Piden declarar de interés público provincial la respuesta integral al VIH

La diputada provincial Silvia Ciancio, presentó en la Cámara baja un proyecto de ley para que se declare de interés público provincial la respuesta integral e intersectorial a la afección por el virus de inmunodeficiencia humana -VIH-, las hepatitis virales, otras infecciones de transmisión sexual -ITS- y la tuberculosis -TBC-. 

La legisladora recordó que en julio del 2022, el Congreso de la Nación Argentina sancionó la ley 27.675 que “llevó un tiempo de discusión no solo en el recinto del Congreso Nacional y sus comisiones, sino también al interior de los equipos de salud y ONG que se encargaron de la temática desde tiempos históricos”.

Esta ley propone un abordaje integral de salud colectiva e incluye otras infecciones que la anterior ley no contemplaba. Asimismo, permite visualizar un enfoque de la temática diferente a lo que se venía contemplando con la ley de los años 90.

“En este proyecto se privilegia el enfoque de derechos, tratando de derribar prejuicios y estereotipos que tienden a la discriminación de las personas, usuarios del sistema sanitario”, indicó Ciancio.

La presidenta de la Comisión de Salud, destacó que se “corre de un enfoque exclusivamente biomédico para acercarse a otras consideraciones para hacer de la salud un derecho integral”. Asimismo, “propone un análisis de los determinantes sociales y culturales de la salud y promueve la eliminación del estigma social y la criminalización de personas con VIH”.

Además, se comprenden los cuidados paliativos y la rehabilitación de estas patologías, incluyendo las asociadas, derivadas y concomitantes, así como los efectos adversos derivados y sus tratamientos. 
 

A tal efecto, la autoridad de aplicación promueve que las autoridades de salud de cada jurisdicción, en coordinación con las áreas de educación, desarrollo social, trabajo, juntamente con las obras sociales y los prestadores de salud, articulen con las instancias correspondientes la implementación de programas que garanticen la atención interdisciplinaria e intersectorial.

Alcances

Entre otras cuestiones, el proyecto plantea la creación de un Observatorio Nacional sobre Estigma y Discriminación por VIH, Hepatitis Virales, otras ITS y Tuberculosis con el fin de visibilizar, documentar, disuadir y erradicar las vulneraciones a los derechos humanos de las personas afectadas.

Funcionará en la órbita del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo con participación interministerial e intersectorial. El objetivo, camino a la cero discriminación y estigma, es terminar con la exclusión en el ámbito laboral o educativo, en los sistemas de salud, de seguridad social y de la atención integral en cualquier ámbito.

“La infección por VIH, hepatitis B o C, TBC o cualquier ITS, no puede ser un pretexto para impedir el acceso y ejercicio plenos de los derechos. Los tiempos van cambiando y los paradigmas de atención, prevención y cuidados también. Los marcos normativos deben acompañar los procesos de cambios que se dan al interior de la cultura y en sus múltiples determinaciones para dar respuestas adecuadas y adaptadas a los sujetos sociales que componen el entramado social”, amplió Silvia Ciancio.

La diputada recordó que en la década de los 90, la situación epidemiológica sobre el VIH era una cuestión muy diferente a lo que podemos mencionar hoy. “Y el camino transcurrido desde ese momento a nuestros días nos brinda ciertas pautas de aprendizaje que vale la pena dejar plasmado en las normativas que guiarán de algún modo nuestras prácticas cotidianas”.

“La ley es de orden público, por lo tanto aplicable en nuestra provincia. En virtud de ello se elaboró este proyecto de ley, para reafirmar el compromiso de la provincia con el cuidado de la salud y la eliminación de todo estigma o discriminación”, amplió Silvia Ciancio. 

Comisión provincial

El proyecto plantea la creación de la Comisión Provincial de VIH, Hepatitis Virales, otras ITS y TBC en el ámbito de la autoridad de aplicación. Estará integrada de forma interministerial e intersectorial por representantes de sociedades científicas; organizaciones de la sociedad civil; personal y profesionales de la salud expertos en la temática; representantes de los ministerios de Salud; Educación; Gobierno, Justicia y Derechos Humanos; Igualdad, Género y Diversidad; Ministerio de Trabajo; comisiones de Salud Pública y Asistencia Social de la Cámara de Diputados; Salud Pública y Conservación del Medio Ambiente de la Cámara de Senadores; IAPOS; Secretaría de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia; Dirección Provincial de Inclusión Para Personas Con Discapacidad; Agencia de Prevención de Consumo de Drogas y Tratamiento Integral de las Adicciones (APRECOD); y toda entidad que se considere oportuno convocar, según lo determine la reglamentación.

Para su constitución se tiene que garantizar la paridad de género.

Entre las funciones de la comisión, se destaca diseñar, monitorear y evaluar políticas públicas; establecer las directrices de prevención, diagnóstico, tratamiento y asistencia en la materia; construir los lineamientos para la capacitación y formación de los equipos de trabajo para la atención; participar en la elaboración de las campañas y programas de sensibilización, difusión y concientización; realizar recomendaciones a la autoridad de aplicación respecto de los lineamientos; diseñar instrumentos de evaluación de calidad en torno a las prácticas cotidianas de los equipos de salud, desarrollo social y todos aquellos involucrados directa o indirectamente en la temática.

También de destaca la elaboración de planes tendientes a la  prevención, detección, investigación, diagnóstico, tratamiento y asistencia integral, respetando su autonomía, intimidad, interculturalidad, confidencialidad y no discriminación; garantizar la gestión del conocimiento mediante la difusión sobre sus vías de transmisión y medios de prevención; elaborar planes de enseñanza que incorporen a la educación primaria y secundaria de toda la provincia, información pertinente y de calidad; capacitar en forma permanente y obligatoria a todo el personal de la administración pública provincial sobre la prevención, detección y tratamiento; gestionar ante el Ministerio de Salud de la Nación la provisión de medicamentos y suministros de laboratorio, así como de su distribución en todos los efectores de la provincia.

Abarca gestionar la distribución de medios de prevención combinada, a través de los efectores públicos de atención primaria, hospitales públicos y privados, así como también a través de las consejerías y organizaciones no gubernamentales; realizar coordinadamente con las instituciones antes mencionadas, un seguimiento de la adherencia al tratamiento de las personas; fijar políticas de no discriminación en el ámbito laboral, así como su régimen sancionatorio a quienes incurran en falta e instar al Poder Ejecutivo a que desaliente a los laboratorios realización de convenios con las empresas que piden los análisis preocupacionales; fijar políticas públicas que garanticen la calidad de vida, entre las que se comprenderán el derecho a una vivienda digna; a una buena alimentación, el acceso al agua potable, entre otras. 
 

Finalmente, plantea garantizar los gastos póstumos de las personas cuya causa de muerte tenga relación directa con el VIH, Hepatitis Virales, otras ITS y TBC; gestionar la franquicia de transporte gratuito dentro de todo el territorio provincial para personas con las enfermedades nombradas; realizar el monitoreo epidemiológico; garantizar el acceso a la información en tiempo real de un registro público de los indicadores epidemiológicos y de gestión; y realizar un informe anual de seguimiento epidemiológico.