Nueva ley: la Corte santafesina tendrá siete miembros con edad límite de 75 años

Luis Rodrigo / Mario Cáffaro

La Legislatura sancionó una serie de reformas a la integración y al funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia al modificar distintos artículos de la Ley orgánica del Poder Judicial, la 10.160 que dispone, entre otras cosas, que a futura la máxima instancia de la justicia tendrá siete ministros y el Procurador, y que cesarán automáticamente en sus funciones a los 75 años.

El tema fue primero votado en la Cámara de Diputados luego de extenso debate donde hubo fuertes cuestionamientos de Somos Vida y de cuatro diputados justicialistas pero el oficialismo de Unidos para Cambiar Santa Fe sumó los votos de Hacemos (el bloque justicialista que tiene como referente a Omar Perotti) más el Frente Amplio por la Soberanía. Luego, el expediente fue votado sobre tablas en el Senado únicamente con el voto de Unidos y la abstención de la bancada justicialista. "Somos Unidos para Cambiar Santa Fe y creemos necesario que se debe empezar a cambiar la Corte cuyos integrantes tienen un promedio de 24 años en los cargos, lo que significa que pasaron seis gobiernos constitucionales" señaló el radical José Corral al cerrar el debate que tuvo exposiciones muy críticas desde Somos Vida, especialmente a través de Emiliano Peralta y Amalia Granata así como de la justicialista Amalia Granata.

Más allá de los fuertes discursos de Peralta y Granata antes de votarse el texto, Omar Paredes integrante de Somos Vida pidió autorización para abstenerse en la votación.

La reforma sancionada modifica seis artículos del título de la Ley Orgánica referida a la Corte Suprema y otros dos artículos sobre el personal judicial. El corazón de la reforma es elevar a siete la actual composición de seis ministros, reclamo de tener composición impar que fue incluso muchas veces reclamada por la propia Corte, más un artículo para clarificar lo que la mayoría de las cámaras entendió que corresponde clarificar es cuándo corresponde el cese de funciones de los magistrados del Poder Judicial. La Constitución provincial establece el límite en 65 años y la Carta Magna nacional en 75 y la norma votada se inclina por ésta última edad.

A partir de la promulgación, la Corte se compondrá de siete ministros y un procurador "debiendo esa conformación procurar el cumplimiento del principio de paridad de género y reflejar diversa procedencia regional".

El artículo más polémico señala que ministros y procurador "cesan automáticamente en sus funciones al alcanzar los

75 años de edad. Dicho cese no se encuentra sujeto a decisión o condición alguna y se produce, de pleno derecho, el mismo día que alcancen esa edad. Un nuevo nombramiento, precedido de igual procedimiento, será necesario para mantener en el cargo a cualquiera de dichos funcionarios, una vez que cumplan la edad de 75 años. Todos los nombramientos de quienes alcancen la edad indicada se harán por 5 años".

"Si no han sido designados nuevamente con anterioridad al cese automático o al vencimiento de cada designación efectuada conforme lo dispuesto en el párrafo precedente, pierden su condición de ministro/a y procurador/a general y dejan de percibir la remuneración correspondiente a su cargo".

"El trámite del procedimiento para una nueva designación y aún el acuerdo de la Asamblea Legislativa, no obstará al cese automático previsto en este artículo si no se ha producido dicho nombramiento por parte del Poder Ejecutivo".

Los socialistas Lionela Cattallini y Rubén Galassi; Ariel Bermúdez (Creo), los radicales Martín Rosúa y Corral; el justicialista Marcos Corach y Fabián Palo Oliver (FAS) expusieron las razones del voto positivo más allá de alguna diferencia en particular del justicialista.

Además Peralta y Granata, también Silvia Malfesi expuso en contra desde Somos Vida al igual que Lucila De Ponti, Rodenas y Miguel Rabbia desde el justicialismo y los celestes independientes expresados en Natalia Armas Belavi y Juan Domingo Argañaraz.

Precisamente Bermúdez cuyo proyecto encabezó el expedientes recordó que desde 2017 viene presentando el proyecto de ampliación de la Corte basado en el propio ministro Daniel Erbetta que habló de una Corte insólita de seis miembros que en casos de empate debe recurrir a un camarista. "Somos enemigos del statu quo; abogamos por instituciones transparentes a la altura de las circunstancias actuales" remató su ponencia la socialista Cattallini.

En cambio, Peralta cuestionó que no hubo intención alguna de consensuar reformas a esta proyecto al que enmarcó en una pelea entre el presidente de la Corte y el gobernador. "Ninguna de las reformas que presentamos fueron tomadas en cuenta y estamos reformando el máximo tribunal" se quejó el reconquistense. Luego, habló de que el gobierno está al filo de la institucionalidad porque con esta ley "puede limpiar a cinco ministros. Es un disparate, una vergüenza histórica", afirmó.

"Nos merecíamos este debate desde hace años" dijo Palo Oliver quien sostiene que ministros se quedan en los cargos sin soporte legal alguno. Rodenas aclaró que "esto no es una reforma, es un acuerdo superestructural" y Granata habló del "monarca" Pullaro, de que la Cámara era una escribanía y pidió a sus pares reflexionar sobre la cesión de tanto poder al mandatario.

Para Rosúa es clave tener número impar de miembros así como fijar la certeza de cuándo un ministro debe dejar el cargo. Corach admitió que parte de las propuestas de su bloque fueron atendidas como la necesidad de que se convoque a audiencias públicas para temas de interés. El justicialista aclaró que la redacción de los 75 años no es retroactivo sino para de aquí en más.

Galassi hizo una respuesta política a planteos de la oposición para aclarar que "inamovilidad no es igual a perpetuidad. Con la ley damos certeza de cuándo es el momento del retiro", agregó.

El cierre estuvo a cargo de Corral quien marcó que una Corte de siete además de romper la paridad, facilitará la rotación de ministros en el tiempo histórico. "Nadie del Poder Ejecutivo, ni Unidos se va a llevar puesta la institucionalidad pero no vamos a renunciar a las herramientas que nos da la ley siempre buscando los mayores consensos posibles" señaló.