Cristina Kirchner fue condenada 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el Tribunal Oral Federal 2, y el fallo desató una inmediata respuesta de la vicepresidenta, y el repudio de referentes de su sector político. Pero también abrió una serie de interrogantes sobre sus efectos en lo inmediato y en el mediano plazo.
Qué pasa después del fallo que condenó a Cristina Fernández
“El fallo no está firme. Hay que esperar los fundamentos, aunque esperábamos algo de estas características. La verdad es que un fallo tirado de los pelos. Independientemente de que el fallo no está firme, lo que se consumó es el intento de proscripción fáctica de la Vicepresidenta”, fue el resumen del titular de la Agencia Federal de Investigaciones, Agustín Rossi.
A su vez, el diputado nacional santafesino Marcos Cleri (Frente de Todos), aseguró que “Cristina es inocente, por eso repudiamos este nuevo episodio de una persecución que lleva años, pero nada podrá borrar ni la inocencia en esta causa ni el amor de nuestro pueblo por quien lo defiende y conduce hacia una patria justa, libre y soberana”.
En similar sentido se pronunciaron desde el presidente de la Nación a varios ministros, buena parte de los gobernadores peronistas y referentes sociales y de organismos de derechos humanos, que coincidieron en reivindicar a la líder partidaria y atacar a las instituciones judiciales.
Qué va a pasar
En concreto, Cristina Kirchner no irá a prisión por contar con fueros, y el fallo en primera instancia abrirá un largo período de apelaciones antes de quedar firme, por lo que le permitiría presentarse a cualquier cargo en las elecciones generales de 2023, si cambiara de idea con respecto a lo expresado en la misma jornada. No obstante, los fueros que volvería a obtener si fuese electa legisladora, podrían ser removidos luego por la Cámara que integre (si la condena queda firme), con el voto de dos tercios de los miembros. En tal caso podría ser privada de la libertad, pero como en febrero cumple 70 años, tendrá para ese supuesto el derecho de la prisión domiciliaria.
Cristina Kirchner fue acusada, junto a otras 12 personas, por la adjudicación supuestamente irregular de contratos de obras públicas en la provincia de Santa Cruz (sur) durante sus dos mandatos como presidenta.
Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola habían pedido para ella 12 años de prisión al considerarla “jefa de una asociación ilícita” y por defraudación, además de solicitar la inhabilitación política para ejercer cargos públicos. Sin embargo, el Tribunal absolvió a la vicepresidenta por el delito de asociación ilícita, con lo cual la condena fue por la pena máxima que permite la acusación que permaneció en pie, que es por administración fraudulenta.
Pero así como la defensa de la vicepresidenta apelará el fallo, primero ante la Cámara de Casación Penal y luego eventualmente ante la Corte Suprema de Justicia, también lo harán los fiscales, insistiendo con la figura de asociación ilícita.
En todos los casos, los recursos serán revisados por la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por Mariano Borinsky, Javier Carbajo y Gustavo Hornos, magistrados que también fueron atacados en el discurso de la vicepresidenta, para quien los jueces que puedan considerarla culpable de algo son un “pelotón de fusilamiento”. Este trámite, en tanto, no demorará menos de un par de años. Y los plazos comenzarán a contarse desde marzo, cuando el Tribunal de primera instancia dé a conocer los fundamentos del fallo.
Indulto y otras causas
En el interín, tampoco podría darse un indulto por parte del presidente Alberto Fernández, que en su momento lo rechazó por considerarlo una “rémora monárquica”, pero siempre hay que contar con la posibilidad de que cambie de idea. Aún así, no puede indultarla hasta que la condena esté firme, y luego de eso tampoco, porque el artículo 36 de la Constitución Nacional prohíbe ese beneficio para los delitos de corrupción; al considerar un atentado contra el sistema democrático el perpetrado por quien “incurriere en grave delito doloso contra el Estado que conlleve enriquecimiento”.
Además, Cristina aún debe afrontar otros juicios orales en las que también puede ser condenada lo que complicaría su situación judicial aún más. Se trata de la causa de los Cuadernos de las Coimas, de la causa Hotesur y Los Sauces y el pacto con Irán, entre otras. Y quedó demostrado que el delito precedente del lavado de dinero de la Ruta del Dinero K fueron los fraudes en la obra pública, como lo dijo el Tribunal Oral Federal 4.
Condenas y figuras
Además de condenar a Cristina Kirchner a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por delitos de administración fraudulenta, el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) condenó a otros ocho implicados en la causa Vialidad.
Los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, sólo encontraron responsable a la vicepresidenta del delito de administración fraudulenta, con una inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos. Dejaron afuera de la sentencia la acusación por asociación ilícita.
El tribunal justificó las penas que van entre los tres y los seis años de prisión e inhabilitación especial perpetua para quienes fueron funcionarios púbicos.
El delito por el cual se juzgó a los exfuncionarios implicados es el de administración fraudulenta, agravada por haber sido cometida contra la administración pública. Dicha figura prevé una pena máxima de seis años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos.
La diferencia en la cantidad de años de prisión dictada para cada implicado se debe a la incidencia que cada conducta tuvo en la creación o el aumento del riesgo jurídicamente desaprobado.
En esa proporción también se calculará el decomiso de más de 84 mil millones de pesos, cifra que se actualizará al momento de hacerse efectivo, una vez que la condena adquiera firmeza.
