Megaestafa inmobiliaria: condenaron a cinco integrantes de la organización ilícita y los damnificados podrán reclamar sus bienes 

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Transcurría el año 2018 cuando la Fiscalía, encabezada por Matías Merlo comenzó una investigación por defraudaciones inmobiliarias ocurridas en Venado Tuerto y la región. 

El fiscal investigó a varias personas entre los que había médicos, escribanos, abogados, entre otros, acusados de participar en decenas de maniobras en las que los integrantes de esta asociación ilícita cumplían diferentes tareas según las escuchas telefónicas y los datos recabados de las investigaciones. Según la acusación de la Fiscalía, la organización ilícita se apropió de manera ilegal de casas y campos de personas fallecidas o vulnerables. En total habrían sido alrededor de 32 propiedades, por una cifra cercana a los 1.000 millones de pesos.

 La acusación formal fue presentada por el Ministerio Público de la Acusación en el 2019 y después de atravesar la etapa intermedia, la causa se encontraba a punto de ser sometida a juicio oral y público el año pasado, donde habría ocho acusados. No hubo novedades sobre el caso hasta ayer, cuando la mayoría de los acusados aceptaron un proceso abreviado asumiendo la autoría de los hechos que se les atribuían. El juez de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Benjamín Révori fue quien confirmó la sentencia.  

En diálogo con Sur24, el fiscal de la causa, Matías Merlo dio detalles sobre los beneficios del proceso abreviado celebrado ayer y que ahora espera por la homologación luego de la que los condenados, con Antonio Di Benedetto a la cabeza acusado de ser el jefe de la asociación ilícita, quedarán a disposición del servicio Penitenciario.  

“De las 15 personas que investigamos por la causa de la asociación ilícita involucrada con el tema de los terrenos, varias ya habían aceptado su responsabilidad y cinco que estaban en la estructura de esta organización y en condiciones de ser llevadas a juicio aceptaron realizar un proceso abreviado, asumieron la responsabilidad en el hecho y convinieron diferentes penas que son de cumplimiento efectivo. Una vez homologado el acuerdo tienen que estar a disposición del Servicio Penitenciario”, señaló el fiscal Matías Merlo.  

El juicio oral y público estaba preparado para ser de dimensiones acordes a la magnitud de las estafas que esta banda llevó a cabo. La Fiscalía había presentado una lista de 300 testigos y estaba previsto que el proceso dure más de tres meses, además de la etapa de alegatos y demás cuestiones que podrían dilatar aún más las sentencias para los enjuiciados.  

“Evaluamos las circunstancias concretas y nos pareció más acorde ponerle un punto final. De las 15 personas que teníamos investigadas, 14 ya están condenadas y los principales actores con penas de prisión efectiva. Si bien en un juicio oral y público podíamos tener un poco más de pena de la establecida (7 u 8 años para el principal autor) nos pareció oportuno fijar una pena y que se empiece a cumplir”, destacó Merlo. 

 Penas y glorias 

La sentencia lograda ayer a través del proceso abreviado, además e la condena de los acusados salvo uno que no aceptó la culpabilidad y será sometido a la instancia del juicio oral, representa para los afectados poder acudir a la Justicia Civil en reclamo de la nulidad de las escrituras que habían sido adulteradas por la organización delictiva.  

Respecto a las penas para los acusados, Merlo informó: “Logramos una pena de seis años y medio para (Antonio) Di Benedetto (Jefe de la organización) de ejecución efectiva de lo que le queda alrededor de cuatro años por cumplir, costas judiciales ($1.500.000) más una reparación económica para las personas que entregaron dinero ($3.500.000), lo que no quita que después estos damnificados tengan abierta la vía Civil para reclamarle más dinero por los daños ocasionados. También fueron condenados el gestor, Raúl Jaime (5 años de prisión efectiva y pago de reparación de daño); María de los Ángeles Sarría (4 años de prisión efectiva); Luis Restovich (4 años de prisión efectiva); Danisa Elisabet Pintos (4 años de prisión efectiva); el escribano de Armstrong, Ángel Emilio Moreale (3 año de prisión condicional, 6 años de inhabilitación profesional y una cifra de reparación de daño). En total se va a repartir entre las víctimas alrededor de cinco millones de pesos. Después ellos seguirán por la vía Civil para recuperar sus bienes”, aseguró el fiscal del MPA, agregando que “para una de las víctimas, esta sentencia representa que vuelvan 240 hectáreas a favor de ella, para otra representa 160 hectáreas, y así muchas más”. 

“Para el Ministerio Público de la Acusación es importante poner punto final y que las víctimas puedan recuperar al menos algo de lo perdido en un corto plazo y antes de un juicio que demoraría mucho tiempo”, concluyó Matías Merlo.  [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space][vc_column_text]

“De las 15 personas que investigamos por la causa de la asociación ilícita involucrada con el tema de los terrenos, varias ya habían aceptado su responsabilidad y cinco que estaban en la estructura de esta organización y en condiciones de ser llevadas a juicio aceptaron realizar un proceso abreviado, asumieron la responsabilidad en el hecho y convinieron diferentes penas que son de cumplimiento efectivo. Una vez homologado el acuerdo tienen que estar a disposición del Servicio Penitenciario”

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