Este mediodía
Reuniones en el Senado santafesino sobre la ley de juicio por jurados
El proyecto tiene media sanción de Diputados y será debatido en la Cámara Alta. Asisten Pablo Cococcioni y Santiago Mascheroni. Avanzan con consultas por otras reformas procesales.
El ministro de Seguridad y Justicia de la Provincia, Pablo Coccoccioni, y el secretario de Justicia, Santiago Mascheroni, asisten este jueves a la Cámara de Senadores, en el marco del tratamiento del juicio por jurados para causas criminales.
En ese marco, la edad de los integrantes de los tribunales y otras modificaciones de fondo, están en estudio del Senado, que tiene en su poder una media sanción de Diputados. El expediente recibió una pronta aprobación de la Cámara baja el pasado 8 de febrero y este jueves 22 del mismo mes un pedido de tratamiento preferencial para la próxima sesión de los representantes de los 19 departamentos.
En ese contexto es que se convocó a los funcionarios provinciales, y también se planteó dialogar con magistrados, miembros de asociaciones de fiscales y con el gremio de los judiciales, tanto por este proyecto de juicio por jurados como por otras reformas que ingresaron a la Legislatura para la ley orgánica de ese Poder y otros cambios al Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Santa Fe.
Precisamente, este miércoles se desarrolló una serie de reuniones al respecto en la Cámara de Senadores, en las que participaron el senador por el departamento San Justo y presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General, Rodrigo Borla, como así también los senadores Felipe Michlig, Alcides Calvo, Armando Traferri, Ciro Seisas, Leticia Di Gregorio, Germán Baumgartner, Julio "Paco" Garibaldi, Pablo Verdecchia, Eduardo Rosconi y Orfilio Marcón.
En primer término, los legisladores recibieron al presidente del Colegio de Magistrados y Funcionarios, Roberto Dellamónica, y a Carolina Hernández en representación del Colegio de Magistrados Zona Sur. Luego se realizó un encuentro con representantes del Sindicato de Trabajadores Judiciales. En este caso fueron convocados el secretario general, Juan Pablo Langella; el secretario ejecutivo, Jorge Perlo; y la prosecretaria general, María Elena Martínez. Finalmente, la tercera reunión tuvo como participantes a las juezas Georgina Depetris, presidenta del Colegio de Jueces en Pleno de la Segunda Circunscripción Judicial, y Silvia Castelli, coordinadora del Colegio de Jueces Penales de Primera Instancia de Rosario.
Jueces de Circuito
Por su parte, la vicegobernadora Gisela Scaglia recibió una nota elevada por jueces de Cámara de la Cámara de Apelación de Circuito de Santa Fe, en la cual reflejan algunas objeciones al proyecto que propone la reconversión de ese fuero y su pase al de Distrito.
Cuestionan que en el mensaje se hable de “ineficiencia del Fuero, según las estadísticas de la Corte”, y que no toma en cuenta la cantidad de vacantes no cubiertas en el Fuero de Circuito. Al punto que en la ciudad de Santa Fe los tres Juzgados existentes están a cargo de un solo Juez de primera instancia. Y que de los 13 circuitos que dependen de la Cámara de Santa Fe y un total de 16 jueces, existe una vacancia del 40%.
También advierten que, conforme lo ha determinado la Corte con vigencia desde 26/02/2024, el fuero de Circuito es competente, en Santa Fe hasta $ 504.000 y por daños y perjuicios $ 4.020.000. Por el contrario, Rosario lo es hasta $ 354.000 y $ 3.540.000. Y entienden que, con la actual situación económica, cualquier asunto supera la competencia de este fuero y es por esta razón que no entran más causas a Circuito y van a Distrito.
Los magistrados interpretan que, producto de la crisis económica, se acrecentarán los conflictos, en especial los relativos a materia locativa y de desalojos. Y que concentrar todos estos asuntos conjuntamente con la materia de Primera Instancia de Distrito implicará que una cuestión que debe ser de rápida solución quede demorada.
En virtud de eso entienden que la solución sería plantear a la Corte que actualice la unidad Jus o modificar la ley y atar el valor del Jus a una medida objetiva de valor (inicialmente era un salario mínimo, vital y móvil, pero se podría pensar en alguna que genere una actualización más constante, como la unidad Jus que se toma para honorarios en la ley de aranceles u otra).
