La relación de Milei con el Congreso y con la justicia
Roberto Saba: "En la Argentina, funciona la Constitución y todas sus instituciones"
Considera lógica la tensión entre poderes. Admite que el gobierno arrasa con el federalismo para lograr el objetivo central que es eliminar el déficit fiscal. Dudas sobre los consensos para la designación de dos ministros en la Corte Suprema de Justicia.
Roberto Saba vino a Santa Fe para dictar clases en el posgrado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNL y dictó una conferencia sobre "Un constitucionalismo para tiempos de emergencia" en el marco del Ciclo de Diálogos Públicos en torno al constitucionalismo argentino a treinta años de la reforma de la Carta Magna. Además conversó con Sur24.
- La Constitución reformada está cumpliendo treinta años y se encuentra ante un desafío enorme que es ser regla de juego en un país donde el presidente de la Nación es minoría en ambas cámaras del Congreso y no tiene gobernadores de su propio espacio político
- Esta Constitución y cualquier Constitución enfrenta un desafío fuerte cuando hay un gobierno con un apoyo popular mayor al normal y con cierta voluntad de esquivar los límites constitucionales. El problema -acá y en otros países- es un desafío para la democracia constitucional. No solo la Constitución sino que todas las instituciones que rodean a la democracia constitucional como el Poder Judicial, como el Congreso, en Argentina están funcionando. Incluso funcionan los partidos políticos, muy afectados, hay frustración y descreimiento, pero no desaparecieron. No tenemos el caso de El Salvador donde Bukele no tiene a nadie enfrente y puede sacar el 85% de los votos. Acá esto todavía no puede pasar porque hay un marco constitucional que está funcionando, no solo en su texto sino en esas instituciones. Es un desafío, nada asegura que sea siempre así. Las elecciones legislativas del año próximo van a ser un hito en ese proceso. Si el gobierno sacara, por ejemplo, un porcentaje muy alto para cubrir cargos legislativos, esto podría comenzar a cambiar. Hoy por hoy, las instituciones y la Constitución tienen la posibilidad de contener cualquier posible derrame o avance sobre esos límites.
- Más allá del diálogo entre poderes, hoy hay tensión entre poderes
- Hay tensión pero, por ejemplo, desde la justicia le están diciendo a un poder que quiere avanzar sobre el otro, momento. Cada semana, aparece una sentencia nueva sobre la constitucionalidad, por ejemplo, de algún aspecto de un decreto de Necesidad y Urgencia (DNU). Un Parlamento que todavía tiene mayorías para bloquear decisiones como pasó en el Senado con el DNU o para proponer este leyes que podrían avanzar en determinados temas. No está allanado el camino para quien quiera avanzar sobre esos límites, pero claro, eso genera tensiones. Tensiones entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo. Creo que habrá mayores tensiones con el Poder Judicial porque cuando empiecen a llegar a la Corte Suprema de Justicia temas sobre el DNU ya no serán temas de un tribunal inferior sino que habrá que ver y observar qué posición toma la Corte.
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- El gobierno lleva cuatro meses y no logró una sola ley del Congreso por falta de acuerdos
- Voy a decir algo obvio: nuestro sistema es un presidencialismo bastante fuerte pero no es omnímodo. Tener el Congreso en contra produce estas situaciones donde no podés tomar todas las decisiones que quieras. Las instituciones están funcionando, están obligado a la negociación, al consenso, ceder para poder acordar. Es cierto que el presidente tiene como política, y se ha construido una imagen, en no negociar. Días atrás el ministro de Economía (Luis Caputo) afirmó que negociar y acordar es parte de la vieja política que nos trajo hasta acá y que ellos vinieron a cambiar eso. Su forma de encarar los problemas es no negociar, pero en una democracia como la nuestra no se pueden tomar las decisiones sin negociar, salvo que lo hagas con DNU y está quedando en evidencia que es algo que tiene riesgos de ser rechazados por el Congreso.
- El otro tema que se ve desde el interior es que las provincias han sido ignoradas, se les han cortado recursos para funcionar y parte del ajuste pasa por los estados provinciales, a los que se les cortó obra pública, fondos para docentes, transportes, etc.
- Es claro que el gobierno tiene un objetivo principal que es donde está centrando todo su esfuerzo: la reducción del déficit y lo va a realizar como sea, si el federalismo es un obstáculo, pasará por arriba del federalismo. El objetivo es reducir el déficit y de ese objetivo depende su legitimidad, porque llegó al gobierno prometiendo que va a acabar con la inflación. No creo que el federalismo, sea preocupación del gobierno. El tema central es que cierren las cuentas. En un sistema constitucional como el nuestro, que está funcionando, va a traer conflictos entre las provincias y el gobierno federal y en última instancia se van a terminar dirimiendo en la Corte. La situación, por ahora, no llegó con fuerza al Poder Judicial pero va a tener gran protagonismo la Corte.
- Más allá de que el presidente de la Corte haya dicho que la política debe definir los temas
- (Horacio) Rosatti es consistente en ese punto. Lo ha dicho, incluso en fallos, que la Corte debe ser deferente al poder político, que el poder político tiene que llegar a acuerdos, pero a instancias en las que la Corte no va a poder no pronunciarse como, por ejemplo, la postura del gobierno nacional para con los fondos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hay un punto donde si se plantea una demanda y la demanda está fundada, tendrá que tomar una decisión. Entiendo que la Corte esté parándose en el medio de este escenario político y dice, primero la política, pero si se dan conflictos entre gobierno nacional y gobierno provincial, conflictos entre derechos individuales y políticas del gobierno no le va a quedar mucho espacio para no intervenir. Vamos camino a que la Corte tenga un rol importante
- Un gobierno que anunció la postulación de dos ministros para la Corte.
- De acuerdo al decreto 222 del 2003 que regula el proceso de nominación del Ejecutivo en algún momento debería oficializar esa nominación y abrir un proceso de consulta pública para que la sociedad civil se pronuncie sobre él o los candidatos. Yo diría el candidato porque cubriría la vacante que dejó (Elena) Highton de Nolasco al retirarse y el otro es cuando se retire (Juan Carlos) Maqueda en diciembre. Hay un proceso formal que parecería que se va a habilitar pronto. El mismo decreto que el presidente invoca para iniciar ese proceso -el 222- dice expresamente que el presidente buscará un equilibrio de género, un equilibrio de expertises profesionales y un equilibrio de procedencia federal y que no lo respetó. Esto es claro. El decreto 222 no dice que tiene que designar un cupo de mujeres en la Corte, pero dice que observará el equilibrio de género. Tenés tres jueces varones, dos vacantes, una a cubrir y otra a cubrir a futuro y propones dos varones parece ser un mensaje. Parece decir "no estoy interesado en cumplir con este requerimiento" y es consistente con otras decisiones que ha tomado el gobierno vinculados a las cuestiones de género. Es parte también de su propuesta política que es una reacción a todo lo que se ha avanzado en ese tema.
- La designación de un ministro requiere una mayoría especial del Senado, cuerpo que tiene representación de mujeres y de las provincias.
- Sí, habrá que ver que pasa. Desgraciadamente muchas veces en los acuerdos políticos y partidarios, han producido u obligado a que algunos votos de mujeres comprometidas con los temas de género terminaron desplazados por la disciplina partidaria en algún acuerdo. Habrá que ver si el Presidente está buscando algún tipo de acuerdo en el Senado para lograr los dos tercios y si eso implicará o no, que que por ejemplo mujeres que han militado en el tema de género, desconozcan el mandato partidario. Los dos tercios es algo muy difícil de alcanzar, llevamos unos 16 años sin nombrar Defensor del Pueblo porque ningún gobierno llegó a ese porcentaje para poder lograrlo, llevamos siete años sin Procurador General por el mismo motivo y dos sin nombrar juez en la Corte.
- Al exigirse estas mayorías especiales ¿El problema es la Constitución o es la política?
- No creo que el problema sea la Constitución, al contrario en la Constitución lo que está buscando es que para que se elija al órgano que va a cumplir el rol de controlar a las mayorías, necesitas una mayoría superior a la simple. Si tengo una mayoría del 52% de apoyo, 52% de votos en el Congreso y en la Constitución te dijera que para elegir al juez de la Corte que va a controlar, necesitas una mayoría simple sería casi renunciar a ese control. Lo que hace la Constitución es ponerte una mayoría más alta que la que se requiere para ganar una elección de modo que tengas que hacer el esfuerzo de consensuar, con más representantes de otros partidos, de la oposición incluso para nombrar a quien va a ser el referí del partido. El punto es no poder elegir el referí con los votos de un solo equipo.
- La Constitución busca que no haya hegemonías
- Toda Constitución trata de lograr equilibrios, no hegemonías porque si tuvieras una Constitución que le concediera todo el poder a la mayoría que gana una elección, esa Constitución perdería sentido. Las constituciones son un límite a las mayorías democráticas. Cuando decimos que no se puede censurar a la libertad de prensa, se está diciendo que las mayorías democráticas por más personas que las compongan, no pueden censurar. Es un control al poder de las mayorías. Para aplicar ese límite está el Poder Judicial , para elegir a ese Poder Judicial necesito una mayoría mayor que la requerida para ganar una elección. No es un problema institucional, el modelo está bien, está justificado, recién en los últimos años la política no fue capaz de llegar a esos consensos. Hasta hace quince años no había problemas para designar jueces en la Corte. Cuando llegó Alfonsín al gobierno estaba la Corte de la dictadura que -justificadamente- se aparta entera, se compone una Corte nueva y se logran los dos tercios en el Senado donde el peronismo era mayoría. Se conocen a qué respondían cada uno de los ministros. Cuando Kirchner tiene que nombrar cuatro ministros de la Corte se llega a los dos tercios gracias al proceso del decreto 222 que lo hace transparente. Kirchner debió proponer candidatos a la Corte que fueran suficientemente aceptables para llegar a los dos tercios. Primero Zaffaroni que tenía mucho prestigio, luego a Highton, Argibay, Lorenzetti. El gobierno hizo esfuerzos para conquistar los dos tercios. La cosa se empieza a romper con la polarización con el segundo gobierno de Cristina Kirchner y propuso dos candidatos que no lograron dos tercios. Macri también tiene dificultades y sabiendo que no tenía los dos tercios avanzó con una designación por decreto pero, fue tanta la resistencia, que el proceso se reencauzó buscando los dos tercios en el Senado y finalmente las designación de Rosatti y Rosenkratz fueron constitucionales cuando Macri consiguió los dos tercios. El fracaso de la política tiene un momento bastante identificable, estos últimos seis o siete años. Esta propuesta del presidente de los dos candidatos parece que no ayuda para lograr los dos tercios, quizás lo logre pero no parecen ser candidatos que logren consensos, dividen mucho.
- Uno de ellos procede de Comodoro Py, un palacio de la justicia federal porteña que tiene una fuerte connotación social.
- Muchos antecedentes hacen desconfiar de nominaciones a la Corte de magistrados que provengan de ese fuero judicial. Más allá de los candidatos, no parece haber una intención del gobierno de buscar candidatos de consenso. Es difícil lograr consenso cuando hay un solo lugar porque es difícil negociar. Con dos, hay opciones de buscar consensos, no parece ser el camino. Parece que la presidencia nomina dos candidatos sin interés por el consenso. Es muy difícil pronosticar, veo difícil que se llegue a los dos tercios en Senado.
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Perfil
Roberto Saba es abogado graduado en la Universidad de Buenos Aires (1990), Master en Derecho de Universidad de Yale (LLM 1995) y Doctor en Derecho en esta misma universidad (JSD 2011). Fue decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Palermo y, hoy dirige el Centro de Estudios de Posgrado de la Facultad. Fue co-fundador y director ejecutivo de la Asociación por los Derechos Civiles de Argentina (2001-2009) y director ejecutivo de la Fundación Poder Ciudadano, Capítulo Argentino de Transparency International (1995-1998). Además, es profesor de Derecho Constitucional y de Derechos Humanos de las Universidades de Buenos Aires y de Palermo desde el año 1997.
Diputados con rectores de universidades nacionales
Este miércoles, en el recinto de la Cámara de Diputados, la comisión de Educación y los presidentes de los bloques del cuerpo mantendrán una reunión con los rectores de las universidades nacionales con asiento en la provincia. Participarán los rectores de la UNL, Enrique Mammarella, y de la UNR, Franco Bartolacci; y los decanos de la UTN de Santa Fe, Eduardo Donnet, y de Rafaela, Oscar David. También estarán presentes el rector de la UN de Rafaela, Dr. Rubén Ascúa, y el director del Conicet Santa Fe, Carlos Piña.
El objetivo es que expongan la situación institucional y presupuestaria de las casas de estudios y luego realizar un intercambio con los legisladores provinciales.