Megaestafa en Rafaela: "Fuimos a pedirle el dinero para operar a nuestro hijo y nos negaron la plata"

Juliano Salierno

La última semana se cumplió un mes desde que la justicia penal santafesina ordenó la prisión preventiva para los hermanos Matías y Fernando Spaggiari y para su madre Mirta Condotto, como principales responsables de una estafa piramidal, cometida en la ciudad de Rafaela y zona, entre fines de 2019 y noviembre de 2022.

Al momento de ser llevados a tribunales, la investigación, que está a cargo de la Unidad Fiscal de Delitos Complejos del Ministerio Público de la Acusación de Rafaela, contabilizaba casi un centenar de denuncias y estimaba el daño en 1.700.000 dólares y 40.000.000 de pesos. Un mes después, fuentes cercanas al caso aseguran que el número de víctimas habría alcanzado las 300, lo mismo que la cifra, que se disparó hacia un monto sideral.

En el centenar de víctimas, surgieron las historias personales, donde el efecto del daño causado alcanza consecuencias insospechadas. Una de ellas es la que cuenta Luciana Arnese, quien junto a su esposo Gabriel, se acercaron al negocio por el 'boca a boca' y debieron atravesar un duro proceso que afectó la salud de su familia en forma directa; así como su economía y la posibilidad de proyectar. Además, fueron denunciados por amenazas por quienes los habían estafado.

Primera inversión

"Nosotros teníamos que operar a mi hijo por una patología cardiológica", se concentra Luciana, que junto a su esposo decidieron invertir sus ahorros en una inmobiliaria que unos años atrás gozaba de prestigio y confianza. El plan era poder contar con el dinero para la fecha de la operación, programada para este año, pero la catástrofe se presentó unos meses antes.

“Fuimos a pedirle el dinero porque teníamos que operar a nuestro hijo y nos negaron la plata”, recuerda la mujer, sobre aquellas charlas de fines del año pasado. "Creíamos que tal vez ante esa situación se iban conmover, pero no, nos negaron la plata que era nuestra” y "nos terminaron denunciando por amenazas. Ahí entendimos la clase de personas que eran".

Confianza perdida

En paralelo, “nos encontramos con que la obra social tampoco nos cubría la ablación de Bauti”, así que “todas eran negativas y como padres estábamos completamente desesperados”. “Nunca nos imaginamos estar viviendo esta situación, sobre todo porque confiamos en las personas equivocadas”, resume.

Aunque prefiere no especificar el monto que hoy reclama por la vía judicial, Luciana cuenta que vive en Sunchales junto con su esposo Gabriel y sus dos hijos, Bauti de 10 y Sofi de 5. Son oriundos de Barrancas, pero “decidimos quedarnos a vivir en Sunchales” donde ejercen el comercio.

-¿Cómo conocieron al Grupo Spaggiari?

-A través de un cliente de nuestro local conocimos el tema. Ellos tenían una inmobiliaria como pantalla, que si bien funcionaba, detrás estaba esta financiera. Y este cliente nos comentó que tenía buen margen, por eso terminamos accediendo a llevar nuestros ahorros producto del trabajo de tantos años.

-¿Cuándo tomaron contacto?

-Eso fue en 2021, el primer contrato lo firmamos en julio. Firmamos uno en pesos y unos meses después otro contrato en dólares. Esos ahorros siempre fueron nuestro respaldo en el tema de salud de nuestro hijo, porque venimos de familias trabajadora y no tenemos respaldo económico sino que nos autofinanciamos.

-¿Cómo era la mecánica del negocio?

-Todos los meses cobrábamos los intereses en tiempo y forma, hasta mediados de 2022 que empezaron a atrasarse. Nosotros contábamos con ese ingreso mensual que en ese momento era un poco mas que los intereses de un plazo fijo.

-¿Qué pasó a partir de entonces?

-Ya en octubre del año pasado nos llega un comentario de los atrasos en los pagos y en noviembre de 2022 quisimos cobrar la cuota pero no nos atendían el teléfono, ni nos devolvían los llamados. Entonces nos enteramos que se estaban haciendo reuniones. Pero previo a eso, en octubre, cuando voy a cobrar la cuota a Rafaela, me encuentro que la oficina de bulevar Roca 608 estaba desmantelada. Ese día me acerqué a la inmobiliaria y unas personas que estaban afuera haciendo la mudanza me dicen que no me iba a atender nadie.

-¿Y qué hiciste?

-Golpeé la puerta y pasé. Adentro me dicen que no me podían abonar la cuota. En ese momento yo trataba con Miriam, la secretaria, y a través de ella, ese día logré, a duras penas, cobrar la cuota de octubre. En noviembre ya nos acercamos a esas famosas reuniones grupales que hubo.

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-¿Cómo eran esas reuniones?

-Nos tomaba los datos como si no supiera lo que les habíamos dado. Para mí ellos rompían las evidencias y físicamente en papel no tenían nada, pero nos dijeron que se les había roto el turnero. También nos dijeron que habían decidido cesar el pago de intereses y agruparnos en pequeños, medianos y grandes inversores y que en tres meses nos iban a devolver el capital.

-¿Y ustedes qué hicieron?

-Ese día, después de la reunión, tuve un encuentro personal con los dos, Fernando y Matías Spaggiari. Les expongo mi situación y Matías me dijo que él no se iba a deshacer de capital para devolver el dinero que le habíamos prestado.

-¿Sabían que tenías que operar a tu hijo?

-Yo ya les había planteado la situación de nuestro hijo, que la cirugía iba a llegar, y amén de las cuotas mensuales que necesitábamos para vivir porque formaba parte de mi economía familiar, logré que me pagaran las cuotas de diciembre, que sé que a muchos no se las abonaron. Después de ahí nos respondieron con un mensaje, para que nos comuniquemos con los abogados y que los dejemos trabajar, que necesitaban generar dinero para devolver a los ahorristas.

¿Y qué pasó después ante esa respuesta?

-Después de insistir logré una cita recién para el 9 de febrero, donde uno de los abogados nos ofreció firmar un nuevo contrato/convenio con una tasa mensual súper baja y devolvernos el capital en 24 meses, es decir en dos años.

-¿Eso se lo ofrecieron a todos?

-No, había distintas opciones dependiendo el capital de cada uno. Ante esa situación y nuestra urgencia de recuperar el dinero para la cirugía de Bauti le dijimos que no. Propusimos una negociación que consistía en recibir menos capital, pero a los dos o tres días nos dijeron que no. Ahí fue cuando les pregunté cuál era el ‘plan B’ y me dijeron que ‘haga lo que considere necesario’, empujándome a recurrir a la Justicia, un poco burlándose de nosotros, porque sabía que teníamos una urgencia a la cual hacer frente.

-¿Mientras tanto se acercaba la fecha para operar a tu hijo?

-En abril de este año nos dieron fecha definitiva de la cirugía para Bauti y nos pasaron el presupuesto que, en ese momento eran 4.000 dólares, así que fuimos de nuevo a pedirles la plata. Nos dijeron que no y nos terminaron denunciando el 8 de mayo. Paralelamente empezamos a luchar con la obra social, que nos terminó respondiendo porque descubrimos que la enfermedad de Bauti era de las consideradas ‘poco frecuente’ y las obras sociales están obligadas a cubrirlas. El colmo fue cuando fuimos a pedirles la plata y en vez de devolvernos lo que era nuestro nos ofrecieron su equipo de abogados para ir a pelear contra la obra social. Desde el momento que nos denunciaron nos condicionaron porque nunca habíamos pisado una comisaría, pero ese día tuvimos que ir y a partir de entonces no tuvimos más contactos con ellos.

Parte querellante

Parte de la historia que Luciana Arnese cuenta a El Litoral, quedó registrada en la sala de audiencias de los Tribunales de Rafaela, cuando el sábado 28 de octubre se celebró la audiencia de prisión preventiva para los hermanos Spaggiari, su madre y un grupo de cinco colaboradores. Por la cantidad de interesados, “la audiencia de medidas cautelares se hizo on-line. Empezó a las 8 de la mañana y terminó a las 11 de la noche y la vi absolutamente completa. El juez (Gustavo Bumagin) nos dio la palabra y pudimos hablar en dos oportunidades”.

“Más allá de que nuestro primer gran preocupación, que era la salud de nuestro hijo, lo hayamos podido resolver, esto para mí es algo personal por todo lo que tuve que vivir, no se lo deseo a nadie, por eso voy a ir hasta las últimas consecuencias para que paguen lo que nos deben”, declaró Arnese, quien forma parte de la masa de querellantes en la causa penal que lleva adelante el fiscla Guillermo Loyola.

Prisión preventiva

El fiscal de la Unidad de Delitos Complejos del MPA Rafaela, Guillermo Loyola, imputó a los hermanos Matías (45) y Fernando (48) Spaggiari como jefes de asociación ilícita y coautores de estafas reiteradas; mientras que a su madre Mirta Condotto (71), la ubicaron en el rol de miembro de la asociación ilícita y partícipe principal de las estafas y por la edad le concedieron la prisión domiciliaria.

Los tres cuentan con una inhibición general de bienes que alcanza a tres empresas vinculadas a la causa por 234.385.019,62 pesos cada uno, más el 50% estimado provisoriamente para intereses y costas del proceso.

La causa cuenta con otros cinco imputados, miembros de la asociación ilícita en carácter de partícipes principales de las estafas. Son tres hombres de 39, 49 y 56 años; y dos mujeres de 22 y 54 años, quienes recuperaron la libertad con medidas alternativas. En este caso la inhibición de bienes fue por un total de 33.483.574,23 pesos cada uno, más el 50% estimado provisoriamente para intereses y costas del proceso.

¿Cómo era la maniobra Spaggiari?

Un mes atrás, al término de la audiencia de medidas cautelares, el fiscal Loyola dijo que “los dos jefes de la asociación ilícita son los únicos socios del grupo inmobiliario a través del cual se ejecutaron las estafas”. En tal sentido, “las maniobras fueron cometidas entre el 28 de noviembre de 2019 y el 28 de noviembre de 2022 en perjuicio de una cantidad de personas que aún no fue determinada a raíz de que todos los días se suman nuevos denunciantes”.

“Ofrecían firmar convenios privados en los que las víctimas se obligaban a entregar dinero en efectivo –en moneda nacional o en dólares estadounidenses– en favor del grupo inmobiliario, el cual lo destinaría a inversiones en el rubro inmobiliario y en actividades productivas tales como la fabricación de ladrillos, aberturas y otros elementos relacionadas con la construcción de inmuebles”, detalló Loyola.

El fiscal del MPA precisó que “le decían a las víctimas que el dinero que aportaban les generaría ganancias genuinas, y que en plazos relativamente cortos se les reintegraría el capital más los rendimientos, los cuales serían muy superiores a los que ofrecían las colocaciones bancarias”. Loyola añadió que “en noviembre del año pasado, las víctimas dejaron de percibir los pagos de intereses y los reintegros de capital”.

“Para captar víctimas recurrieron a publicidad por distintos medios y al 'boca a boca'”, señaló Loyola y subrayó que “se aprovecharon de la fachada que les otorgaba el grupo inmobiliario de su propiedad, el cual es muy conocido en Rafaela”.