Rosario: alquileres, el principal malestar en el primer semestre del año

Desde que entró en vigencia la nueva ley de alquileres a nivel nacional, en Rosario nunca se logró adaptar, tanto por malestar de los propietarios como por parte de los inquilinos. Es por eso que el Congreso tiene pendiente reformularla para poder encauzarla de un modo que encuentre un equilibrio.

La Oficina del Consumidor elaboró un informe en el que expone que 7 de cada diez consultas que les llegan por parte de las personas tiene que ver con incumplimientos a la nueva ley nacional de alquileres.

En ese orden, el coordinador del Consejo Asesor de la Vivienda de la oficina del Consumidor, Ariel D’Orazio, indicó a Mirador Provincial que entre los principales puntos de los reclamos se destacan, por ejemplo, cobro indebido de expensas no habituales, las cuales las inmobiliarias no las reconocen, “en un contexto de liquidación de expensas poco claras”.

En concreto, en base al relevamiento realizado en la primera mitad del año por parte de la oficina, se detectó que la mitad de las presentaciones fueron motivadas por problemas vinculados al alquiler, 45% por cuestionamientos a los administradores de consorcio y el 5% restante por denuncias formuladas por usuarios a empresas que comercializan planes de financiación anticipada para la adquisición de viviendas o construyen casas prefabricadas.

En el ranking de lo más consultado se destacan las expensas poco transparentes en las que se cobran asuntos que debería pagar el propietario y no el inquilino como las expensas extraordinarias que “no se repiten periódicamente”.

Para tener una dimensión de qué tipo de acciones son las que generan confusión, D’Orazio señaló: “Las impermeabilizaciones de los edificios, la compra de artefactos, cerraduras eléctricas, cámaras de seguridad, entre otras que deben afrontar los dueños y no los inquilinos”.

Otro punto que resaltó el funcionario es que los tres años de contrato impuestos por la nueva ley “no se cumplen”. “Se detecta entre los seis meses y un año los contratos, de modo de eludir los índices que regulan los alquileres, según establece la nueva legislación”; también, vemos problemas en aumentos desmedidos en renovaciones contractuales (que no regula la nueva ley)”.

“Otros casos que estuvimos observando es que se fija un valor mayor a la hora de firmar el contrato de locación y luego se bonifican los primeros seis meses, lo cual es ilegal y son muchas inmobiliarias que lo están haciendo”, añadió.

“En el informe expresamos que nos encontramos con falencias graves que tienen los administradores como balances y rendición de cuentas, falta de convocatorias de asambleas ordinarias y extraordinarias, lo que generó que, ahora, los y las inquilinas nos busquen para conocer si las administraciones de sus edificios están inscriptas o no, de modo de chequear si están operando dentro de la ley o de forma ilegal”, continuó D’Orazio.

En la línea telefónica gratuita de la Oficina (0800-666-8845) se recibieron, en el primer semestre del año, 145 llamados, un promedio de 15 por día, lo que está por encima del total de llamados recibidos en igual periodo de 2022.

En las redes sociales (@rosarioconsumidor y en su web [email protected]) se mantiene estable el caudal de consultas. Se recibe un promedio de 9 consultas por día, llegando a 1107 en este período.

Hay que contemplar que este malestar no es exclusivo de la ciudad de Rosario, sino que se vislumbra conflictos a nivel general en todo el país, desde que se instaló la nueva ley de alquileres.

De las denuncias recibidas de este tipo, el 67% tuvo una resolución favorable, un 10% negativa y un 23% se encuentra en trámite. Y también aumentó el porcentaje de extranjeros que se quejaron por el alquiler, llegando a un 5% de las denuncias radicadas, según informan desde la Oficina del Consumidor.

Es por eso que el Congreso de la Nación tiene prevista una sesión especial pautada para el próximo 23 de agosto, tras las elecciones primarias nacionales, que si reúne los 129 diputados para habilitar el quórum se abocaría a analizar un proyecto que reduce a dos años el plazo del contrato de alquiler y ajustes en periodos por debajo de lo interanual, entre otros ítems.