La Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe votó por mayoría los proyectos de ley pedidos por el gobernador Omar Perotti para declarar la emergencia en materia de Seguridad Pública y sobre el Servicio Penitenciario Provincial hasta el 31 de diciembre del corriente año, pero con la opción de que el próximo gobierno pueda prorrogarlo por idéntico periodo al que la norma estuviera vigente durante 2023.
Media sanción para las emergencias en Seguridad y Cárceles
Con ese cambio sustancial -incorporado por el justicialismo con acuerdo del Poder Ejecutivo- el despacho pasó de inmediato a la Cámara baja, donde se espera que el tema sea tratado en la próxima sesión programada para mediados de abril.
Los dos bloques de senadores del peronismo, tanto Lealtad como Juan Domingo Perón, sumaron los 11 votos de los justicialistas presentes para aprobar modificaciones en el plazo de vigencia que había pedido el gobierno, en su alcance, en topes de los montos máximos para compras de bienes y servicios y en los mecanismos para su actualización. Pese a la nueva versión de la ley que impulsó la mayoría en el Senado la minoría optó por no sumarse, aunque facilitó con su presencia y con sus votos la celebración de la sesión y el tratamiento sin despacho de todas las comisiones.
Para tratar el mensaje 5019 del Poder Ejecutivo se alteró el orden de la sesión, a los fines de girar en cuestión de minutos el expediente a Diputados.
El presidente de la bancada Lealtad, Alcides Calvo (PJ-Castellanos) pidió el tratamiento especial y más adelante agradeció a la oposición por conceder el sobre tablas, pese a tener otra posición.
A su discurso calmo le siguió otro también conciliador del titular del bloque UCR, Lisandro Enrico (General López) y más tarde otro, del presidente del Comité Provincial del Radicalismo, Felipe Michlig, que en cambio fue bastante más encendido. Acaso en su apasionada exposición, el norteño cometió un error al decir que se votaba una ley para unos pocos meses “hasta el 31 de diciembre”, sin embargo la letra del proyecto cambiado por los senadores (con el visto bueno del ministro de Seguridad, Claudio Brilloni) faculta al próximo gobierno para que en los primeros días del último mes del año por decreto decida una eventual prórroga por el mismo número de meses en que la norma estuviera vigente en 2023.
Rubén Pirola (PJ-Nes-Las Colonias) habló luego de que Calvo tuviera que repetir que se había alterado la vigencia del mensaje original. El presidente provisional de la Cámara dijo que si bien no se llegaba al período planteado por la oposición (que reclamaba cubrir los primeros dos años de la próxima gestión en la Casa Gris) se había hecho previsto que se pueda duplicar eventualmente la herramienta para facilitar las compras de bienes y servicios para ambas dependencias.
Como antes Calvo, Pirola explicó que al mensaje se le añadió la emergencia para ocuparse de lo que sucede con los condenados luego de dejar la prisión, al sumarse al uso de la emergencia al Patronato del Liberado para que tenga recursos con que afrontar la reinserción.
Por otra parte, los justicialistas indicaron que se elevó considerablemente el tope para la contratación de servicios, de los 12 millones pedidos por el gobierno a 25 millones; y para las compras de los 18 millones del mensaje original a 50 millones. Además se le agregó a ambos techos para el gasto por unidad un mecanismo de actualización trimestral automático según el Índice de Precios al Consumidor elaborado por el Instituto Provincial de Estadística y Censos (Ipec).
Con Diputados
El radicalismo en el Senado, que tiene solo 7 de las 19 bancas, optó por votar en contra del despacho de la mayoría peronista, luego de haberle facilitado al oficialismo (para garantizar la gobernabilidad) el quórum y votar el sobre tablas.
Los radicales dejaron constancia en el recinto y para la versión taquigráfica que pretendían votar su propio despacho de minoría, el que constará en el expediente que ya está en manos de los miembros de la Cámara joven.
Los opositores que tiene la minoría en el Senado pero dominan Diputados entienden que la emergencia no terminará “mágicamente” el 31 de diciembre de este año, que “no se irá con el actual gobierno” y por eso entiende que debía ahora aprobarse hasta el 31 de diciembre pero de 2025.
Michlig dejó en claro que el radicalismo en el Senado prefería alcanzar un acuerdo con el oficialismo y con el gobierno provincial que garantice que se tenga una ley “inmediatamente, sin más pérdida de tiempo” porque “sabemos que Diputados va a hacer cambios a la media sanción” de los senadores.
El radical se quejó de “la falta de diálogo del gobierno provincial” aseguró que se llegó a esta instancia por “la cerrazón del gobernador Perotti” y repasó la gestión en Seguridad al enumerar: “ya van por el cuarto ministro y por el décimo jefe de la Unidad Regional de la Policía en Rosario”, sin necesidad de dar más números sobre la violencia en el sur santafesino.
Reloj de Arena
Cuando la reunión avanzó y llegó el postergado momento de las manifestaciones, Michlig volvió a la carga con la cuestión de la inseguridad. Leyó una nota de la ministra de Gobierno Celia Arena respecto de las posibles normas de importancia a tratar por la Cámara en lo que resta del período extraordinario de sesiones, ya que es el Ejecutivo quien debe habilitarlas hasta el 1ro de mayo.
Michlig advirtió que el requerimiento era algo tardío, porque apenas queda una sesión en abril (ya que los legisladores limitaron las sesiones a una frecuencia quincenal) y manifestó que aún así sería una oportunidad adecuada para que vuelva el debate sobre la adhesión de Santa Fe a la legislación nacional sobre narcomenudeo.
Como se sabe, hoy en el territorio santafesino solo la justicia federal, con sus magistrados y fiscales, es competente para recibir denuncias sobre tráfico de drogas y bunkers de venta. El senador radical recordó que la Cámara ha votado en varias oportunidades a favor de dar a los fiscales y los jueces penales santafesinos la jurisdicción para combatir el tráfico de sustancias prohibidas en pequeñas cantidades y mencionó que las demás provincias limítrofes así lo hacen, con mejores resultados.
Explicó que por ejemplo en todo el departamento San Jerónimo no hay fiscales ni jueces federales, por lo que tiene competencia el juzgado federal de Rafaela donde, según acotó Calvo, hay apenas un fiscal y no hay juez.
A esta altura, debe decirse que las medias sanciones para que la justicia santafesina se haga cargo de esos delitos “para cortarles los tentáculos a los traficantes grandes”, según la definición del justicialista Joaquín Gramajo (9 de Julio) ha tropezado siempre con el rechazo de la mayoría en Diputados.
