Preocupación empresarial por inteligencia ilegal en Santa Fe

El Litoral
Doce entidades de la producción santafesina expresaron su preocupación y exigieron el pronto esclarecimiento ante las denuncias que han tomado estado público sobre posibles investigaciones y/o recopilaciones de información efectuadas de manera ilícita desde el Ministerio de Seguridad de la provincia durante la gestión de Marcelo Sain.
El pronunciamiento fue emitido por el Consejo de Entidades Empresarias y de la Producción de la provincia que integran Fisfe, Fececo, Bolsa de Comercio de Santa Fe, Bolsa de Comercio de Rosario, Carsfe, Federación Agraria Argentina, Federación Gremial, Adeessa, Coninagro, Corenosa y las delegaciones Santa Fe y Rosario de la Cámara Argentina de la Construcción.
“Ante denuncias que han tomado estado público sobre posibles investigaciones y/o recopilaciones de información efectuadas de manera ilícita en el ámbito de la provincia de Santa Fe, sobre empresarios, profesionales, organizaciones y entidades productivas, comerciales y de servicios, las instituciones que integran el Consejo de Entidades Empresarias y de la Producción de Santa Fe expresan su preocupación e instan a las autoridades competentes a que agoten los medios para investigar los hechos denunciados”, señala la declaración.
Agrega que “la confirmación de estos eventos implicaría un hecho de singular gravedad institucional, que perturba la seguridad de las personas humanas y jurídicas, como así también a los valores y principios básicos de la vida en democracia”.
En la última semana trascendió un listado de 661 personas, sobre las que los fiscales Mariela Jiménez y Ezequiel Hernández pidieron información al Fiscal Regional Carlos Arietti, para comprobar si habían sido objeto de investigaciones durante la gestión de Marcelo Sain al frente del Ministerio de Seguridad. Los nombres, apellidos y números de identificación de las 661 personas constan en un oficio, fechado el pasado 15 de diciembre y se incluyen allí figuras de la política, referentes del sistema judicial, abogados, policías, empresarios y algunos periodistas. También hay CUITs de industrias, medios, cooperativas, clubes, municipalidades, sindicatos, concesionarias y constructoras.
En la semana, el diputado radical Maximiliano Pullaro con el patrocinio de Pablo Cococcioni hizo una presentación espontánea ante el Ministerio Público de la Acusación en Santa Fe ante la aparición del ex ministro de Seguridad en la lista de los seguidos por la gestión de Sain. En el escrito solicitó saber si efectivamente aparece como una de las personas sobre las cuales la gestión institucional del Ministerio de Seguridad habría ordenado tareas de investigación, inteligencia o perfilamiento por fuera de los carriles formales impuestos por la normativa procesal.
En tanto, el actual concejal capitalino, Francisco Paco Garibaldi, quien aparece también en la lista sostuvo que “el gobierno que prometió traernos la paz y el orden puso a Marcelo Sain para encargarse de la seguridad de la provincia, y no solo dejó mucho que desear en cuanto a su tarea como ministro, sino que de lo que se ocupó es de investigar a los propios que no compartían su mirada, a los ajenos, empresarios y demás, mientras en Santa Fe vivíamos un aumento de los índices del delito y de la inseguridad gravísimo. Es increíble pensar que en lugar de estar poniendo todas las fuerzas y recursos del Estado para combatir el delito y la criminalidad, esta persona dedica tiempo y dinero de todos los santafesinos para espiar”.
En relación a la continuidad de la causa, Garibaldi consideró que en este momento “lo fundamental es que avance la investigación de la justicia, y por supuesto nos ponemos a disposición para todo lo que la justicia nos requiera”.