Mientras la presión piquetera sobre el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández se intensifica, incluidas las amenazas de Juan Grabois de dejar el Frente de Todos, los datos crudos muestran que el mayor esfuerzo fiscal del gobierno con cuentas en déficit fue a los planes asistenciales, cuenta que creció 297% en el primer semestre de este año respecto del mismo período de 2019.
Los piqueteros son “ganadores” en el gasto fiscal del gobierno central
En la primera mitad de 2019, la pobreza en el país era de 35,5% de las personas y la indigencia alcanzaba al 8%. El último dato disponible (primer semestre 2021) marca indicadores respectivos de 37,3% y 8,2%. La progresión sugiere que la mayor asistencia no es lo que revierte el drama social.
Un reciente informe del Instituto para el Desarrollo Social Argentino -el centro de estudio del economista Jorge Colina- compara para el mismo período que las asignaciones familiares (activos, pasivos y AUH) subieron un 10% y que las erogaciones en jubilaciones cayeron 3%.
“Comparando el primer semestre del 2022 con igual periodo del 2019, el gasto público nacional creció un 20% por encima de la inflación. Este fuerte aumento fue liderado por la expansión de los subsidios energéticos.
“Las transferencias monetarias a las familias también crecieron por encima de la inflación. Aumentaron un 13% real en 3 años, pero con comportamientos dispares entre componentes”, añade el informe”.
Mientras espera los datos de inflación, eventual suba de tasas y busca dólares para reservas, Sergio Massa recibió este lunes en su despacho a la titular de Administración Nacional de la Seguridad Social Fernanda Raverta y al secretario de Hacienda, Raúl Rigo, para evaluar cómo financiará el incremento a los jubilados con un “adicional” que reconoce implícitamente que el gobierno del Frente de Todos viene ajustando por el sector que menos capacidad de movilización tiene.
Paralelo, deficitario y discrecional
La UCR difundió a su vez hace una semana, un informe según el cual el “Estado Paralelo” de las organizaciones sociales manejó un presupuesto de $332.574 millones, mientras que los gobiernos provinciales manejaron 16.500 millones girados desde el ministerio de Desarrollo Social. De ese total Santa Fe recibió apenas 0,3%.
En las transferencias directas a personas, de los $332.574 millones un 42 % fue a la provincia de Buenos Aires y sólo un 4,8% tuvo por destino a beneficiarios santafesinos. Entre el 1 de enero y el 28 de julio, se distribuyeron en Santa Fe $6.179 millones del plan Potenciar Trabajo (sobre un presupuesto de $4.253 millones) y $9.696 millones del Plan Alimentar (el presupuesto era de $9.416 millones).
Las cifras, como las de Idesa, señalan que las organizaciones sociales son las que más acrecientan su participación en la ejecución del presupuesto, mientras que a su vez el distrito donde Cristina Fernández asienta su “cabeza de playa” política es el más beneficiado.
Eso no sólo en materia social sino también fiscal. Cabe recordar que la administración bonaerense recibió 41,7 % de las transferencias discrecionales (Santa Fe 5,7%) desde el gobierno central, por fuera de la coparticipación automática.
Mientras Sergio Massa promete bajar a 2,5% del PBI el déficit fiscal primario, Cristina Fernández mantiene vigente en el Senado su proyecto para repartir a 1,7 millones de personas, un monto equivalente a la canasta básica alimentaria de un adulto ($15.057). Lejos del mal llamado Salario Básico Universal que proponen los “cayetanos”, pero agregando un gasto de 0,5% del PBI a las complicadas cuentas nacionales.
