Municipalidad de Venado, Lagna y Pullaro en el listado de 661 personas investigadas por fiscales

En la que ya parece una de las novelas del verano, la causa en la que se investiga un presunto espionaje ilegal dentro del gobierno santafesino sumó un nuevo capítulo esta semana. Es que luego de que trascendieron algunos nombres de las supuestas víctimas, se conoció un listado de 661 personas, sobre las que los fiscales Mariela Jiménez y Ezequiel Hernández pidieron información al fiscal regional Carlos Arietti, para comprobar si habían sido objeto de investigaciones durante la gestión de Marcelo Sain al frente del Ministerio de Seguridad.

Los nombres, apellidos y números de identificación de las 661 personas constan en un oficio, fechado el pasado 15 de diciembre, al que tuvo acceso este medio. En él hay figuras de la política, referentes del sistema judicial, abogados, policías, empresarios y algunos periodistas. También hay CUITs de industrias, medios, cooperativas, clubes, municipalidades, sindicatos, concesionarias y constructoras.

Entre esa nómina, aparecen el actual ministro de Seguridad, Jorge Lagna; el ex titular de esa misma cartera y hoy diputado, Maxi Pullaro; dos hermanos de Pullaro; la Municipalidad de Venado Tuerto; y el asesor, Daniel Di Lena.

Se infiere que el listado -que los fiscales definen como el primero de otros que podrían agregarse- surge como resultado de las pesquisas realizadas por los fiscales, pero en rigor de la verdad, tanto Jiménez como Hernández no han revelado mayor información sobre su investigación. Tras la irrupción en la sede del Ministerio de Seguridad en Rosario a fines de noviembre, los funcionarios del Ministerio Público de la Acusación (MPA) solo se limitaron a decir -a través de un comunicado difundido días después- que se corroboró “gran cantidad de evidencia”, pero no mucho más.

Por su parte, los funcionarios implicados siempre señalaron que nunca se realizó ningún tipo de tarea de espionaje o ilícito similar, sino que siempre se trató de búsqueda de información -dentro del marco de la ley- para investigaciones criminales. En su momento, en una entrevista con El Litoral, Sain negó la acusación, y además de definirse como víctima de “lawfare”, aseguró que todas las investigaciones se hicieron en el marco de asistencia a la Justicia, en el caso de personas involucradas en causas judiciales. “Otra cosa es decir ‘vamos a hacer el perfilamiento de determinada persona’ y buscar información de sus cuentas, de sus propiedades, eso es ilegal. Y negamos rotundamente ese tipo de actividades”, sostuvo.

De la política al mundo empresario

El lector puede recorrer por sí mismo el listado de 661 nombres, que se deja como elemento agregado al final de esta nota. Como se comprueba, hay figuras relevantes de la política, como el ex gobernador Antonio Bonfatti, la vicegobernadora Alejandra Rodenas, el diputado nacional Roberto Mirabella, y los diputados provinciales Paco Garibaldi, Julián Galdeano y Maximiliano Pullaro. Pero también varios integrantes del propio gobierno santafesino: desde el presidente del directorio de la EPE Mauricio Caussi hasta funcionarios de tercera línea del Ministerio de Seguridad, pasando por el ex titular de Asuntos Penitenciarios Jorge Bortolozzi (hoy secretario de Seguridad Pública).

También se incluyen importantes referentes del sistema judicial. Se puede visualizar el nombre de los fiscales Matías Edery, Adrián Spelta, Aquiles Balbi y Gabriela Lema, así como también del juez federal Marcelo Bailaque y la ex magistrada Laura Cosidoy. Está asimismo la jefa de la Policía Emilce Chimenti.

Varios abogados penalistas están en la nómina. Entre ellos el defensor de Luis Peiti, Luis Rossini, y el de varios integrantes de la banda Los Monos, Carlos Varela. También sus colegas Gustavo Feldman, Jorge Bedouret y Paul Krupnic.

El rubro de los negocios también está presente. La nómina muestra al titular del Grupo Oroño Roberto Villavicencio, la familia Quaranta -dueña del Sanatorio de la Mujer-, el ex líder del Cordón Industrial Herme Juárez, el metalúrgico Orlando Castellani y el gastronómico Roberto Dutra, entre otros.

Ni confirman ni desmienten

“No vamos a confirmar ni desmentir oficialmente esa lista”, señalaron importantes fuentes del Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe, luego de que se difundiera un listado de 661 nombres de personas, instituciones y empresas que podrían haber sido investigadas en forma ilegal durante la gestión de Marcelo Sain al frente del Ministerio de Seguridad provincial.

Si bien es cierto que existe una causa penal que llevan adelante los fiscales Mariela Jiménez y Ezequiel Hernández, de la Unidad Especial de Delitos Complejos de la Regional Nº 1, también es claro que ninguno de los dos, ni de su superior, el fiscal Regional Carlos Arietti, accedieron a ampliar ni confirmaron la información en danza.

No obstante, fuentes de su entorno recordaron que “la hipótesis de trabajo es sobre la recopilación de información de personas, instituciones y empresas sin un justificativo legal” y que para ello “estamos chequeando si esas personas y empresas fueron o no víctimas”. Es así que “si eso se confirma, esas personas se van a enterar” a su debido tiempo.

“Con lo cual, a la preocupación de algún empresario o directivo de firmas que tengan la sospecha de que han sido investigados, que esperen; tenemos que chequear si son o no víctimas”, reiteraron.

Violación de secreto

En tanto, como es de público conocimiento, puertas adentro de la fiscalía, confirmaron que tras conocerse algunos nombres de funcionarios apuntados en la lista “hubo dos presentaciones”, en referencia a las realizadas por el diputado Maximiliano Pullaro y el ex funcionario del Socialismo, Pablo Cococcioni. “Pudo haber habido otras que no fueron publicadas todavía”, previnieron.

Y si bien la fuente fue contundente al reiterar que “la investigación está bajo reserva”, confirmó a su vez que “se inició una investigación penal preparatoria por violación de secreto”. En tal sentido aclararon que “no es contra los periodistas” que difundieron la lista “sino contra el funcionario público” que podría haberla filtrado.

A propósito, aclararon que “hubo una diligencia investigativa que implicó verificar en toda la provincia si esas personas e instituciones eran objeto de una investigación” y por ende “dada la magnitud de la investigación hay otra gente que accede”.

Modus operandis

Por otra parte, fueron contundentes al destacar que la investigación no trata sobre “escuchas ilegales” sino que refiere a otras formas de recopilación de información, ya sea personal y de vida social (a través de redes sociales); patrimonial (mediante la incursión en asientos del Registro de la Propiedad); contratación de servicios (como la EPE, etc); sobre viajes y salidas del país (Oficina de Migraciones) y otros ítems por el estilo.

Recientemente, el MPA recibió informes del Registro de la Propiedad y de Catastro provincial, a cuyos organismos se les requirió “conocer desde qué claves se hicieron consultas puntuales” para luego determinar “desde qué usuarios e IP se hicieron y cuál fue la finalidad”.

Marco legal

La investigación fiscal se enmarca en la Ley Nº 25.520 de Inteligencia Nacional; así como por los delitos de “asociación ilícita”, “malversación de caudales públicos” y “violación de secreto”.

Puntualmente, la ley de Inteligencia Nacional prescribe en su Artículo 4to. Inciso 2do. que “ningún organismo de inteligencia podrá” (…) “obtener información, producir inteligencia o almacenar datos sobre personas, por el solo hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas, u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales, así como por la actividad lícita que desarrollen en cualquier esfera de acción”.

En tanto, el artículo 43 ter del mismo cuerpo legal reprime “con prisión de tres (3) a diez (10) años e inhabilitación especial por doble tiempo, todo funcionario o empleado público que realice acciones de inteligencia prohibidas por las leyes 23.554, 24.059 y 25.520”.

Además señala que “Incurrirán en el mismo delito quienes hubieran sido miembros de alguno de los organismos integrantes del Sistema de Inteligencia Nacional que realicen acciones de inteligencia prohibidas por las leyes 23.554, 24.059 y 25.520”, según artículo incorporado por art. 23 de la Ley N° 27.126 B.O. 05/03/2015.

Sur 24 / El Litoral / Julian Salerno / Juan Chiummiento