(Por Ivana Fux) – La renovación de las máximas autoridades del Ministerio Público de la Acusación y de la Defensa será uno de los hechos más relevantes en términos institucionales que deparará en la provincia de Santa Fe el 2023. Pero el concurso que permitirá alumbrar a los nuevos titulares de ambos organismos está inconcluso. La aspiración del Ministerio de Gobierno era poder completar antes de que finalizara 2022 el jurado que quedó menguado después de que nueve de sus integrantes -entre titulares y suplentes- dieran un paso al costado. Pero no se logró; el año cerró sin que se pudieran sortear los nuevos miembros del cuerpo evaluador.
Durante la semana pasada, sí se reunió en dos ocasiones el Consejo de la Magistratura ampliado. Aceptó formalmente las dimisiones y excusaciones que se habían producido durante el proceso, y convinieron una serie de criterios para poder cubrir las vacantes producidas. Según pudo saber El Litoral, se acordó proceder a sortear solamente los lugares necesarios para cubrir las vacantes que se generaran frente a las dimisiones y los respectivos corrimientos de los suplentes -no habrá una renovación total del jurado, tal como lo solicitaran en algún momento determinados sectores de la oposición-. También se convino que a la hora de completar el jurado se tenga en cuenta el criterio de paridad.
En función de ello, quedó establecido que se deberán sortear tres nuevos miembros titulares del jurado; uno corresponde al Ministerio Público de la Acusación y los dos restantes, al de la Defensa. En los tres casos deberán ser mujeres. Además de los tres titulares, se sortearán los integrantes necesarios para cubrir la faltante de suplentes.
En las reuniones de la semana pasada, se le solicitó a cada estamento un listado ad hoc con los nombres posibles que constituirían el universo sobre cuya base se realizaría el sorteo. Pero para ese paso formal -el sorteo- no hay fecha precisa todavía. Algunas fuentes consultadas por este diario sostuvieron que no debería pasar del mes de enero.
Es que los plazos apremian; en abril vencen los mandatos de las actuales autoridades y finalizar el concurso llevará tiempo. El tribunal, que todavía debe terminar de completarse, tiene que proceder luego a evaluar a cada uno de los participantes. Si ninguno desistiera, se debería escuchar a más de un centenar de inscriptos. Todos ellos se anotaron y presentaron ya sus planes de trabajo. La instancia siguiente es la entrevista con el cuerpo evaluador. En función de la cantidad de postulantes y del tiempo que demandarán las entrevistas es que se sostiene que el sorteo debería producirse en las próximas semanas para dejar constituido el nuevo jurado.
El proceso en cuestión se vio inmerso desde su origen en una serie de denuncias de la oposición que advirtieron acerca de dudas, supuestas irregularidades y falta de transparencia. Objetaron normas dictadas, incluso, de manera previa a la convocatoria pública; cuestionaron la manera en la que se sortearon los integrantes del jurado, y la discrecionalidad del presidente del Consejo de la Magistratura. Alertaron que el concurso estaba “viciado por sospechas y rumores”. Como resultante, por decreto, Omar Perotti dejó al frente del proceso a la ministra de Gobierno, Celia Arena; y al fiscal de Estado, Rubén Weder. Ambos conducen ahora el procedimiento que debería llegar a marzo con la definición de los ganadores, para proceder luego al envío de los pliegos respectivos a la Legislatura para el correspondiente tratamiento en la asamblea legislativa.
