Movilización y reclamo de prestadores de servicios de salud para personas con discapacidad
En horas de la mañana de este martes, prestadores de servicios a personas con discapacidad realizaron una movilización para reclamar por las demoras en los pagos de las obras sociales y las complicaciones que ello conlleva. De la convocatoria también participaron familiares de personas con discapacidad y dirigentes políticos, entre ellos la diputada provincial Rosana Bellatti y las concejales Mariana Iturbide y María Verónica Ruiz.
La concentración fue, como es habitual, en la esquina de 25 de Mayo y Belgrano, frente a la iglesia Catedral y contó con la participación de un centenar de personas, quienes reflejaron sus solicitudes en carteles y pancartas. Luego se llevó a cabo una pequeña marcha por los carriles interno de la plaza San Martín y algunas calles céntricas.
Uno de los ejes centrales de la movilización está relacionado con los pagos de los servicios, que se efectúan “3 o 4 meses después de brindada la prestación”. A ello se le suma que “los aumentos no se corresponden con la inflación del país; que las prestaciones de discapacidad están en riesgo porque la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) quiere dejar de cubrirlas, incluso este mes no transfirió el dinero a las obras sociales para pagar nuestros honorarios, es decir que estamos hace más de un mes sin cobrar”, precisaron en un comunicado.
Recortes nacionales
Por medio de una resolución, la edil y médica pediatra María Verónica Ruiz le solicitará al ministro de Economía Sergio Massa que de marcha atrás con su polémica decisión, que establece un ajuste presupuestario total de $210.000 millones, de los cuales $10.000 millones corresponden al área de salud, y al Fondo Solidario de Redistribución, que se usa para pagar servicios de alta complejidad, servicios de discapacidad y otras prestaciones.
Al respecto, la líder del PRO venadense manifestó: “Se trata de un recorte insólito. Las prioridades de este gobierno son inentendibles. Mientras que se imponen ajustes en la educación, en vivienda, infraestructura, jubilaciones y salud, se continúa multiplicando la generación de nuevas asignaciones y planes sociales”. Y agregó: “En lugar de velar por soluciones para los jubilados, para quienes sufren de una discapacidad, y para quienes más padecen esta crisis, el Ejecutivo Nacional opta por castigarlos con esta inentendible decisión. Realmente, queda de manifiesto que el rumbo de este gobierno es inexistente, y las incoherencias se acumulan día a día”.
Pedido a la SSS
Por su lado, Mariana Iturbide mostró su apoyo y adhesión “al reclamo de los prestadores de servicios de la salud para personas con discapacidad” y “repudiamos enérgicamente el desfinanciamiento”.
“Creemos que es fundamental el urgente pago a los prestadores y nos solidarizamos con las familias que están siendo afectadas por este ajuste”, indicó, adelantando que en la sesión de este miércoles del Concejo Municipal “presentaré una resolución solicitando a la Superintendencia de Servicios de Salud que normalice el pago y para que el gobierno nacional revoque esta medida injusta y arbitraria”.