Lupa sobre fiscales de Violencia de Género, Familiar y Sexual
Por Mario Cáffaro y Luis Rodrigo
Los cuestionamientos sobre los fiscales de la Unidad Fiscal Especial de Violencia de Género, Familiar y Sexual (GeFaS) con que cuenta el Ministerio Público de la Acusación llegaron a la Comisión de Acuerdos de la Asamblea Legislativa, en una presentación de conjunta de dos legisladores de distintos bloques y Cámaras.
El senador radical Lisandro Enrico y el diputado de Vida y Familia Nicolás F. Mayoraz pidieron mediante un escrito el avocamiento para que esa instancia bicameral ponga la lupa sobre los fiscales María Celeste Minniti, María Alejandra del Río Ayala y Matías Broggi Forclaz por posibles “faltas graves”.
Citan 6 expedientes que obran en la Comisión de Acuerdos y otras denuncias que ingresan a la Legislatura en los que, según Enrico y Mayoraz, “exigen una pronta investigación a fin de determinar si los referidos fiscales cometieron faltas graves, conforme lo denunciado y, de confirmarse la comisión de faltas en el desempeño fiscal, determinar la sanción aplicable”.
“Consideramos que la materia de investigación asignada a la Unidad Fiscal GeFaS. es de una alta sensibilidad social. Sin embargo, ésto de ninguna manera puede constituir una ‘licencia de corso’ para que quienes tienen el deber de llevar adelante la persecución penal de hechos de aquella índole violenten garantías fundamentales reconocidas en el bloque de constitucionalidad argentino, como es el caso de la presunción de inocencia, el derecho de defensa y el debido proceso, entre otras tantas que aparecen afectadas en las intervenciones de los fiscales denunciados”.
Sostienen los legisladores que, además, son abogados e integran la Comisión de Acuerdos en representación de sus respectivos cuerpos deliberativos. “Del análisis preliminar de las diferentes denuncias ingresadas, surge una duda significativa en cuanto al funcionamiento institucional de esta Unidad. Se advierte la existencia de numerosas denuncias que alterarían y vulnerarían, principios inobjetables y basales del derecho penal”, agregan.
“Aún cuando la función de los fiscales sea protagónica en este nuevo sistema acusatorio implementado en nuestra Provincia, ello no implica el avasallamiento a dichos principios. Cierto accionar, lejos de crear confianza en la población, estaría generando la sensación de que el sistema, movido más por planteos sesgados y fundamentalistas que por las propias normas del derecho, priva a la ciudadanía de la verdad y, por ende, de una justicia efectiva”.
En 5 carillas
Una suerte de fichas que son parte del expediente y remiten a otros seis biblioratos. Contienen los supuestos hechos de los que son acusados los fiscales. Las presuntas faltas graves señaladas van desde posibles falsificaciones de firmas de testigos hasta eventuales tergiversaciones de sus declaraciones, pasando por el hipotético secuestro ilegal (sin orden judicial y mediante un engaño) del teléfono celular de un menor y una entrevista con otro, que se habría mantenido pese a que la ley no lo permitía por carecer de las garantías necesarias.
Uno de los expedientes sostiene que a una empresa de telefonía celular se le habría ordenado, sin justificación legal, un informe sobre las llamadas entrantes y salientes de un abogado.
Llama poderosamente la atención que, siempre según las acusaciones que piden investigar Enrico y Mayoraz, en un caso, un fiscal se negó a cumplir la orden de una juzgado de primera instancia para que se requiera material grabado de una cámara de seguridad que podría haber servido en la investigación. Y que esa indicación del magistrado habría sido recurrida.
