El pronunciamiento sectorial se produce en medio de las medidas gremiales que detuvieron en las últimas semanas la producción de neumáticos o afectaron las operatorias de empresas de logística o lácteas, incluyendo actos de violencia contra personal que quiso prestar servicios.
Pymes metalúrgicas exigen que se terminen los bloqueos
“El conflicto que afecta a la industria del neumático impide ejercer derechos constitucionales básicos como los de trabajar, comerciar y circular libremente, así como el derecho de propiedad.
“Los bloqueos; las tomas de establecimientos y oficinas; el impedimento a los trabajadores que quieren desarrollar su tarea y las presiones vulneran derechos, por ello el mensaje debe ser claro y contundente, representan violencia y no pueden admitirse en una sociedad libre”, señala la Cámara de las Pymes.
“Asimismo, estas acciones generan cuantiosas pérdidas, no sólo a las empresas del sector afectado, sino también a las compañías asociadas a su cadena de valor y a cada uno de los usuarios finales”.
Mientras el gobierno nacional formuló un llamado a la “sensatez de todos los sectores”, Camima advirtió que “el único camino para resolver los conflictos y construir la Argentina que todos queremos es respetar la República, la Constitución y las Leyes, con el diálogo como bandera y rechazando el empleo de la fuerza en cualquier huelga o manifestación.
“Por ello, pedimos el cese de los bloqueos y cualquier acción intimidatoria y violenta. Ante la actual situación social y económica no podemos permitir la pérdida de puestos de trabajo, el corte de las cadenas de suministro o el desabastecimiento de los mercados”.
“Hacer cumplir las leyes”
Las Pymes metalúrgicas advierten que “la alta situación de incertidumbre que atraviesa hoy la Argentina no tiene margen para cambiar el eje de los temas centrales. El Gobierno debe hacer cumplir a rajatabla las leyes emanadas de la Constitución nacional y dejar de avanzar con proyectos innecesarios, como la reforma de la Corte Suprema de Justicia que no solucionarán los problemas cotidianos que vivimos, como bloqueos; violencia laboral; falta de insumos y de materias primas importados; inseguridad; falta de una moneda de referencia, y usurpaciones, entre tantos otros.
“La Argentina -dice- necesita reformas estructurales que otorguen confianza y previsibilidad. Resulta imperiosa la búsqueda de un desarrollo sostenido, con generación de empleo genuino e inversión y, para ello, resulta indispensable un marco institucional que brinde seguridad jurídica”.
La entidad gremial empresaria, que tiene más de 70 años de trayectoria y preside José Ammaturo, plantea por último exponen que “como empresarios pymes metalúrgicos comprometidos con la Argentina, desde Camima exigimos que se avance en la solución de los problemas que nos impiden trabajar y producir para el país”.
¿Delito penal?
La diputada nacional cordobesa Laura Rodríguez Machado -junto a 14 legisladores de Juntos por el Cambio- presentó un proyecto de ley para que “los bloqueos a empresas sean considerados delitos penales”. Plantea la legisladora del PRO que se sancionen con “reclusión o prisión de 3 a 8 años” a quienes “bajo el pretexto de razones gremiales, impidan o estorben el normal funcionamiento de un establecimiento comercial o industrial”.
La bancada oficialista que preside el santafesino Germán Martínez, por su parte, expresó su “profundo rechazo” a declaraciones de Espert y señaló la posibilidad de plantear la “remoción por inhabilidad moral” del legislador liberal. Espert pidió “cárcel o bala” para gremialistas del Sutna que bloquearon las fábricas de neumáticos, y desde su cuenta de Twitter propuso: “Sindicato que cierra empresas, pierde la personería gremial”.
