Sain pretende algo inédito: que su visita a la comisión de Acuerdos sea pública
Por Luis Rodrigo (El Litoral)
El director del Organismo de Investigaciones del Ministerio Público de la Acusación, Marcelo Sain, dijo que concurrirá a la Comisión de Acuerdos que lo ha citado para el próximo miércoles 27 de octubre. El ex ministro de Seguridad ha sido convocado en el marco de un proceso por realizar actividades políticas públicamente, pese a formar parte del Poder Judicial y confirmó que asistirá aunque tiene la chance de presentar un escrito.
El funcionario del MPA ha dicho que irá, pero puso como condición que la sesión de esa comisión que integran ocho diputados y cuatro senadores sea pública y con la presencia de la prensa. El Litoral consultó a miembros de Acuerdos, revisó antecedentes y recurrió a cronistas memoriosos: todos coincidieron en que “es de práctica” que Acuerdos sesione a puertas cerradas. No hay antecedentes de que haya deliberado, tomado alguna entrevista o recibido información directa de un funcionario de otro poder con la presencia de periodistas y mucho menos de cualquier otro ciudadano.
El detalle no es menor porque fue esa cuestión la que sirvió de excusa a Sain para no concurrir, en febrero de este año, a una invitación a una “reunión de trabajo” que le había formulado al entonces también ministro de Seguridad, la comisión de esa área de la Cámara de Diputados. Por entonces, sus exigencias no fueron satisfechas por la mayoría opositora y el presidente de la Comisión, el diputado radical Juan Cruz Cándido rechazó la posibilidad de abrir las puertas ante el tipo de información que iba a ventilarse. Finalmente, como se trataba de un requerimiento sin las formalidades previstas en la Constitución, el encuentro no se produjo.
Otro contexto
Ahora la situación es distinta: Acuerdos citó formalmente a Sain para que se defienda, lo que hasta ahora no ha hecho y ya se ha cerrado la primera etapa de recolección de pruebas por parte del miembro de la comisión bicameral que actúa como acusador, el senador radical Lisandro Enrico (General López), que es quien presentó la denuncia.
Enrico advirtió que ya restablecido a sus funciones como titular del OI del MPA, Sain siguió hablando públicamente como si fuera ministro, con una fuerte carga político partidaria en medios de comunicación y en sus redes sociales, donde -por ejemplo- en su perfil de twitter se presentaba al mismo tiempo como “peronista” y como titular del Organismo de Investigaciones. La filiación partidaria luego fue quitada, pero como otras pruebas colectadas por el legislador del sur, figura en el expediente por el que puede ser sancionado por el Poder Legislativo.
Cautelar
Al cierre de esta edición, no había aún ingresado un escrito del ex ministro en su calidad de integrante del MPA. En al menos dos publicaciones periodísticas se adelantó que esta semana (la anterior a la que ha sido convocado) habrá un escrito de Sain para la comisión que preside el diputado radical Fabián Bastia. Los trascendidos periodísticos sobre ese documento hablan de objeciones a la potestad de los legisladores de aplicar sanciones a integrantes de los institutos de la acusación y la defensa pública en el sistema penal santafesino, una cuestión que ya fue legitimada por la Corte Suprema santafesina. (Tanto la ley que les otorga a los diputados y los senadores la chance de suspender o separar de sus cargos a fiscales y defensores como los procedimientos establecidos por la norma son parte de la sentencia del máximo tribunal a la que se han opuesto asociaciones de fiscales).
El texto parece tener la intención de dejar en claro que no se convalida desde la posición de Sain esa facultad del Poder Legislativo y contiene según esas publicaciones un adelanto importante: el ex ministro piensa pedir una medida cautelar contra el proceso en marcha.
El caso contra Sain por la “violación del ’89”, así se nombra al tema en los pasillos de la Legislatura, no debe ser confundido con otro intento anterior de la oposición mayoritaria de aplicarle una dura sanción. El 1ro de julio, en la sesión conjunta de ambas cámaras, se impuso un cuarto intermedio al tratamiento de una suspensión con la reducción a la mitad de su salario. Por entonces, de la jueza laboral Paula Calace Vigo ordenó pasar al archivo ese proceso iniciado por el MPA ante Acuerdos. La mayoría optó entonces por no tomar una definición y llevar la cuestión ante la Corte santafesina, tarea para la que el diputado Bastia fue designado en aquella sesión.
