Sobre tablas, y al cabo de una extensa reunión de labor parlamentaria, el Senado santafesino aprobó un proyecto de ley que crea un Plan Provincial de Accesibilidad Ciudadana a los Medicamentos.
Media sanción para una ley de acceso al medicamento
La media sanción por unanimidad tiene la firma de todos los presidentes de los bloques de la Cámara alta y fue elaborado por el radicalismo. Como miembro informante habló el autor de la iniciativa Felipe Michlig (UCR-San Cristóbal) que definió como una política pública que no requerirá de nombrar ni un solo empleado y sacará provecho de “la capacidad de compra en volumen que un Estado Provincial como Santa Fe posee, para mejorar precios con la concurrencia de oferentes, y la programación de stocks, entre otros aspectos”.
El plan parte de verificar que hoy “la provisión de medicamentos a ciudadanos que carecen de obra social es ineficiente, ineficaz, descoordinada, disfuncional y con dificultades importantes para ser conducida en forma integral”.
“Por un lado -describió el radical- se adquieren medicamentos de una forma centralizada desde el Ministerio de Salud y son distribuidos para su entrega a través de los efectores públicos de salud. Pero, por otro lado, efectores de salud públicos no estatales que igualmente integran el sistema de salud pública y contando con facultades de autogestión, también compran medicamentos, en unos casos con planificación y buenas prácticas administrativas y en otros casos con baja planificación, mediante compras directas invocando urgencias. Incluso aquellas compras con recursos que no son provistos por el Estado quedan en una zona gris en materia de control externo”, destacó el senador que también advirtió que se trata de una crítica que involucra “a todas las gestiones”.
Los senadores del peronismo, tanto de Lealtad como del Nes, sumaron aportes y exposiciones en sus bancas a favor de la iniciativa que recibió cambios en la comisión de Salud que preside un médico, Hugo Sosa (PJ-Nes-Vera). Los otros colegas de la Cámara alta también aportaron al articulado y hablaron en el recinto. Miguel Rabbia (PJ-Lealtad-Rosario) subrayó las virtudes de la iniciativa y explicó que sobre la base de la estadística de los efectores públicos más los criterios científicos aplicables a la población a atender se pueden adelantar las necesidades que de medicamentos tendrá la población que no cuenta con una obra social. Y del mismo modo, Leonardo Diana (UCR-FP-San Jerónimo) explicó que el derecho al acceso al medicamento se sostiene con políticas públicas que pueden cambiar la realidad que hoy sufre un amplio sector de la población.
A las palabras de los nombrados se sumaron las de Armando Traferri (PJ-Nes-San Lorenzo) como jefe del bloque Juan Domingo Perón, del presidente provisional de la Cámara, Rubén Pirola del mismo sector (PJ-Nes-Las Colonias) y con idénticos elogios, el jefe de la bancada del radicalismo, Lisandro Enrico (UCR-General López).
Para Michlig “el proyecto que hoy traemos a tratamiento tiene una gran importancia, no solo por la dimensión de sus virtudes generales sino también por la amplitud de los impactos positivos que posee. En términos sintéticos podemos decir que se trata de procurar garantizar en los hechos un derecho esencialísimo que, si bien hoy se encuentra reconocido normativamente, su logro no es alcanzado íntegramente y la parte que es concretada lo es con baja eficiencia”.
La iniciativa fue presentada como “un salto en términos de efectividad prestacional, calidad de servicio, eficiencia de gestión y conducción estratégica por las autoridades de gobierno”.
Comprar medicamentos desde un centro único que “provea a los usuarios de una forma descentralizada a través del efector que corresponda” convertiría en “una combinación inteligente entre las virtudes de la centralización y la descentralización”.
