Obras Sanitarias, al rescate de unos $500 millones por servicios impagos

Las autoridades de la Cooperativa de Obras Sanitarias anunciaron el viernes último un plan de pago para que todos los socios puedan cancelar sus deudas, abarcando conectados y no conectados a los servicios. Las alternativas divulgadas ofrecen hasta 12 cuotas fijas (36 para jubilados) y descuentos de hasta 100% en los intereses, como fue reflejado ese mismo día en la web de Sur24 y este lunes se reprodujo también en la edición impresa.

Además, en la rueda de prensa, el presidente del Consejo de Administración, Carlos Guillén, ante la consulta del periodismo local, ahondó en la actualidad de la empresa, que sin vacilar calificó de “preocupante”, y cuyos orígenes ubicó en los desfasajes tarifarios, dado que, por distintas circunstancias, el Concejo Municipal no aprobaba las periódicas actualizaciones surgidas de la fórmula polinómica fijada en el contrato de concesión del servicio. Este fenómeno se profundizó desde el comienzo de la pandemia, pero, como lo remarcó el dirigente, a la mayoría de las empresas de servicios se las compensó con subsidios, que no fue el caso de Obras Sanitarias.

Obras Sanitarias anunció un beneficioso plan de pago para socios endeudados

Ante esta situación, “para no resentir la calidad del servicio, ni en agua potable, ni en cloacas ni en incineración de residuos patológicos, estuvimos haciendo malabares”, admitió Guillén.

Para colmo, a diferencia de las proveedoras de energía eléctrica, por ejemplo, que cuentan con instrumentos contundentes para evitar la morosidad, como el corte automático del servicio en cierto plazo, en Obras Sanitarias el procedimiento técnico es más complejo, y hasta obliga a destinar operarios para la ejecución de un trabajo adicional, más allá de que, legalmente, tienen la potestad de la interrupción o, al menos, de la limitación del abastecimiento en el caso del agua potable.

Desfasaje tarifario

Para dimensionar el estado de cosas, el vicepresidente Franco Martínez especificó que el atraso tarifario había llegado al 120%, medido a fines de junio del año pasado, es decir que hoy, nueve meses después, el porcentaje es bastante mayor, aunque el Concejo acaba de aprobar una actualización del 80%. Así, a mediados de marzo, el atraso orilla el 35% y empieza a urgir una audiencia pública para aprobar una actualización desde junio de 2022 hasta el presente, con lo cual puede especularse que el retraso vuelve a estar próximo al 100%.

“Esta actualización que autorizó el poder concedente es sólo para salir del paso, para no seguir perdiendo plata, porque los costos se dispararon con la inflación y los insumos dolarizados y, al mismo tiempo, hay que hacer frente a los aumentos salariales en el marco de las paritarias”, puntualizó Martínez. No obstante, desde la COS no cargaron todas las culpas en el cuerpo legislativo, sino que prefirieron distribuirlas. “Creo que todos tenemos alguna responsabilidad, y esto viene desde hace mucho tiempo, porque lo cierto es que casi nunca se otorgaron los aumentos establecidos en la fórmula del contrato de concesión”, dijo Guillén. Y agregó: “A veces el político busca cuidar más el bolsillo del ciudadano que las cuentas de las empresas prestatarias. Más de una vez reclamamos, pero tal vez se hubiera necesitado más vehemencia para hacer cumplir las cláusulas”, añadió Martínez, aunque ambos coincidieron en que “las soluciones pasan por el diálogo y el trabajo en conjunto y no por la confrontación”.

Un “rojo” que se estira

Más adelante, consultados por el monto global de la morosidad, los directivos cooperativistas lo estimaron en “más de 500 millones pesos” y especificaron que de los 90 millones de pesos que se facturan mensualmente por los distintos servicios, la cobranza fluctúa entre 60 y 70 millones, es decir que mes a mes se genera un “rojo” que justifica largamente la inquietud de Guillén y Martínez. Más allá de que, en paralelo, la COS percibe algunos pagos a través de la gestión de cobranza que evitan un desmadre aún mayor del desequilibrio.

Por su parte, la gerente Vilma Olivieri señaló que “dentro del paquete de medidas que presentamos al poder concedente, uno de los objetivos es recuperar esos dineros adeudados por los socios, y que no solamente sea la tarifa la variable para equilibrar la situación, porque eso no sería justo”.

Luego, Martínez cargó contra las erróneas comparaciones que suelen ensayarse, y observó la enorme diferencia económica entre captar el agua del río Paraná, como en la amplia zona de la ciudad de Rosario, y las perforaciones subterráneas que se llevan a cabo en Venado Tuerto, sumado a la implementación del sistema de ósmosis inversa para la potabilización. “Por eso, todos los venadenses en conjunto tenemos que trabajar en la modificación de la ley vigente, que data de los tiempos de la privatización de la Dipos y su conversión en Aguas Santafesinas Sociedad Anónima (ASSA). No es justo, desde ningún punto de vista, que aportemos con nuestros tributos a los subsidios que la Provincia otorga a los usuarios de ASSA, y en nuestra ciudad, Obras Sanitarias, como sucede también en otras 350 localidades santafesinas provistas por cooperativas, no reciban jamás un subsidio”, subrayó, enarbolando un viejo y justificado reclamo de la dirigencia local.