Justicia rigurosa
Prisión preventiva para un hombre vinculado a la "Operación Chatarra"
Sospechado de comercialización ilegal de metales y encubrimiento agravado en Venado Tuerto, el sujeto quedó tras las rejas por decisión del juez Mauricio Clavero, y a solicitud del fiscal Horacio Puyrredón.
El juez Mauricio Clavero, a raíz del pedido formulado por el fiscal Horacio Puyrredón en una audiencia realizada este viernes a la tarde, ordenó la prisión preventiva de un hombre investigado por delitos vinculados a la comercialización ilegal de metales y encubrimiento agravado en Venado Tuerto.
El imputado, cuyas iniciales son JB, fue detenido en el marco de una serie de allanamientos llevada a cabo en localidades del departamento General López y es propietario de una chatarrería que no contaba con autorización para funcionar. “La venta ilegal de cobre es el último eslabón de la cadena y favorece el crecimiento del robo de cables”, sostuvo el fiscal del MPA.
“Si bien la defensa pidió la libertad del imputado y la imposición de normas de conducta, el juez las rechazó e hizo lugar a nuestro pedido de prisión preventiva”, valoró el fiscal. Y agregó: “desde la Fiscalía sostuvimos que, en función de las evidencias que aportamos, la materialidad y la autoría del hecho por parte del hombre investigado están lo suficientemente claras para esta instancia procesal”.
En tal sentido, refirió “no solo al secuestro de cables robados y de gran cantidad de dinero que se hizo en los allanamientos, sino también a una camioneta que es del imputado, la cual era manejada por un empleado de él para transportar el cobre”.
Último eslabón
En la audiencia, Puyrredón hizo hincapié en “el perjuicio a la comunidad que genera el robo de cables” y detalló que “entre enero y febrero, la Cooperativa Eléctrica de Venado Tuerto gastó alrededor de 91 millones de pesos en la restitución de los materiales sustraídos”.
Además, argumentó que “la comercialización ilegal es el último eslabón de la cadena y favorece el crecimiento del robo de cables que, por lo demás, habitualmente es cometido por personas de escasos recursos que exponen sus vidas a raíz de los riesgos que genera la manipulación de estos materiales”.
En cuanto a los riesgos procesales, el fiscal recordó que “el imputado ya fue investigado por hechos ilícitos similares” y subrayó que “tiene capacidad económica para fugarse”. Por último, concluyó que “ahora no tiene arraigo laboral a raíz de que fue clausurada la chatarrería ilegal de la cual es propietario”.
