Larga batalla legal
Mineros chilenos atrapados en 2010 ganaron el juicio contra el Estado
Indemnizaran a 31 de los 33. Los trabajadores argumentaron que el Estado no verificó las condiciones en la mina.
La Justicia chilena dictaminó que el Estado debe indemnizar a 31 de los 33 mineros que quedaron atrapados en 2010 en la mina San José de Copiapó con un total de US$1,4 millones de dólares, lo que se traduce en una compensación de US$46 mil para cada uno.
La Corte Suprema rechazó un recurso presentado por el Consejo de Defensa del Estado (CDE), que representa al Estado en juicios, en contra de las demandas de los trabajadores.
Estos mineros, que ya habían perdido la esperanza de que su demanda tuviera éxito, recibieron la noticia del fallo con gratitud, considerando que su espera valió la pena. Argumentaron en su demanda que hubo una falla en el servicio de las instituciones al no verificar las condiciones laborales óptimas en la mina.
Juan Illanes recibe un chequeo médico antes de la operación de rescate para sacarlo de la mina San José en Copiapó el 13 de octubre de 2010. Crédito: REUTERS.
La indemnización de US$46 mil dólares para cada minero busca aliviar las dificultades que algunos de ellos enfrentaron después de su período de fama mundial como los mineros atrapados.
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A pesar de esto, algunos, como José Ojeda, el autor del famoso mensaje que confirmó que los 33 estaban con vida, no quedaron completamente satisfechos con la decisión.
En 2018, se les iba a otorgar US$93 mil, pero la CDE apeló la decisión inicial, reduciendo la cifra a la mitad. Según Ojeda, esta resolución fue más un cierre del caso que una verdadera búsqueda de justicia.
Darío Segovia habla con los medios de comunicación mientras está rodeado por trabajadores mineros de San José durante una manifestación.
El abogado de los mineros, Jorge Ríos, estima que tomará entre dos y cuatro meses antes de que los mineros reciban la indemnización. Dos de los mineros no se unieron a la demanda contra el Estado: Juan Illanes, quien cree que la empresa para la que trabajaban debería indemnizarlos en lugar del Estado chileno, y Raúl Bustos, que ha decidido no seguir involucrado en el caso.