Nuevo respaldo del Senado a Traferri para evitar imputación e indagatoria
La Cámara de Senadores sostiene que uno de sus miembros, el senador Armando Traferri, “no puede ser sometido a proceso penal” sin “la autorización de dos tercios” de sus integrantes presentes, tal como sostiene el artículo 51 de la Constitución Provincial.
A ese enunciado puede resumirse la posición del cuerpo deliberativo que rechaza el fallo del juez de cámara del fuero laboral, José Luis Mascali, quien ha declarado inconstitucional ese artículo de la Carta Magna santafesina y con ello habilitó en segunda instancia a los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra a enviarle una cédula judicial al legislador, a pesar de que la Cámara alta les había rechazado, en diciembre de 2020 el desafuero de Traferri.
El fallo del juez Mascali parte de la idea de que Santa Fe debería tener fueros para los legisladores idénticos a los que existen a nivel nacional, con los que diputados y senadores pueden ser indagados e imputados pero no detenidos.
Nota y respuesta
El Senado ha expresado el respaldo a Traferri para que no acepte ser indagado ni imputado tras una nota que el propio jefe de la bancada del Nuevo Espacio Santafesino había ingresado a la Cámara. Allí les informó formalmente a sus pares lo que ya todos sabían: que por el fallo de Mascali había sido citado por los fiscales.
El tema fue lógicamente derivado a la Comisión de Asuntos Constitucionales, cuyo dictamen fue elaborado por Joaquín Gramajo (PJ-Nes-9 de Julio) y firmado por siete de sus diez integrantes, todos del radicalismo y de esa línea del peronismo.
Al momento de ponerse a consideración del cuerpo ese documento (que seguramente formará parte de los antecedentes que presentará Traferri a la justicia) podrá decir sin medias tintas que fue votado de manera afirmativa por 12 de los 19 representantes. Y que 5 senadores de Lealtad presentes se abstuvieron.
Oral y escrito
En el ámbito legislativo importa lo que por escrito se aprueba, pero también lo que en el debate se dice para argumentar a favor o en contra de un asunto o proyecto. El Diario de Sesiones contiene a ambos, lo aprobado y lo dicho.
En el primer plano el documento que le dice a Traferri que “no corresponde” que sea citado, indagado y mucho menos imputado.
El dictamen recuerda que la Cámara ya votó mantener las inmunidades parlamentarias a Traferri y agrega copia del acta de aquella sesión. De inmediato pasa al artículo 51 de la Constitución Provincial y los artículos 27 y 29 del Código Procesal Penal de Santa Fe.
“Huelga decir que trata de un acto propio y privativo de la apreciación y resolución del Poder Legislativo, no susceptible de revisión por ningún otro poder del Estado”, expresa el Senado.
Luego, dice que con su fallo el juez Mascali “desconoce un principio fundamental del derecho constitucional argentino (…) en cuanto las provincias pueden establecer legítimamente, para su organización institucional, soluciones diversas a las adoptadas por el Constituyente o el legislador nacional”.
Ese argumento se presenta acompañado de un extenso dictamen del constitucionalista Santiago Alfonso(h), cuyo aquilatado currículum con antecedentes de primer orden en el país y a nivel internacional fue leído en la sesión por Gramajo. Lo describió como “uno de los constitucionalistas más reconocidos de la Argentina”.
Advierte que todas las constituciones provinciales contienen disposiciones con más o menos protecciones especiales para los legisladores, porque su propósito es proteger la voluntad popular expresada en la representación legislativa “dentro del ámbito propio de la autonomía de los Estados Provinciales” dentro del marco que prevén los arts. 5 y 123 de la Constitución Nacional.
Contra el fallo
Sostiene que el fallo en segunda instancia “fácticamente opera a modo de una reforma de la Constitución Provincial, ahora por vía judicial, mediante la derogación para el caso particular del art. 51 de la misma” en oposición al único procedimiento que los senadores creen legítimo: el previsto en los arts. 114 y 115 de dicha carta.
Desde su banca, Gramajo insistió en explicar qué significa que pueda modificarse la Constitución por vía de fallos judiciales. Se preguntó qué pasaría si en Córdoba o Tucumán un juez dice que todas sus leyes no son constitucionales porque provienen de un sistema unicameral cuando la Constitución nacional establece la bicameralidad, y de modo más cercano, si un juez santafesino o mendocino dijera que debe habilitarse la reelección inmediata del gobernador, tal como existe la del presidente, con idéntico razonamiento al que ha guiado a Mascali.
Sin mencionar al peronismo en los ’90 y al dos veces gobernador Carlos Reutemann recordó que “se fue” a la Corte Nacional con el propósito de habilitarle la reelección al Lole con un resultado catastrófico para el PJ santafesino “de 9 a a cero”, que luego fue ratificado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Como conclusión el dictamen dice: “La resolución emanada del Colegio de Jueces de Segunda Instancia de la 2da Circunscripción Judicial, el día 5 de julio de 2021, es abiertamente contraria a las disposiciones constitucionales ya mencionadas; ha generado un innecesario conflicto de poderes. Que, como señala el ya citado Dr. Alfonso (h) Santiago en su dictamen, el art. 27, primer párrafo, del Código Procesal Penal de la Provincia de Santa Fe es plenamente válido y legítimo”.
“Que en definitiva, tal resolución judicial no debe conmover lo resuelto legítimamente por esta Honorable Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe, en cuanto rechazó el pedido de desafuero del senador Armando Traferri”.
Audiencia imputativa
El senador provincial del PJ Armando Traferri fue citado a audiencia imputativa para el lunes 23 de agosto, a las 14, por los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery, quienes lo acusan de ser “jefe-organizador de una estructura vinculada al juego ilegal y a la corrupción institucional en Santa Fe”, según la acusación que fue rechazada por el Senado santafesino al denegar el retiro de los fueros a ambos integrantes del Ministerio Público de la Acusación. Previamente, patrocinado por los abogados Oscar Romera y Juan Ignacio Murray, el legislador había planteado un recurso de inconstitucionalidad contra la reciente decisión del camarista José Luis Mascali, que le dio luz verde a la audiencia.
¿Qué dice el oficialismo?
Para el bloque de senadores del oficialismo lo aprobado por la mayoría de la Cámara “roza el conflicto de poderes” al “inmiscuir al Poder Legislativo en un juicio al que es ajeno”, y corresponde que se lleve a cabo “entre partes”.
Así lo expresó Ricardo Kaufmann (PJ-Lealtad-Garay) quien se preoucupó en buena parte de su discurso de explicar que la bancada más cercana al gobierno provincial se abstiene porque en términos institucionales considera que no corresponde lo expresado por el dictamen, no respecto de las cuestiones personales que afectan a uno de los miembros de la Cámara.
