Portación de armas: desde 2015 los fiscales no negocian una probation

Luis Rodrigo
El Litoral
Con un clima que parece favorable en general a la iniciativa del Poder Ejecutivo Provincial, al cierre de esta edición se aguardaba en la Legislatura santafesina el mensaje para la reforma del Código Procesal Penal anunciado por el gobernador Omar Perotti. Se trata de una norma que obligue a dictar la prisión preventiva para aquellos ciudadanos que sean sorprendidos con armas en cualquier lugar público y no tengan el debido permiso para portarlas.
Como se sabe, el titular de la Casa Gris hizo ese anuncio en coincidencia con el fin de semana de las elecciones nacionales de legisladores (en las que fue candidato) y pasada esa instancia vuelve la actividad a las Cámaras, donde diputados y senadores que habitualmente fijan posiciones sobre el problema de la inseguridad comienzan a mostrar sus primeras opiniones y aunque todavía no tienen el texto del proyecto de ley a debatir ya se habla sobre la idea expresada por el jefe del Estado provincial.
El Litoral consultó al Ministerio Público de la Acusación sobre las instrucciones internas que la conducción del MPA ha elaborado para los fiscales ante el delito de portación de armas, y un vocero recordó que ya existe una resolución (que pronto cumplirá seis años) que básicamente asegura que quien sea sorprendido en esa situación (haya o no delinquido) deba afrontar un juicio, sin chances de negociación con por ejemplo una probation.
Se trata de una orden impartida por el anterior fiscal general, Julio de Olazábal, que obviamente ha continuado en aplicación y data del 22 de diciembre de 2014. En ella se instruye “a todos los órganos fiscales que en los casos que importen alguna forma de tenencia o portación de uso de armas de fuego, adopten como criterio de actuación, la oposición al otorgamiento de la suspensión del juicio a prueba, salvo que el Fiscal o Fiscal Adjunto interviniente fundamente de manera expresa la excepción”, dice la resolución número 16 de aquel año.
En los considerandos se recuerda otra decisión aún más trascendente, del mismo año: la Instrucción General Nro.8, donde “se dispuso la conveniencia y la necesidad de arbitrar las medidas pertinentes para profundizar en el ámbito del Ministerio Público de la Acusación, la persecución penal estratégica de todos aquellos hechos y circunstancias que pudieran resultar de interés en orden determinar las modalidades de utilización, origen, procedencia y mecanismo de circulación de armas legales e ilegales secuestradas en el marco de investigaciones penales”.
Entre otros elementos, hace casi siete años ya se decía que “en los últimos años, se constata una proliferación y presencia significativa de armas de fuego en la comisión de delitos, lo que ha impactado en un aumento sensible del uso de la violencia que afectan a los bienes jurídicos más importantes”, es decir, la vida. La instrucción parte de considerar que una probation no es admisible en un juicio por portación ilegal de armas “teniendo en cuenta lo establecido en los artículos 1, 4, 11 inc. 2, 16 inc. 1, 32 y 33 de la Ley 13.013”. Pero ahora, de lo que se trata es de que quien ande armado y no pueda justificarlo legalmente enfrente la chance de la prisión preventiva.

Opiniones en la oposición

Esta mañana, el diputado provincial y ex ministro de Seguridad del gobierno anterior, Maximiliano Pullaro (UCR-Juntos por el Cambio) expresó que ya hay algunas medidas respecto del tema tomadas en el ámbito del Ministerio Público de la Acusación, que le restaría nuevos efectos prácticos (aunque no legales y judiciales) a la propuesta del Ejecutivo.
El ex precandidato a senador nacional en las Paso de esa forma relativizó otra expresión pública anterior, que parecía darle un franco apoyo a la iniciativa. En su cuenta de twitter, el funcionario del gobierno de Miguel Lifschitz (1955-2021) escribió: “La persona que porta armas de manera ilegal debería quedar detenida. Vamos a estudiar la iniciativa”.
En tanto, Lisandro Enrico (UCR-General López) otro radical que también ha sido protagonista de debates sobre la inseguridad y que años atrás planteó una fuerte reforma procesal penal para endurecer las condiciones para la excarcelación y facilitar la prisión preventiva se mostró a favor de la idea, aunque con las reservas propias del caso porque aún no ha podido ver la letra del texto que todavía no había pasado por mesa de entradas en el palacio legislativo.
“Es un mensaje todavía no hemos visto, pero conceptualmente estoy de acuerdo”, apuntaló el legislador que años atrás fue duramente criticado por algunos sectores del actual oficialismo en Diputados más afinas al llamado garantismo en la Justicia, por proponer “mano dura”, según uno de los extremos de aquel debate.
Ante otra consulta, Enrico recordó que las normas que propuso tenían “un sentido parecido” aunque con “un enfoque distinto”. Subrayó que tanto aquel debate como el que ahora parece que se instalará con el cierre del año legislativo “refieren a la prisión preventiva” y los supuestos en los que debe ser dictada.