Polémica ley para condicionar la pauta oficial a “equidad de género” y “lenguaje inclusivo”
(Por Magalí Suárez) – Este jueves la Cámara de Diputados de la Nación le dará tratamiento y todo indica que se aprobaría una polémica ley referida a la “equidad de género” en los medios de comunicación privados que otorgaría “privilegios” a quienes acrediten fehacientemente el cupo requerido por este proyecto.
Esta controversial iniciativa, fue elaborada por las diputadas kirchneristas Gisela Marzziota y Mónica Macha y cuenta con el apoyo de diferentes organizaciones de tinte feministas.
Polémico
En el octavo artículo del proyecto, se especifica: “Los servicios de comunicación operados por prestadores de gestión privada los que se otorgue el certificado de equidad en la representación de los géneros tienen preferencia la asignación de publicidad oficial efectuada por el Sector Público Nacional, integrado por los organismos comprendidos en el artículo 8º de la ley 24.156, el Banco de la Nación Argentina y sus empresas vinculadas, sin perjuicio de los criterios objetivos y requisitos establecidos por la normativa vigente en la materia”.
Cabe señalar que el proyecto original, que obtuvo media sanción en Senado y cuya autora fue Norma Durango, solo abarcaba a los medios estatales, pero ahora el texto que tendrán en sus manos los diputados incluye a “todos los servicios de comunicación operados por prestadores de gestión estatal y prestadores de gestión privada con o sin fines de lucro”.
Ese texto generó rechazos de entidades periodísticas como Adepa, la Asociación de Teleradiodifusoras Argentinas (ATA) y Asociación de Radios Privadas Argentinas (ARPA), quienes a través de un documento expresaron su postura de discordancia. “Entendemos que el artículo en cuestión resulta contradictorio con los principios del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en particular con lo establecido en 2012 por el Documento “Principios sobre regulación de la publicidad oficial y libertad de expresión”, elaborado por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Organización de los Estados Americanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En dicho texto se señala claramente que los criterios de adjudicación no pueden estar sujetos a ponderaciones extrañas a la propia dinámica del mensaje a comunicar y de la audiencia a la que se debe llegar”, explican.
Y agregan: “Creemos, en consecuencia, que tal criterio podría desvirtuar el sentido de difusión eficiente de los actos de gobierno que debe tener la pauta publicitaria oficial; y que abriría la puerta a que en el futuro se pretenda asociar la distribución de la misma a criterios subjetivos que puedan implicar una intromisión sobre los medios o sus contenidos”.
Requisitos
El citado proyecto kirchnerista establece una especie de “certificado” que será emitido por una autoridad de aplicación que dispondrá el Poder Ejecutivo, que podría ser el Ministerio de la Mujer. Para conseguir este “permiso”, se establecen “procesos de selección de personal basados en el respeto del principio de equidad en la representación de los géneros”; también, que los medios adopten “políticas de inclusión laboral con perspectiva de género y de diversidad sexual”; y que implementen “capacitaciones permanentes en temáticas de género y de comunicación igualitaria y no discriminatoria”.
“Lenguaje inclusivo”
De aprobarse este proyecto, se impondrá como condicionante para la obtención del certificado “la promoción del uso de lenguaje inclusivo en cuanto al género en la producción y difusión de contenidos de comunicación”. Según dejaron trascender algunos diputados de la oposición, este punto sería rechazado con el argumento de que “no puede constituir un requisito obligatorio para acceder al régimen de incentivos (…), ya que los cambios en la lingüística y en la morfología de la lengua requieren un tiempo para asentarse”.
