En carpeta
Milei intentará, a través del Congreso, eliminar las PASO y otras reformas electorales
Otro de los cambios apuntan al financiamiento de los partidos y a la implementación de la “Ficha Limpia”.
Claudia Cabrera
El gobierno nacional pretende enviar el paquete de iniciativas electorales en los próximos días para ser tratado luego del receso de invierno. La Cámara de Diputados debatirá proyectos de "Ficha Limpia", que propone prohibir a personas condenadas por corrupción ser candidatos.
El plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia se reunirá el 6 de agosto para discutir este tema con especialistas. Este proyecto es parte de las "leyes anticasta" anunciadas por el presidente Javier Milei en marzo y busca avanzar en reformas electorales durante la segunda mitad del año.
El paquete de reformas electorales propuesto por el gobierno de Milei busca introducir otros cambios significativos en el sistema político argentino. La discusión sobre estas reformas podría ser uno de los temas centrales en la agenda legislativa de los próximos meses.
Ficha Limpia: ¿Qué es y por qué es importante?
La ley de Ficha Limpia es una propuesta que busca prohibir que personas condenadas por delitos de corrupción puedan ser candidatas a cargos públicos. Luego del receso invernal la Cámara de Diputados retomará sus actividades con el debate de esta iniciativa, que busca modificar la Ley 23.298 de Partidos Políticos. Tiene como objetivo “fortalecer la transparencia y la integridad en la política argentina, asegurando que aquellos con antecedentes de corrupción no puedan ocupar posiciones de poder”.
El plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia, presididas por los oficialistas Nicolás Mayoraz y Manuel Quintar, respectivamente, ha sido convocado para el 6 de agosto a las 14 horas en el Congreso. A la reunión asistirán especialistas en la materia, quienes brindarán su perspectiva sobre las propuestas. Actualmente, hay iniciativas presentadas por diputados de diversos bloques, incluyendo La Libertad Avanza, el PRO, la Unión Cívica Radical y la Coalición Cívica. Esta pluralidad de propuestas refleja un interés transversal en establecer medidas más estrictas contra la corrupción.
El concepto de Ficha Limpia no es nuevo en Argentina. En 2019, durante el gobierno de Mauricio Macri se intentó darle media sanción en la Cámara de Diputados, pero la iniciativa se cayó debido a la falta de quórum. La discusión se reavivó en 2020, cuando diputados de Juntos por el Cambio impulsaron nuevamente el debate en la Comisión de Asuntos Constitucionales. Aunque no se logró avanzar, el proyecto acumuló apoyo ciudadano, con más de 366.000 firmas en una petición de Change.org organizada por Gastón Marra.
La Ley de Empleo Público establece que cualquier persona que quiera trabajar en la administración pública debe presentar un certificado de antecedentes penales. Esto significa que si alguien tiene un proceso penal abierto relacionado con delitos contra la administración pública, no puede ser contratado, aunque aún no haya sido condenado.
Sin embargo, hay una contradicción en esta normativa. A pesar de que un empleado con un proceso penal abierto no puede ser contratado, una persona que se postula para ser jefe en la administración pública no está sujeta a esta misma restricción. Es decir, alguien con un proceso penal abierto puede postularse y ser elegido para un cargo de mayor responsabilidad, lo cual genera una situación desigual.
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Este doble estándar es considerado una violación al principio de idoneidad, que sostiene que todos deben ser evaluados por su capacidad y aptitud para el cargo, y al principio de igualdad, que demanda el mismo trato para todos los postulantes sin importar el nivel del puesto al que aspiren. En resumen, mientras que un empleado común con un proceso penal abierto no puede ser contratado, un potencial jefe con la misma situación sí puede ser elegido, lo que crea una evidente contradicción y desigualdad en el sistema.
El paquete de reformas electorales
Además de la ley de Ficha Limpia, el gobierno de Javier Milei busca implementar otras reformas electorales significativas. Desde Casa Rosada, se busca centralizar la agenda legislativa, y el próximo objetivo será un conjunto de cambios en el sistema electoral, un tema que originalmente formaba parte de la Ley de Bases pero fue retirado por falta de consenso.
El Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se preguntó durante un evento en la Universidad Austral: “¿Es lógico que tengamos 65 partidos políticos? ¿Es lógico que gastemos en una PASO, en boletas, 52 millones de dólares? Un país que está económicamente destruido tiene que ser más eficiente en el gasto de sus recursos y también en la gestión de la política. Tenemos que terminar con todos esos curros”.
¿Qué incluye el paquete de reformas?
El paquete de iniciativas que el gobierno pretende enviar al Congreso dentro de un mes incluye varias propuestas:
Eliminación de las PASO: Las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias, implementadas en 2009, han sido objeto de debate constante. La eliminación de las PASO podría simplificar el proceso electoral y reducir costos, aunque también podría reducir la participación democrática interna de los partidos.
Boleta Única de Papel: Un sistema que busca simplificar y hacer más transparente el proceso de votación. Aunque ha sido discutido varias veces en el Congreso, aún no se ha implementado.
Reforma en el financiamiento de los partidos políticos: El gobierno propone eliminar los topes en las donaciones de personas y empresas a los partidos políticos y disminuir el financiamiento estatal. Esta medida busca aumentar la flexibilidad en el financiamiento, aunque genera preocupación sobre la equidad y la transparencia en las campañas.
Cambios en el sistema de votación de diputados nacionales: Este aspecto generó mucha controversia y fue uno de los motivos por los cuales el capítulo fue eliminado inicialmente de la Ley Bases.
Francos, ha defendido estas reformas, señalando la necesidad de mejorar la eficiencia en el gasto público y la gestión política. Sin embargo, la aprobación de estas iniciativas requerirá un amplio apoyo en el Congreso, donde el oficialismo no tiene mayoría absoluta.
