(Por Luis Rodrigo) – “Hemos ganado todos los recursos de habeas corpus que hemos presentado con reclamos a las autoridades del Servicio Penitenciario de la Provincia, ningún juez nos denegó ninguno porque lo que hemos señalado del estado crítico de las cárceles y porque lo que pedimos que se cambie es, desde el punto de vista humano, lo elemental para cualquier persona”, resumió cuando terminaba su exposición la defensora oficial de la provincia, Dra. Jaquelina Balangione, pasadas las 15 horas de este miércoles 3.
Santa Fe, capital provincial del hacinamiento de presos en comisarías
La titular del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal habló ante una docena de diputados encabezados por el presidente de la Cámara, Pablo Farías, que contó con integrantes de las bancadas más numerosas. Por el Senado solo estuvo Lisandro Enrico (UCR-General López).
Balangione mostró parte de su informe anual entregado el 1ro de mayo pasado, que completó una visita e inspección que “de sorpresa” apareció el día anterior a la reunión en la Cárcel de Las Flores. Todo el material fotográfico y documental que los defensores han llevado a la justicia para reclamar mejores condiciones frente al hacinamiento en las cárceles proviene de actuaciones similares, sin previo aviso.
Indicó que de los presos bajo la responsabilidad del Servicio Penitenciario santafesino la situación de superpoblación más grave está en Piñero, en el sur, y las comisarías de la ciudad de Santa Fe en cuanto a los detenidos que están bajo custodia policial por falta de espacio en las prisiones. En Rosario hay 800 presos “de más” respecto del espacio disponible, de entre un exceso estimado en casi 2.000 internos más de lo que el sistema puede soportar sin violentar derechos elementales.
La ciudad de Santa Fe tiene celdas y calabozos en sus comisarías para tener un tiempo breve presas a unas 122 personas, pero están de pobladas por 326. Es “un 200% más del límite”. Dijo que aquí “está el peor de los panoramas” y en ese tren explicó la reciente muerte de dos reclusos en medio de un incendio de colchones (“que no eran los ignífugos que se necesitan) cuyas causas se investigan.
En Melincué en lugar de 30 o 40 reclusos hay 104; en Reconquista en vez de los 36 que caben se alojan 64 (y 20 de ellos son presos federales); en Rafaela hay espacio para 45 y se cuentan 106 detenidos.
Dejó entrever que en términos generales no es un problema que se pueda solucionar si los presos federales dejan las cárceles de la provincia. Pidió a las autoridades provinciales tomar seriamente el tema y alertó que el número de detenidos ha crecido sin parar desde 2017. Cuando asumió su cargo eran 158 los privados de su libertad cada 100 mil habitantes, hoy son 232.
La cifra más actualizada indica que en 2021 había “7.188 internos en espacios penitenciarios y 1.082 en espacios policiales”. El 45% de ellos, sin condena firme, es decir, bajo la figura de la prisión preventiva. Lamentó la opinión de los jueces que “la conceden con tanta facilidad” y calificó de “exacerbado” el recurso del juicio abreviado en el sistema penal santafesino, en el que fiscales y detenidos acuerdan una condena y mientras ese trámite avanza la espera es en prisión.
“Alarmante”
En los últimos dos años hubo 66 muertos en hechos violentos en las cárceles de la provincia y en otros lugares de detención improvisados como si fueran prisiones, como las celdas de las comisarías. La defensora general, Jaquelina Balangione, calificó esa cantidad como “alarmante” y dijo que allí también se incluyen aquellos reos que fallecieron por enfermedades graves que no pudieron ser tratadas debidamente en prisión, además de los que fueron asesinados en peleas o en revueltas contra las autoridades penitenciarias.
El informe que recibieron los diputados y senadores muestra que 52 muertes “en contextos de encierros” ocurrieron en dependencias del Servicio Penitenciario y otras 14 en dependencias policiales.
Entre esas víctimas fatales el promedio es 37 años, pero el 50% de los fallecidos tenía menos de 32. En los extremos etarios, hubo un joven de 15 años muerto al colaborar con la fuga de presos desde afuera de Piñero (cortó con una pinza un alambrado y fue abatido cuando cometía ese delito) y otro preso, en circunstancias diferentes, perdió la vida con 74 años. (En marzo de 2020 ocurrieron los motines en las cárceles de Coronda y La Flores que trajeron como consecuencia 6 muertes).
Niños tan presos como sus madres
Tuvo varios aciertos la exposición de la realidad tras las rejas en la provincia de Santa Fe, de acuerdo con la crítica mirada del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal.
La intervención de Jaquelina Balangione contó con datos estadísticos en filminas, pero no atosigó a los legisladores con cifras. Prefirió una descripción cruda de cómo se degrada la condición humana en las cárceles y de todo lo lejos que está el Estado santafesino de poder hacer de las cárceles lo que ordena la Constitución Nacional para que los reos puedan volver con chances de reinserción a la sociedad, al recuperar la libertad.
También explicó que hoy cada lugar de detención es, con tan malas condiciones de encierro, un centro de entrenamiento para formar delincuentes peores que como ingresaron. Palabras más palabras menos, dijo que esa es la educación que reciben los presos, condenados o no, mientras un 70% de ellos no había logrado terminar la escuela secundaria al caer presos y padecer las consecuencias de sus conflictos con la ley.
Crudo pantallazo sobre una parte (y un punto de vista) de lo que sucede tras las rejas.
El otro punto a favor de la forma como explicó la situación carcelaria la alta funcionaria judicial, que concluirá su mandato fue la secuencia de las imágenes que ofreció en el recinto de la Cámara de Diputados del palacio legislativo santafesino.
Su visita había comenzado a las 11 de la mañana y eran 15 cuando comenzaba a redondearse el cierre. Lo primero que mostró fueron bandejas de comida para los presos. Seguramente pocos legisladores salieron con algo de apetito luego de ver fideos condimentados con jugos sanguinolentos y crudos de carne, osobucos rojos junto con verduras o, en el mejor de los casos, cantidades ínfimas para una ración básica. Sin pan.
Repasó detalles sobre el cableado eléctrico en viejas edificaciones donde conviven cables a la vista con pisos mojados en los baños, sanitarios sucios, colchones que no usaría un perro de buen pasar.
Pero la última imagen fue un nocaut y es la que acompaña estas líneas. Parece el ingreso a una casa, pero es un instituto penitenciario del sur de Santa Fe, donde se alojan mujeres. Balangione dijo que le consta que la nena que mira afuera no ha salido prácticamente a lo largo de su vida de la prisión. Explicó que nació con su madre ya detenida y que allí estará hasta cumplir los cuatro años, cuando seguramente quedará bajo la custodia judicial en algún hogar para niños.
Recordó que en la enorme mayoría de los casos los niños de mujeres que van a la cárcel quedan con algún familiar pero hay casos en los que eso no es así. Sobre todo entre las que fueron explotadas sexualmente como prostitutas y cometieron algún delito.
Advirtió que hoy hay doce niños de menos de cuatro años tan presos como sus madres, que también miran hacia afuera tras las rejas.
La imagen fue el centro de un interesante intercambio entre legisladores, en los que se esbozaron en unos casos discursos cruzados por el feminismo que pone el acento en la discriminación a la mujer en prisiones y otros que advirtieron que era “preferible” que una nena en lugar de vivir en la prisión con su madre vaya ya mismo a un hogar para su adopción. Nadie dudó que palabras como prisión, chupete, pañales y jardín de infantes no deberían estar en una misma oración pero la cuestión produjo tal golpe que a los legisladores opinantes les costó asimilarlo.
Balangione mostró que había reflexionado mucho sobre el tema y aseguró que en custodia del bien más importante a proteger -que es obviamente la vida de esos doce niños-, el único remedio a esa situación, ante madres-presas que lo estarán por años, es la prisión domiciliaria.
