristas, además de otros bloques opositores menores de origen religioso que inclinaron la balanza en el mismo sentido que en 2020.
Hubo ocho votos en contra de la norma y a favor del veto del Ejecutivo de los justicialistas y de Carlos del Frade (Frente Social y Popular); mientras que se abstuvieron Rubén Giustiniani y Agustina Donnet (Igualdad) y Ariel Bermudez (Creo).
“Quieren condicionar la gestión del ministro de Seguridad, Marcelo Sain”, se había quejado el jefe de la bancada justicialista, Leandro Busatto, el 19 de noviembre de 2020, cuando primero Diputados y luego el Senado se aprobó la norma luego vetada.
“No es buena la confusión de roles y la ley apunta a clarificar la situación en el órgano que tiene a su cargo la persecución criminal”, respondió por entonces Pablo Farías, hoy presidente de la Cámara tras el fallecimiento de Miguel Lifschtiz.
Aquel debate –ni otras exposiciones de fondo- esta vez no se repitieron. Senadores en primer turno y Diputados luego (ese fue el orden elegido por el Ejecutivo) fueron ahora directo a votar, sin necesidad de repetir argumentos.
Antecedentes
La iniciativa sobre incompatibilidades fue presentada en noviembre pasado con las firmas de los socialistas Pablo Farías y Joaquín Blanco, y de los radicales Maximiliano Pullaro y Fabián Palo Oliver, es decir jefes del interbloque del Frente Progresista, y de los dos sub bloques principales de la mayoría de la Cámara.
Busatto, en aquel momento, hizo retirar a la bancada oficialista minoritaria, para mostrar el desagrado del gobierno. Hace casi siete meses, solo la bancada Igualdad pidió abstenerse. Le replicó Farías en noviembre que en la ley “no hay nada escondido, no hay metamensajes. El proyecto establece situaciones más estrictas sobre incompatibilidades que deben evitarse para cargos claves del funcionamiento del sistema penal”, describió.
En el Senado
Con solo seis votos a favor del veto contó el gobernador Perotti en la Cámara de Senadores. La media docena de la bancada Lealtad, encabezada por el justicialista Alcides Calvo (Castellanos) no pudo con los 13 restantes que sostuvieron la ley votada en noviembre.
A favor de la norma y por el rechazo al veto se expresaron los siete miembros del interbloque radical que se mantuvo unido y votó tal como lo había hecho en 2020, lo mismo que el bloque Juan Domingo Perón, de los senadores peronistas del Nes, que actuaron del mismo modo.
A diferencia de lo ocurrido en 2020 esta vez el respaldo al pedido del gobernador contó con seis senadores, en lugar de cuatro.
AGOSTO
Al renovar una preferencia para la ley que amplía el monto del Fondo de Asistencia Financiera (establecido en art. 14 de la Ley 14009 de Emergencia del Sector Turístico y Otros), el senador Rubén Pirola (PJ-Nes-Las Colonias) anticipó que en los próximos días los senadores de todas las bancas mantendrán una reunión con el ministro de Economía, Walter Agosto. La idea de repetir encuentros con ministros y secretarios, tal como esta semana se hizo –a propósito de temas vinculados al Poder Judicial- con el secretario de justicia Walter Gálvez, quien estuvo con el ministro de gobierno, Roberto Sukerman, con legisladores del PJ primero y de la UCR luego, en las últimas 48 horas.
Media sanción para usar en gastos corrientes 50% del Fondo de Obras Menores
Por unanimidad, sobre tablas y con el jefe de la oposición como miembro informante, se aprobó este jueves 27 de mayo un proyecto de ley para que puedan usar para gastos corrientes la mitad del Fondo de Obras Menores que reciben las comunas y las municipalidades de segunda categoría (todas menos Santa Fe y Rosario).
La Cámara de Senadores aprobó la iniciativa que presentó primero el bloque de la UCR y luego adhirió el de los senadores del PJ-Nes, para finalmente sumar con sus firmas también a los integrantes de la bancada PJ-Lealtad, más afín al gobierno provincial.
Como en años anteriores, el fondo que tiene una finalidad específica cambia de destino, a tono con las urgencias que vive el país.
