El requerimiento fue efectuado por el fiscal Raúl Villalba, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 9 de Moreno-General Rodríguez, ante el juez de Garantías 2 del mismo departamento judicial, Gabriel Castro, el mismo magistrado que le otorgó la semana pasada la excarcelación extraordinaria al L-Gante.
Piden la prisión preventiva para L-Gante por amenazas y privación ilegal de la libertad
El fiscal solicitó la prisión preventiva con similares argumentos con los que apeló la excarcelación extraordinaria, entre ellos, la existencia del riesgo procesal de entorpecimiento de la investigación si L-Gante recupera la libertad.
“No debe asimismo dejar de tenerse en cuenta, que el imputado ha entrado y se mantiene en conflicto con la ley penal en diversas ocasiones, afrontando numerosas acusaciones con el trámite de diversas causas, estando-incluso algunas de las mismas ya elevadas a juicio oral, debiendo ser expuesto además, que algunas de ellas se vinculan a hechos relacionados con amenazas y la utilización de armas”.
A su vez, el fiscal también apeló la decisión del juez Castro de no hacer lugar al pedido de detención a un segundo sospechoso que sería cómplice en los hechos investigados.
Por otro lado, el miércoles pasado, una de las presuntas víctimas, Darío Gastón Torres, y sus abogados denunciaron un aparente acto intimidatorio, ya que alrededor de las 21.30hs prendieron fuego al auto que su esposa tiene asignado en su trabajo como fotógrafa en la Secretaría de Prensa del Municipio de General Rodríguez.
El incidente fue en el Barrio Bicentenario de General Rodríguez, frente a la casa de Torres y su pareja, donde tuvieron que intervenir los bomberos para sofocar las llamas.
En el caso interviene la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 9 de General Rodríguez, la misma fiscalía que tiene la causa por las amenazas y privación ilegal de la libertad de L-Gante.
Por su parte, el juez Castro impuso al músico una serie de condiciones para ser excarcelado –además de una caución de 20 millones de pesos-, como la prohibición de salir del país, la obligatoriedad de comparecer una vez al mes en la sede de su juzgado, una prohibición de acercamiento de hasta 500 metros a sus presuntas víctimas, Torres y Rosa Catalina Passi, así como la imposibilidad de comunicarse con ellos bajo ningún medio.
La denuncia que derivó en el arresto del cantante fue realizada el 27 de mayo último por Torres, vecino de la familia de Valenzuela, que reside en el barrio Bicentenario de General Rodríguez, en el oeste del conurbano.