Nayib Bukele y Las Maras

Iván Ambroggio

En octubre de 2013, el entonces secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), el chileno José Miguel Insulza Salinas, dijo en el Club de la Prensa en América Latina hay mucha democracia y poca institución. Lo dijo como anunciando un proceso que se profundizaría y lamentablemente acertó. En un informe basado en un abundante trabajo de campo, InSight Crime y la Asociación para una Sociedad más Justa (también conocida como ASJ), explicitan que las dos más grandes pandillas de Honduras, la MS13 y Barrio 18, están evolucionando, y dejan claro cómo su actual modus operandi da como resultado sorprendentes niveles de violencia (**).

En marzo de 2022, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, les declaró la guerra a las pandillas en su país. La política de mano dura de Bukele terminó con el dominio que las pandillas ejercían en el territorio nacional, según el gobierno. El país disminuyó su tasa de homicidios de 106 cada 100 mil habitantes en 2015, a 2,4 en 2023. No obstante, diversas organizaciones no gubernamentales expresaron que recibieron más de seis mil denuncias de violaciones a los derechos humanos, principalmente por detenciones arbitrarias y torturas, y registraron la muerte de más de 200 detenidos bajo custodia estatal.

Las Maras son las pandillas callejeras que transcendieron el barrio y que ponen en jaque a ciudades y países enteros. Algunas tejieron vínculos con el narcotráfico y el crimen organizado. Estas bandas surgieron en los años 1960, pero adquirieron mayor poder y relevancia a partir de los años 1980. El Salvador, Guatemala y Honduras son los tres Estados donde los mareros se cuentan de a miles, igual que en México y en Estados Unidos. La extorsión es un método para financiar su existencia. Mediante, la llamada "renta" o "impuesto de guerra" (en Honduras) las maras cobran una cantidad de dinero a las personas, especialmente a los trabajadores del transporte público y a los comerciantes. La recolección del dinero la efectúan con una frecuencia semanal o mensual. Si no se paga la renta, el colectivo es incendiado o la persona es asesinada sin contemplaciones.

En los años 90, una de las marcas distintivas de los mareros eran los cuantiosos tatuajes que exhibían en sus cabezas y en casi todo su cuerpo. Hoy, para evitar la estigmatización, algunos ocultan sus tatuajes, se los borran y/o se los hacen en zonas del cuerpo no visibles a simple vista. Poseen un código moral que contempla severos castigos y crueles actos de venganza. Empezaron como tribus urbanas reclutando gente muy joven. Su objetivo es el reconocimiento y el sentido de pertenencia a una causa. "Vivir la vida loca", sin importar que esto implique transgredir leyes y normas sociales, es el eslogan organizacional de estos grupos. Sexo, extorsión, drogas y violencia desenfrenados, es un coctel impactante que inunda las calles de los países donde estas pandillas residen. El narcotráfico no es su principal objetivo. No obstante, hay estudios que revelan sus conexiones y argumentan que la violencia ejercida por las maras fue el valor agregado que motivó que fueran contratadas por el cartel de Sinaloa, como ejército de combate.

Las Maras no operan en células (como el terrorismo) sino a través de clicas, entendiéndose por tal a las pandillas barriales. El flagelo de estas organizaciones es multidimensional, y, por tanto, tiene una estrecha relación con la economía formal y la falta de estructuras sociales que brinden contención a grupos numerosos de personas. La exclusión del sistema formal es un ingrediente que impulsa a muchos seres humanos a decidir (algunos no tienen ni siquiera la posibilidad de escoger) vivir en un mundo de ilegalidad, violencia y extorsión.

Las recetas económicas que aconsejaban la necesidad de un Estado mínimo y la implementación de una teoría fabulosa de derrame económico y desarrollo durante la década de 1990, merced a la implementación de privatizaciones sin límites y a un capitalismo rabioso, dejaron profundas secuelas en las sociedades del hemisferio. Sus efectos fueron pueblos fragmentados y sumas dolorosas de desocupados y postergados. Un informe de Latinobarómetro reveló que en América Latina el 20% más rico posee el 57,8% del ingreso, mientras que 127 millones de pobres vivían hacinados en las ciudades. En esta región del mundo vive el 9% de la población mundial y se produce el 33% de los homicidios del planeta. Sin dudas, uno de los principales factores del aumento de la violencia y la falta de seguridad tiene que ver con la mala distribución de la riqueza.

Los integrantes de Las Maras encuentran un sentido de pertenencia en estas organizaciones criminales que no conocieron en el mundo formal. Y una vez que las personas ingresan a estas organizaciones, la salida (con vida) de esas estructuras violentas, es prácticamente imposible. Basta con recordar el caso de Ernesto Smokey Miranda, un ex soldado de alto rango y uno de los fundadores de la Mara Salvatrucha, quien el 13 de mayo de 2006 fue asesinado en su casa en El Salvador, unas horas después de negarse a asistir a una fiesta para una miembro de la banda que acababa de ser liberada de la prisión. Su pecado mortal: había comenzado a estudiar Derecho y a trabajar para mantener a los niños fuera de las pandillas.

Un capítulo aparte merece la percepción del temor. Esta variable es independiente de la victimización. Unas investigaciones realizadas en los Estados Unidos en la década de 1960 demostraron que el aumento del temor no estaba correlacionado con un aumento de la criminalidad. Existen países donde la violencia es alta y la percepción de inseguridad de la ciudadanía es baja debido al reconocimiento de los avances logrados en materia de seguridad en las últimas décadas (es el caso de Colombia, por ejemplo); y países donde la tasa de homicidios es baja comparativamente con los Estados de la región, pero la percepción es alta por la elevada tasa de robos (Argentina, por ejemplo).

Existen dos América Latina: la que disfruta de los beneficios del crecimiento y la que mira por la ventana cómo disfrutan los otros. El paisaje se completa con violencia, como modo de solución de conflictos y Estados que no logran imponer la ley en sus territorios. En este contexto, la educación universal y gratuita se convierte en una herramienta clave para disminuir las asimetrías y producir tejidos sociales más integrados. Mientras esto no suceda, las maras y otras organizaciones criminales seguirán reclutando en las calles más vulnerables del hemisferio, ejércitos de jóvenes desesperanzados y desplazados del mercado formal que no necesitarán mucho análisis para decidir integrar sus filas. En películas donde abundan inequidad, vulnerabilidad e ilegalidad, la violencia siempre trota por las calles.

¡1.420 años de prisión para un pandillero!

La Justicia salvadoreña condenó a 1.420 años de prisión a Ángel Geovany Guzmán González, un pandillero de la Mara Salvatrucha hallado culpable de más de 70 delitos graves. A Guzmán González le fueron probados siete homicidios agravados, 37 extorsiones agravadas y 25 casos de conspiración para asesinar personas, informó en X la Fiscalía General del país centroamericano.

En el mismo proceso, se impusieron penas de cárcel a otras 45 personas pertenecientes a la organización, a quienes se encontró responsables de asesinar a fiscales y a agentes de la Policía Nacional Civil entre 2018 y 2019, en distintos puntos de la geografía salvadoreña. Asimismo, se determinó su culpabilidad en la extorsión a transportistas y vendedores de mercados, a los que se les exigía el pago de una cuota de 10.000 dólares, abonada en una entrega, que sería empleada para cancelar los honorarios de la defensa de los pandilleros encarcelados.

En adenda, el Ministerio Público divulgó las condenas de Francisco Borromero López Pérez (308 años), Carlos Eduardo Díaz Rodríguez (567 años), Hugo Alexander Argueta Bonilla (764 años), Cristian Alfredo Majano Lazo (277 años), Luis Enrique Osorio García (288 años), Kevin Antonio Romero Martínez (338) y Joel Santiago Zelaya Pérez (208 años), según el sitio Actualidad RT.

(*) Internacionalista, magister en Smart Cities, especializado en Seguridad en la Universidad Nacional de Defensa de Washington, director de Gestión de Gobierno en la Universidad de Belgrano.

(**) InSight Crime es una fundación creada en 2010, y sede central en Washington (Estados Unidos), dedicada al estudio y la investigación de amenazas para la seguridad nacional y la ciudadanía en América Latina y el Caribe, proporcionando informes periódicos, análisis e investigaciones sobre el tema y sobre los esfuerzos de los estados para combatirlo. La ASJ, por su parte, es una organización civil hondureña creada en el año 1998 con la misión de trabajar para una sociedad donde prevalezca la justicia.